La economía en femenino

Una jueza acaba de emitir un fallo histórico en un juzgado de lo Social de Madrid, al condenar a una constructora por discriminar salarialmente a una empleada frente a su compañero. Es la primera sentencia que se dicta tras la entrada en vigor, en abril de 2021, de la obligación de llevar un registro salarial en las empresas, con el que por fin se ofrecen instrumentos para probar que la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres es una realidad en la empresa española.

Son muchos los estudios que denuncian, desde hace años, los costes de la brecha salarial para la economía mundial, que pierde cada año 143 billones de euros por orillar a las mujeres, sin que haya avances que corrijan esa desviación. Solo en España, el índice ClosinGap, que elabora PwC, cifra en 213.000 millones de euros el coste que supone la desigualdad entre hombres y mujeres para la economía, lo que casi equivale a la partida de gasto social consignada en los Presupuestos para 2022, excluido el gasto en prestaciones por desempleo.

Tradicionalmente, la penalización salarial de las mujeres se atribuye a la maternidad, pero la realidad es que va mucho más allá: la crianza de los hijos, el reparto de responsabilidades familiares y en el hogar, el cuidado de los mayores y todas las dificultades de moverse en una estructura masculina del poder. Eso configura un tipo de sociedad donde todo ese trabajo no retribuido —capitalismo de los cuidados lo llaman algunos— no es contabilizado, medido ni tenido en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas, pero sin el cual el resto de la economía sería incapaz de funcionar. De hecho, la desigualdad en el reparto de los cuidados (reproducción y posterior cuidado de hogares con hijos), no ha de ser solo medido sino redistribuido. Su cuantificación es un primer paso, pero el objetivo final habría de ser una división de ese trabajo por igual para evitar reproducir patrones antiguos, aunque sean financiados por el Estado: criadoras de bebés y criadas de la casa.

De media y por razones diversas, las mujeres ganan menos que los hombres, lo que se traduce en menor capacidad tanto de ahorro como de inversión: ambos factores reducen el margen de autonomía de las mujeres. Hay determinadas decisiones, como el acceso a la vivienda o la apertura de un negocio, que resultan más difíciles para las mujeres, que tampoco pueden beneficiarse de otras actividades económicas, dado que su margen de maniobra financiero es menor. Esa estructura las condena a una menor independencia económica hoy y a pensiones más bajas en el futuro. Quizás la primera medida debería ser la correcta contabilidad de esa aportación no retribuida para poder ofrecer soluciones basadas en supuestos realistas y posibles alternativas. Los países no se pueden permitir semejante pérdida de recursos, talento y productividad.