La ciencia no tiene fronteras

Ha sucedido desde el principio de los tiempos: el avance del conocimiento científico y el progreso se han nutrido de la comunicación entre áreas, culturas, países y regiones, y entre instituciones públicas y privadas. Por el contrario, la imposición de barreras al conocimiento siempre ha tenido consecuencias negativas, como se ha visto en los más oscuros periodos de la historia. Viajes, misivas e intercambios llenan la historia de la ciencia, y ha sido únicamente en periodos de guerra cuando el secretismo y la nacionalización se han impuesto a la tónica de altruismo, colaboración y cooperación dominante en la práctica científica: la excepción que confirma toda regla.

Este clima de cooperación se traduce en necesarias estancias internacionales de varios años para complementar la formación investigadora o aprender nuevas técnicas. Lleva incluso a muchos científicos a desarrollar gran parte de su carrera profesional en otros países; fenómeno acentuado en los últimos años en España en la llamada fuga de cerebros. También prima la cooperación institucional, como prueban los programas europeos Horizon o Erasmus+ para intercambio de estudiantes y profesorado. Otro programa, diseñado para colaboraciones transatlánticas, lleva por nombre un paradigmático juego de palabras: Human Frontiers of Science Program. Y es que una de nuestras mayores bazas para romper las fronteras del conocimiento es trascender las fronteras nacionales. Como ya hemos alertado en esta tribuna, a raíz del entonces anunciado plan de retorno de investigadores, en ciencia hay una sola división, enormemente exigente e internacional.

Hace unas semanas, el Ministerio de Ciencia e Innovación hizo pública la esperada reforma de la ley de la ciencia en España (vigente desde el año 2011), señalando la atracción y retención de talento como uno de los principales objetivos. Sin embargo, las medidas presentadas resultan insuficientes y en algunos casos contradictorias con el mismo espíritu de internacionalización de la ciencia al que apela el preámbulo de la reforma. El texto mantiene un sesgo heredado de la legislación actual, según el cual los méritos investigadores desarrollados fuera de organismos públicos de investigación estatales (siendo el mayor de estos el CSIC) no computan a la hora de definir los denominados “quinquenios de investigación”. Carece de reconocimiento toda actividad realizada no sólo en el extranjero, sino en universidades o en cualquier otro centro de investigación español. El resultado se traduce en una enorme pérdida de poder adquisitivo para investigadores que hemos realizado hasta más de dos décadas de nuestra trayectoria científica en centros internacionales (o incluso nacionales) de prestigio con respecto a compañeros con similar experiencia, pero adquirida dentro de la misma institución. Si bien ambas situaciones deberían ser equiparables, la explícita distinción y penalización del investigador que viene de fuera es tanto más ilógica vista a la luz de la voluntad de promover la internacionalización y reducir la endogamia, dos de los objetivos marcados textualmente en el preámbulo de la ley.

La comunidad científica ya transmitió al ministerio su fuerte rechazo a esta medida en octubre de 2021, a través de una misiva firmada por más de 250 investigadores, incluyendo 50 directores de centros del CSIC. A ello se han sumado multitud de alegaciones presentadas tanto por particulares de este colectivo como por diversas asociaciones de investigadores y sindicatos. Preguntada sobre este punto el pasado martes, la ministra Diana Morant apuntaba a una corrección parcial de esta anomalía: una ampliación del reconocimiento de la actividad investigadora realizada en centros públicos españoles. Apreciamos sin duda la voluntad aperturista de ese paso, pero hemos de recalcar que esta bienvenida eliminación de fronteras científicas internas eleva aún más las autoimpuestas fronteras externas, dibujándole a España un extraño perfil de aislacionismo científico, tan sorprendente en la escena internacional. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos aseguran que se sigue trabajando para que la nueva ley reconozca todos los tramos de investigación: los realizados en centros tanto públicos como privados, españoles y extranjeros, para de esta manera presentar una solución definitiva a presentes y futuros afectados. Una solución cuyas ramificaciones económicas brindarán a los administradores del erario público una excelente oportunidad para definir su compromiso con la percepción de la ciencia no como un gasto, sino como la inversión más sólida hacia el desarrollo de un país.

Es nuestra tarea recordar que movilidad e internacionalidad son pilares fundamentales de esta apuesta de futuro. Por ello, desde esta tribuna queremos animar a los responsables del diseño, financiación y ejecución de la política científica a seguir escuchando nuestras voces y dar el paso de integrar la visión de los que hacemos la ciencia desde la perspectiva del día a día y del pie de obra en el texto final del anteproyecto de ley, que previsiblemente se somete a aprobación en el Consejo de Ministros de este viernes. ¿Por qué esperar otros 11 años? Es ahora cuando debemos desmontar fronteras innecesarias y avanzar entre todos hacia una ciencia española internacional y de calidad.