editorial
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Política y ‘mossos’

Los relevos en la policía catalana delatan intención política y voluntad de frenar investigaciones sobre corrupción

Los nuevos agentes de los Mossos y policías locales, celebran su graduación al finalizar el acto de entrega de los diplomas de la Escuela de Policía de Cataluña.
Los nuevos agentes de los Mossos y policías locales, celebran su graduación al finalizar el acto de entrega de los diplomas de la Escuela de Policía de Cataluña.Susanna Sáez (EL PAÍS)

Las explicaciones que ha dado el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, de ERC y muy próximo a Oriol Junqueras, sobre los relevos en la cúpula de la policía catalana han sido insuficientes, insatisfactorias e inexactas. Lo han sido sobre todo porque pretenden banalizar la destitución del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, celoso de la autonomía de su profesión frente a las presiones promovidas desde el poder político e impermeable ante las procedentes tanto de independentistas como españolistas. Su destitución arrastra hoy una desnuda carga política pero estuvo en la agenda del Govern desde el mismo momento en que fue restituido, hace poco más de un año, tras ser absuelto por la Audiencia Nacional en el juicio contra los líderes independentistas. Ni a Puigdemont ni a Oriol Junqueras gustaron nada sus declaraciones en el juicio sobre el operativo diseñado para detener a ambos líderes, en la tormenta ilegal de octubre de 2017, si recibía la orden de un juez en ese sentido. Hoy sigue aún sin destino asignado. Tampoco se ve en los nombramientos de Elena el “relevo generacional” que adujo el conseller, ni la “feminización” del cuerpo va mucho más allá de incorporar a la nueva cúpula a una mujer, la intendente Rosa María Bosch. Junto a ella, se rescata para la estructura de dirección del cuerpo a su antiguo director general, el comisario Eduard Sallent, próximo a Junts, bajo el mando de Josep Maria Estela como nuevo jefe de los Mossos.

La destitución inmediata (solo un día después) del responsable de Investigación Criminal, el intendente Toni Rodríguez, multiplica las sospechas sobre la intencionalidad política y judicial de los ceses. Tanto Rodríguez como el subinspector de anticorrupción, Juan Manuel Lazo (que dimitió tras el cese de su superior), tuvieron que pedir amparo al TSJC frente a las presiones políticas que dificultaban sus investigaciones, y el tribunal se lo concedió. El cese de Trapero y Rodríguez ha llegado cuando ambos habían blindado investigaciones sensibles sobre corrupción sin acceder a compartir con sus cargos políticos los avances en casos relativos a figuras destacadas del nacionalismo independentista. Las diversas causas abiertas, judicializadas y secretas afectan al exconseller Miquel Buch y la contratación irregular de un miembro de la escolta de Puigdemont (bajo la dirección de Eduard Sallent), a Laura Borràs, actual presidenta del Parlamento, y el fraccionamiento de contratos a un colaborador afín cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes y al presidente de la Diputación de Lleida, Joan Rañé, en relación con el cobro de comisiones ilegales. Otro frente abierto más recientemente afecta al acuerdo del consejero de Interior con la CUP para excluir en los desahucios a los antidisturbios, contra el criterio profesional de Trapero.

El conseller Joan Ignasi Elena tendrá que dar explicaciones en sede parlamentaria a instancias de los grupos de la oposición que han tachado de purga los ceses, empezando por el líder del partido mayoritario, Salvador Illa. También lo han hecho comisarios del mismo cuerpo policial. El president Aragonès dispone de margen todavía para enmendar lo que a todas luces desprende aroma de depuración y de intervencionismo político destinado a desactivar causas judiciales por corrupción contra altos cargos del independentismo.

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