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Tormenta política por la “purga” en la cúpula de los Mossos d’Esquadra

El jefe de la oposición, Salvador Illa (PSC), Ciudadanos y los sindicatos policiales critican los relevos pese a la defensa del Govern

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero (a la derecha), acompañado del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, el pasado mes de septiembre en Barcelona.
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero (a la derecha), acompañado del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, el pasado mes de septiembre en Barcelona.Quique Garcia ((EPA) EFE)

Los cambios en la cúpula de los Mossos d’Esquadra impulsados por el consejero republicano Joan Ignasi Elena han sido recibidos con reservas por parte de algunos partidos políticos y los sindicatos policiales. El jefe de la oposición en el Parlament, el socialista Salvador Illa, ha calificado este martes de “purga” la modificación en los altos cargos del cuerpo y ha mostrado su preocupación por lo que considera indicios de “politización” de la policía catalana. Los sindicatos policiales también comparten las críticas sobre los relevos. La portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, ha quitado hierro al supuesto contenido político de los cambios y ha querido enfatizar el esfuerzo del Govern para avanzar en la paridad.

Se dan todos los elementos para desatar una más que posible tormenta política en Cataluña. Ciudadanos ya ha pedido la comparecencia de Elena y otros altos cargos de los Mossos en el Parlament y el PSC planea hacer lo propio. “Con todo el respeto, pero con toda la claridad, todo parece una purga”, ha asegurado Illa en una entrevista a Ràdio 4, en referencia a la destitución de Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos el pasado 20 de diciembre, y con él al máximo responsable de investigación, el intendente Toni Rodríguez, en otros. Elena argumentó entonces que la decisión buscaba feminizar y rejuvenecer el cuerpo, aunque el nuevo jefe elegido, Josep Maria Estela, es un hombre.

La tormenta ha arreciado de nuevo al conocerse el destino del intendente Rodríguez: jefe de una comisaría en Rubí, un municipio de 76.000 habitantes en el norte de Barcelona. Forjado en el mundo de la investigación, donde ha hecho la mayor parte de su carrera policial, Rodríguez, de 47 años, ha impulsado las investigaciones en contra de la corrupción política. Bajo su mandato se investigó a Laura Borràs, presidenta del Parlament, acusada de trocear contratos para favorecer a un amigo; a Miquel Buch, exconsejero del Interior, imputado por facilitar supuestamente una escolta a Puigdemont en Bruselas; o al expresidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, acusado de cobrar sobornos. Fuentes policiales leen el nuevo destino como un “castigo evidente” y un intento de aplacar ese tipo de investigaciones.

A ello se suma la información publicada por el Eldiario.es, a la que se ha referido Illa, que apunta a la desaparición de correos electrónicos de los servidores de la Generalitat que implicaban a Borràs en el presunto fraccionamiento de contratos públicos para adjudicarlos a un amigo. Esos mails, indica el diario, fueron hallados en el ordenador personal del beneficiario de la adjudicación pública, Isaías Herrero. “Informaciones periodísticas de profesionales muy acreditados del periodismo que dicen que se han borrado correos electrónicos y que hay interferencia política en investigaciones”, ha asegurado el líder socialista.

En la misma línea de Illa ya se había manifestado el exconsejero de Interior y cabeza visible de Units per Avançar, Ramon Espadaler. El exmilitante de la desaparecida Unió Democràtica avanzó en Twitter que su partido pedirá explicaciones en el Parlament para determinar si alguien alertó de la investigación en marcha contra Laura Borràs. Ciudadanos ha presentado ya peticiones de comparecencia del director general de la policía catalana, Pere Ferrer, y de Elena en la comisión de Interior de la Cámara catalana. Ciudadanos también ha registrado una batería de preguntas sobre la labor de Eduard Sallent, exjefe de los Mossos d’Esquadra, al que el Eldiario.es vincula a Junts per Catalunya, y nombrado de nuevo miembro de la jefatura política de los Mossos.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha reivindicado los cambios diseñados por Interior y no se ha referido a las críticas vertidas por Illa. “Los Mossos d’Esquadra afrontan una nueva etapa y se busca, entre otros objetivos, aumentar la presencia de mujeres en los mandos y la toma de decisiones”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. Un tercio de la nueva prefectura está formada por mujeres, al igual que un 50% de la dirección estratégica y un 26 % de la dirección operativa, lo que supone la mayor representación femenina en la historia de la policía catalana.

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Los Mossos d’Esquadra viven turbulencias desde 2017, cuando fueron intervenidos tras el referéndum del 1-O. Desde entonces, el cuerpo no ha acabado de despegar, siempre en el foco mediático, y con seis jefes policiales en poco más de cuatro años. Tras su absolución por la Audiencia Nacional, Trapero volvió a dirigir el cuerpo. Pero ha durado poco más de un año, después de su cese por parte de ERC. En la decisión hay una mezcla de motivos, apuntan diversas fuentes policiales y políticas. La primera, indican fuentes de Interior, es el talante del mayor Trapero, más cerrado que nunca a aceptar directrices políticas. Lo que ha provocado incomodidad y tensión con el consejero y también con el director de la policía, Pere Ferrer, de Junts per Catalunya, que ha sobrevivido en una cartera dirigida ahora por ERC. A ello se suma la decisión política, casi desde el principio, de cambiarlo por su declaración en el Supremo cuando afirmó que existía un plan para detener a los líderes del procés si así se lo ordenaban.

Mandos de los Mossos aseguran que ERC busca un perfil más “dócil”, con quien poder manejar a la policía y obtener información confidencial según sus necesidades. Un ejemplo de los desencuentros es la gestión de los desahucios: mientras la consejería defiende públicamente, y así lo acordó con la CUP, que no se envíen a los antidisturbios a los desahucios, Trapero y su equipo sostenía que dependiendo de la situación, su obligación como policías es permitir el trabajo de la comitiva judicial, lo que en ocasiones puede obligar a movilizar a los antidisturbios.

Y esa búsqueda de mandos “cómodos” se hace extensiva a Rodríguez. El exjefe de investigación de los Mossos se ha negado a informar de los detalles de las investigaciones en marcha, hasta el punto de pedir el amparo judicial como investigador en el caso de Miquel Buch para no ser relevado del caso, según confirman fuentes policiales y judiciales. Elena se ha desentendido del cambio del máximo responsable de investigación de los Mossos, que atribuyó en el Parlament a una decisión de los nuevos mandos policiales. Rodríguez fue, sin embargo, el único jefe de una comisaría general al que no recibió el consejero del Interior en la ronda inicial de contacto con los mandos del cuerpo, según fuentes policiales. El Departamento insiste en que los cambios son los naturales que lleva a cabo cualquier departamento, pero lo hace en un cuerpo policial castigado y sometido a presión constante desde 2017, cuando vieron peligrar su existencia por las decisiones de sus responsables políticos.

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