Trapero, inocente

La exculpación por la Audiencia Nacional del que fue major de los Mossos Josep Lluís Trapero y de toda la entonces cúpula del cuerpo de los presuntos delitos de sedición y desobediencia, ofrece —pese a carecer aún de firmeza, al ser recurrible— algunas conclusiones de máximo interés en distintos ámbitos.

En lo personal, supone para los policías autonómicos un enorme alivio, al acreditar su conducta profesional en el tenso periodo del referéndum ilegal de otoño de 2017, tras haber sido blanco de toda suerte de invectivas. Entre otras relevantes conclusiones, considera creíble la disposición de Trapero a detener a todo el Govern si así lo hubiese requerido la autoridad judicial y, en cambio, rechaza las acusaciones según las cuales impulsó la pasividad de sus agentes. Su conducta fue producto de la ponderación que debía minimizar los daños, según el mandato de la juez, y no de una tolerancia al delito. Mandos de la Guardia Civil, como el coronel Pérez de los Cobos, que tanto destacó en acusar a los que acaban de ser declarados inocentes, deberán ahora reconsiderar sus posiciones.

Institucionalmente, la exoneración permite a los ciudadanos renovar su confianza en la Administración autonómica —en sus fuerzas del orden—, por encima de las oscilantes y peligrosas derivas de sus gobernantes. La inocencia de Trapero y sus colegas subraya así, por vía de contraste, la extrema responsabilidad del Govern que teóricamente le dirigía, y a cuyos principales responsables condenó el Supremo. Que los distintos tribunales deslinden al detalle la actuación individual de cada protagonista en circunstancias tan complejas y entrecruzadas subraya el garantismo de un sistema judicial moderno.

Esa lección es inversa de la que extraen algunos condenados en el juicio del procés, que enarbolan esta sentencia para atacar la propia. Ya su vista verificó la seriedad de los Mossos —Trapero acudió motu proprio a declarar, no sin riesgo, pues estaba pendiente de juicio, y obtuvo el respeto del Supremo— frente a las conductas del grueso de los políticos implicados. Ojalá lo asuman así los actuales gobernantes, por encima de los instintos de la competencia preelectoral. No se condenan las ideas, sino los delitos, como también subraya la inhabilitación por desobediencia a exmiembros de la Mesa del Parlament por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El distinto trato a conductas distintas resulta clave en todo proceso judicial. Y un indicio de la solidez de un sistema, objeto de un inquietante pulso político, que no ha dudado en emitir duras condenas en otros casos públicos relevantes: desde Gürtel (PP) hasta el de los manejos de los ERE andaluces (PSOE), el caso Palau (de Convergència) o el que llevó a la cárcel al cuñado del Rey, Iñaki Urdangarin. No hay, pues, razón alguna para el victimismo diferencial del secesionismo catalán.