No se trata de cuotas, se trata de democracia

El pasado 30 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Una ley de la que la ciudadanía, quizá, conoce poco. Pero fíjense si debe de ser importante, que los acuerdos sobre esta ley entre el Gobierno y ERC han sido requisito fundamental para que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante. Como sabrán, nos referimos a la exigencia de ERC de que se obligue a cadenas y plataformas audiovisuales a producir y emitir o tener en catálogo películas y series habladas en lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

Los medios audiovisuales condicionan absolutamente la vida de los ciudadanos, por lo que la elaboración de una ley que regula los derechos y obligaciones de los operadores audiovisuales y los contenidos que llegan a las audiencias constituye un momento de suprema importancia.

Pues bien, en este proyecto de ley no se contemplan medidas para promocionar la igualdad de género en los medios audiovisuales. Tan solo aparecen referencias bienintencionadas que desean un futuro de igualdad al que deben contribuir los medios audiovisuales, pero sin fijar medidas concretas que conviertan ese “deseo” en un plan efectivo. Únicamente recomendaciones en un tema troncal para la democracia de un país.

CIMA, la asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, ha puesto de manifiesto desde el principio esta insólita ausencia de compromiso real con la igualdad de género y ha aportado alegaciones al Anteproyecto en las sucesivas audiencias públicas para plantear la imperiosa necesidad de medidas para la promoción de la igualdad, en la búsqueda de una transformación que quedará mermada y fuera del servicio democrático si esta ley, más allá de expresar su compromiso con la igualdad, persiste en la falta de voluntad de hacerlo efectivo.

Las primeras alegaciones de CIMA se referían a 21 artículos del anteproyecto. Algunas sugerencias fueron incorporadas al proyecto de ley. Pero la parte fundamental de las alegaciones, la referida a los actuales artículos del 113 al 117, con propuestas de medidas concretas y eficaces, ha sido totalmente ignorada.

Estos artículos son los que establecen las cuotas, o sea, los porcentajes de obra audiovisual europea, de obra audiovisual en la lengua oficial del Estado o en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, o de obra de animación o documental, entre otras, que deben incluir todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo en sus emisiones, sus catálogos o en la financiación de obras audiovisuales.

En esta línea, CIMA proponía la inclusión de la obligación de los operadores de televisión de destinar una cuota mínima de sus contenidos y del dinero dedicado a la financiación de obra audiovisual a obras creadas y dirigidas por mujeres, para que su implantación profesional al 50% llegue a ser un hecho y para garantizar contenidos donde se refleje nuestra mirada y realidad.

Pues bien, parece ser que todas las cuotas son pertinentes en este proyecto de ley menos las que se refieren a la consecución de la igualdad, porque la respuesta de las autoridades encargadas de la redacción del proyecto de ley a las alegaciones ha sido, hasta ahora, negativa.

Aseguran que esta ley es una transposición de la normativa europea y que otros países no han implementado en sus leyes estas medidas. Al argumentar así, olvidan que no tenemos un Consejo del Audiovisual o similar, órgano que, en prácticamente todos los países de la UE, se ocupa de la regulación de estas medidas y que CIMA reivindica. Y olvidan también la resolución del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2018 sobre Igualdad y Medios de Comunicación: “Los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, tienen la capacidad de influir y, en último término, formar opinión pública; los medios de comunicación son uno de los pilares de las sociedades democráticas y, como tales, tienen el deber de combatir toda forma de discriminación y desigualdad”. Resolución, a través de la que el Parlamento Europeo pide a sus Estados miembros, entre otras cuestiones, la adopción de medidas de acción positiva para avanzar en la igualdad en los medios.

Pero además, ¿por qué no lo va a hacer la legislación española?, ¿por qué no implementar esas medidas de las que el Gobierno dice siempre estar convencido? Incluyendo estas medidas, se podría lograr no solamente solventar la infrarrepresentación de las mujeres en el sector, sino también el posicionamiento de nuestro país como referente en la promoción de la igualdad de género.

El camino a seguir está marcado por las medidas de acción positiva establecidas en el sector cinematográfico, que están teniendo ya unos efectos muy favorables. Sólo así se va a conseguir alcanzar en 2025 el objetivo de paridad 50/50, anunciado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Nos encontramos, pues, en una situación en la que se adoptan cuotas tendentes a satisfacer intereses perfectamente respetables, pero desde luego no más importantes que la consecución de la igualdad.

El 19 de noviembre pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su compromiso con el derecho constitucional a la igualdad de género en su intervención con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y añadía: “Necesitamos las cuotas precisamente para garantizar esa igualdad, esa presencia”, así como que “el sistema de cuotas cambia las culturas y, por tanto, a mí me parece que, desde el punto de vista de intervención pública, es fundamental”.

Por otra parte, son numerosos los textos internacionales y europeos que se pronuncian en este sentido, desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas hasta el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2020-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Pues ahora se trata de pasar de la palabra a la acción y hacer que esta Ley de Comunicación Audiovisual sea un referente en igualdad para todos los otros países de la UE. No se trata de cuotas, se trata de democracia, de no permitir que lo logrado hasta ahora se paralice y desfallezca.

Las medidas de acción positiva se deben aplicar ya, y si se pierde la oportunidad de dejarlas explícitas en la ley, se perderán decenios en ese camino. No nos podemos imaginar un Gobierno ni un Parlamento en desacuerdo con la presencia de medidas de acción positiva en esta ley.

Decía la jueza Ruth Bader Ginsburg que “las mujeres deben estar en todos los lugares donde se toman decisiones”. No queremos más compromisos de palabra ajenos a un verdadero cambio. Trabajemos todas y todos para que esta ley sea realmente transformadora, para que aproveche la oportunidad histórica de incluir medidas que ayuden a alcanzar la igualdad efectiva y convierta a este país en una referencia y modelo a nivel global.