Acoso a una menor

“Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña”. Este es uno de los tuits dirigidos a la familia de Canet de Mar, en la provincia de Barcelona, que ha pedido recibir el 25% de la docencia de su hija de cinco años en castellano. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez i Cambray, no lo ha considerado digno de comentario. Tampoco ha creído oportuno condenar otro tuit de un compañero de lista de Junts per Catalunya, y portavoz de Mossos per la Independència, en el que anima a que salgan los alumnos de clase cuando la lengua sea el castellano para dejar sola a la niña y, cabe suponer, que aprenda la lección. En una carta en catalán y castellano la familia explica su situación y sus motivos con naturalidad y pide “dejar de tragar y ser valientes para reclamar” la inclusión del castellano en las aulas, mientras se desmarcan expresamente de cualquier movilización relacionada con su caso.

El episodio no revela un conflicto con la lengua en Cataluña; revela la tolerancia al acoso en redes y a la xenofobia por parte de una alta autoridad de la Generalitat, secundada por otros líderes políticos, como la diputada de JuntsxCat, Glòria Freixa, o la portavoz de la CUP, Dolors Sabater. El silencio del consejero sobre los tuits contrasta con el respaldo que ha mostrado a la dirección de la escuela y a la movilización en favor de la inmersión lingüística, sin que haya encontrado el momento para interesarse por la familia acosada. Tuvo que ser la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien condenase los hechos.

El respaldo a un procedimiento democrático como la inmersión lingüística es incompatible con la complicidad ante mensajes destinados a amedrentar a un escolar o a sus padres y a extender el miedo. Un clásico absoluto del cine, Furia, de Fritz Lang, enseñó para siempre los efectos irreversibles de mechas que prenden sin control. El “ataque intolerable” a la lengua que atribuyó el consejero a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aprobó el 25% de castellano lo ha sido en realidad contra la ética básica de un sistema democrático que en ningún caso puede tolerar o amparar el acoso a un menor. El mismo tribunal tuvo que ordenar al consejero y a la dirección de la escuela que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”, mientras un medio digital de la izquierda independentista ha difundido datos que permitirían la identificación del domicilio familiar. La asistencia el viernes en Canet de Mar a la manifestación en defensa de la lengua, alentada por el propio consejero, estuvo cifrada entre 300 y 500 personas en un pueblo de 15.000 habitantes. Esa puede ser la mejor expresión de la vergüenza de una mayoría de catalanes ante el sectarismo deshumanizado de algunos usos políticos.