La lengua no es el problema

La inmersión lingüística en Cataluña ha sido un modelo de éxito reconocido por organismos internacionales, pero también se refleja en los datos de la encuesta de usos lingüísticos de 2019. Según esta, el 94% de la población entiende el catalán y en torno al 80% lo sabe hablar y leer. Sin embargo, la lengua ha vuelto al debate político por vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se inspiró en 2014 en una sentencia de 1968 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para establecer que el carácter vehicular del castellano en la escuela se garantizaba con el 25% de las clases impartidas en esa lengua. Una providencia reciente del Tribunal Supremo acaba de confirmar ese 25% de castellano en los ciclos de primaria y secundaria. La traducción práctica de esa decisión es que el castellano deberá doblar su presencia en el aula y pasar a 6,25 horas semanales (de un total de 25 horas lectivas en primaria) y a 7,5 semanales (de 30 lectivas) en secundaria.

El Ejecutivo catalán cree que esa decisión del Supremo “tumba” la inmersión lingüística y ha ordenado a los centros que no cambien sus planes lingüísticos, en flagrante desobediencia de una sentencia judicial, mientras que el PP ha animado al Gobierno a aplicar un enigmático “155 lingüístico”. Ninguna de las dos reacciones responde a la prudencia institucional ante el carácter inflamable de la lengua como instrumento de la pugna política. A pesar de que el 52,7% de la población catalana tiene el castellano como lengua materna frente al 31,5% que tiene el catalán, ambos colectivos manejan competencias suficientes en ambas lenguas. El castellano es mayoritario como lengua habitual, con un 48,6% frente al 36,1% del catalán. Según datos tanto del Ministerio de Educación como de la Generalitat, en 2018 el dominio del catalán y el castellano de los alumnos de la ESO y en las pruebas de selectividad resultaba equiparable, y sin apenas diferencia con el resto de autonomías en cuanto al castellano. Un estudio de este año del Departament d’Educació ha detectado una disminución del uso del catalán en la interacción fuera del aula.

Una sociedad bilingüe no puede aspirar a una ilusa y plena competencia en ambas lenguas, pero sí puede aspirar a sacar la lengua del debate político (y judicial). Las deficiencias inherentes a todo sistema complejo no pueden ser excusa para que sean los tribunales los que determinen las cuotas de uso de las lenguas en las aulas, en particular si se propone reforzar la cohesión social de una sociedad con orígenes muy diversos. Las agudas diferencias lingüísticas en la demografía catalana sí aconsejan, en cambio, equilibrar en la escuela lo que está desequilibrado en la sociedad. Son los mismos centros educativos los que mejor conocen esas asimetrías y son ellos los que tienen la potestad de corregirlas legalmente aumentando el castellano como lengua vehicular en lugares de fuerte predominio catalán e incrementando el catalán en los centros donde el castellano tenga una implantación superior a la media. La solución práctica es sencilla, pero arruinaría las posibilidades de usar la lengua como arma política. Que la discusión lingüística esté condicionada por una decisión judicial es de por sí una anomalía que no contribuye a corregir los desequilibrios que los docentes advierten tanto en las aulas como en los patios de sus centros educativos.