Casado pide un 155 educativo en Cataluña para hacer cumplir el 25% de clases en castellano

El líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los votos de su grupo en el Senado para aplicar de nuevo en Cataluña el artículo 155 de la Constitución con el fin de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Se trataría de una aplicación parcial de este artículo, solo para el ámbito educativo, ha afirmado el líder popular. “Le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en este ámbito educativo, lo haga”, ha expresado.

Casado ha descargado en Sánchez la responsabilidad de la “rebeldía” de la Generalitat de Cataluña con respecto a la sentencia sobre las clases en castellano y le ha advertido de que tiene la obligación de defender el fallo del Supremo o “podría estar prevaricando”. “Sánchez está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales. Y si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el título octavo le son propias”, ha defendido el líder del PP. “Es decir, el PP le ofrece a Pedro Sánchez nuestros votos en el Senado para que el Gobierno de España aplique directamente esa sentencia en la educación en Cataluña. Que recuerdo que es una titularidad estatal que las autonomías administran”.

El artículo 155 de la Constitución permite “adoptar las medidas necesarias para obligar” a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones, lo que en la práctica supone una suspensión temporal de la autonomía. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy aplicó este artículo en 2017 tras la declaración de independencia en Cataluña con apoyo del PSOE. Entonces fue una aplicación completa, suspendiendo la autonomía catalana, y ahora, según la petición del PP, se utilizaría solo para tomar el control de la competencia en educación, que está transferida a la Generalitat.

El PP de Casado reclama la medida más extrema desde una perspectiva constitucional para hacer cumplir la sentencia del Supremo, pero en 2015, gobernando Rajoy, el alto tribunal se pronunció en términos similares avalando el 25% de clases en castellano y, sin embargo, esa proporción no se ha cumplido hasta ahora.

El líder popular ha insistido en cargar las tintas sobre Pedro Sánchez y su mandato de hacer cumplir la nueva sentencia, que se une a un rosario de resoluciones que desde hace más de una década insisten en que el castellano tiene que ser vehicular en la enseñanza catalana. “Todos los niños en Cataluña tienen derecho a recibir al menos el 25% de las clases en castellano, que es la lengua común de todos los españoles. Sánchez tiene la obligación de defenderlo y, si no, podría estar prevaricando”, ha defendido Casado, antes de pedir al líder socialista que “ponga orden”. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que le corresponde al tribunal sentenciador ejecutar la sentencia, y no al Gobierno.

El Supremo inadmitió este martes el recurso de casación que presentó el Gobierno de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2020, con la que obligaba a la autonomía cumplir con la cuota de español del 25% en las aulas catalanas. El Govern considera clave el carácter vehicular del catalán en el sistema de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde 1983, pese a que varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional se han pronunciado en su contra en las últimas décadas. El Ejecutivo catalán considera que con esta nueva decisión judicial “se tumba” el modelo educativo, y ya ha avisado que no cumplirá la sentencia.

Casado se ha pronunciado sobre la sentencia del Supremo desde la protesta policial contra la derogación de la ley mordaza en Madrid, en la que ha coincidido con el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes de Ciudadanos. El líder del PP ha avisado de que irá al Constitucional contra la derogación de la ley y si llega al poder retrotraerá la reforma “que solo beneficia a los socios radicales de este Gobierno”. Casado y Abascal han coincidido en el mismo diagnóstico sobre las motivaciones de la izquierda para derogar la norma. Ambos creen que lo hace en previsión de cuando llegue a la oposición, para protestar en la calle. “Quizá están preparándose ya para la oposición, para las algaradas en la calle”, ha aventurado el líder popular. “Para poder incendiarlas a través de sus esbirros con total impunidad”, ha apostillado el líder de la extrema derecha.