La ‘ley Celaá’ y el español en Cataluña: ¿cesión política o acuerdo inocuo?

El castellano va a desaparecer como “lengua vehicular de la enseñanza” en el texto de la nueva ley de Educación. Ese cambio —exigido por ERC, apoyado por Unidas Podemos y aceptado por el PSOE— significa que la ley orgánica ya no dirá, al menos expresamente, que el castellano debe ser una de las lenguas que se usen para impartir las asignaturas en la escuela, algo que la ley sólo recogía desde 2013 y que en estos siete años tampoco ha servido en la práctica para que el castellano sea vehicular en la única comunidad en la que no lo es: Cataluña. La expresión “lengua vehicular” se sustituye por una más genérica: el derecho a “recibir enseñanzas" en castellano. ERC lo reivindica como un triunfo, y Podemos celebra que “blinda el modelo catalán de inmersión lingüística” (donde sólo figura el catalán como vehicular). Pero la cuestión no es tan sencilla, porque, aunque la ley orgánica ya no lo diga, el Tribunal Constitucional y el Supremo sí han dicho reiteradamente que el castellano debe ser vehicular, y esas sentencias —que en Cataluña no se cumplen— siguen ahí.

Lo sucedido esta semana en la comisión de Educación del Congreso, que aprobó la enmienda de ERC, PSOE y Unidas Podemos que ahora será elevada a pleno, viene a dar así otra vuelta de tuerca a una situación que viene de lejos. Y lo hace en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno, en la que los votos de ERC se han vuelto fundamentales para el Ejecutivo. Ciudadanos ya ha amagado con no apoyar las cuentas si la “enmienda del castellano” se mantiene, y, al igual que PP y Vox, la recurrirá al Constitucional.

La consecuencia práctica de esta enmienda, a corto plazo, es ninguna; sobre las consecuencias a medio o largo plazo, los expertos consultados discrepan.

La negociación: una exigencia de ERC

El proyecto de ley inicial del ministerio de Isabel Celaá mantenía la condición de “lengua vehicular” para el castellano (introducida por el PP en 2013). Incluía también el recordatorio de que el castellano es la “lengua oficial del Estado”. Ha sido ahora, en la negociación parlamentaria y tras la presión de ERC, cuando el ministerio ha renunciado a defender esas dos frases, que desaparecen del proyecto de ley. El portavoz de Unidas Podemos en la comisión, Joan Mena, lo explica: “Le dijimos al PSOE: necesitamos a ERC. Y acordamos que presentaríamos una enmienda conjunta”. Montserrat Bassa, portavoz del partido independentista, confirma: “Para ERC era una condición indiscutible desactivar ese punto de la ley Wert para blindar nuestro modelo de inmersión. Lo advertimos: sin eso, no íbamos a seguir hablando del resto del proyecto. No fue fácil, pero no podemos quejarnos del resultado”. Junts per Catalunya no apoyó la enmienda, por considerarla, aun así, insuficiente.

El párrafo de la ley, una vez enmendado, recoge que “las administraciones educativas” garantizarán el derecho de los alumnos “a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales”, sin aclarar el alcance de esas “enseñanzas”, es decir, si irán más allá de la propia asignatura de Lengua Castellana.

“Desde 2013 había una inseguridad jurídica: la ley autonómica catalana decía una cosa —solo el catalán es vehicular— y la orgánica decía otra —el castellano también lo es—. A partir de ahora quedará blindado el modelo de inmersión: porque lo dice Cataluña pero también porque lo dice España”, interpreta Mena.

La portavoz del PSOE en la comisión, Luz Martínez Seijo, defiende el cambio de posición de su partido. “Hemos querido buscar una redacción que evite los problemas que trajo la ley de 2013 y recoja el sentir plural”, dice. Ella sostiene que el de la vehicularidad es un “debate ficticio” porque el “objetivo” importante a preservar es que “todos los alumnos adquieran plena competencia en ambas lenguas”; eso, remarca, se ha incluido en la ley, dejando en manos de las autoridades educativas “los instrumentos de control, evaluación y mejora” para garantizarlo. Cuando se le pregunta si el cambio respondió a una exigencia expresa de ERC, la socialista contesta: “No voy a hablar de los detalles de una negociación. Cuando se negocia, no se negocia un artículo sino toda una ley”. Y a la pregunta de qué hacer con la sentencia del Constitucional que obliga a que el castellano sea vehicular, afirma: “Desde que somos Gobierno estamos intentando pacificar en estos conflictos lingüísticos. No miramos hacia el pasado sino hacia el futuro”.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, admite que, aunque el ministerio que dirige Isabel Celaá decidió inicialmente mantener el castellano como lengua vehicular, pronto les llegó “el aviso de que era un tema que generaba polémica”. Y resta importancia al tijeretazo posterior: “Esta cuestión genera muchas pasiones, pero nosotros nos centramos en el aspecto educativo: la garantía de que los alumnos deben terminar la escolarización con pleno dominio de ambas lenguas. Y siempre remitiéndonos a la Constitución”. ¿Cómo lograr ese pleno dominio si las clases son solo en una lengua, y cómo verificarlo? “Habrá que buscar una fórmula de evaluación”.

El contexto: la excepción catalana

El castellano, lengua oficial del Estado, es vehicular en la enseñanza en toda España, en distinto grado según las comunidades, salvo en Cataluña (en el País Vasco hay una opción en euskera, pero es optativa). En Cataluña, la ley autonómica, de 2009, sólo recoge el catalán como vehicular. Una situación que se mantiene desde hace casi tres décadas, cuando se instauró el modelo de inmersión lingüística, apoyado por la mayoría de los partidos catalanes. Eso quiere decir que las asignaturas —Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Química...— son impartidas en catalán, y solo las clases de Lengua y Literatura Castellana se dan en castellano.

Ninguna ley orgánica (nacional) de Educación dijo nunca expresamente que el castellano debía ser lengua vehicular. Hasta 2013. En ese año, el ministro del PP José Ignacio Wert lo incluyó en su ley, después de que la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut subrayara —aunque no era la primera vez que lo decía— que en Cataluña tanto el catalán como el castellano debían ser vehiculares, y que el Supremo añadiera que correspondía a las autoridades educativas decidir la proporción de cada una. Algo que la Generalitat nunca ha hecho. Esa ley Wert, por tanto, tampoco cambió nada en la práctica. El Govern se limita a esgrimir su ley autonómica, cuyo artículo 11 —el que establece la condición de vehicular del catalán y no del castellano— no ha sido recurrido por nadie y por tanto está en vigor.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña, la mayoría de la población catalana tiene el castellano como lengua madre (el 52,7%, frente al 31,5% que tienen como lengua madre el catalán, con datos de julio de 2019). También el castellano es mayoritario en Cataluña como lengua de identificación, la que los encuestados consideran como suya (46,6% frente al 36,3% del catalán), y es la principal lengua habitual (48,6% frente al 36,1%).

Cataluña es el único territorio bilingüe de Europa —a excepción de las Islas Feroe, según varios expertos— en el que sólo una de las dos lenguas oficiales es lengua docente.

Las consecuencias: un mensaje político

¿En qué cambiará la situación actual por el hecho de que la ley orgánica deje de mencionar al castellano como “lengua vehicular”, algo que tampoco hacía hasta 2013? “No creo que cambie mucho. La ley catalana dice lo que dice. Y las sentencias tampoco se pueden ignorar. El marco jurídico de la situación sigue siendo el mismo”, opina Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. “Es un cambio más simbólico que real... Igual que lo fue cuando Wert lo incluyó en su ley”, coincide Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo en Santiago de Compostela y defensora de la inmersión. “El Constitucional ha dicho que en Cataluña debe haber dos lenguas vehiculares, no ha dicho que eso no se esté haciendo. Y la ley catalana está en vigor. Los tribunales no pueden obligar a Cataluña a legislar de una determinada manera”.

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Complutense, experto en políticas educativas y muy crítico con el modelo catalán, discrepa. Él también piensa que el principal efecto de la enmienda es político —"los nacionalistas se sentirán reforzados, mientras que aquellos que piden la covehicularidad en Cataluña reciben el mensaje de que el Gobierno no va a estar de su lado", dice—; pero apunta que las consecuencias podrían ir más allá: “Es cierto que las sentencias que dictan que el castellano debe ser vehicular están ahí y deberían cumplirse, pero el tiempo pasa, y en algún momento este mismo tribunal u otro podría cambiar el paso en su interpretación, y decidir tener en cuenta que la voluntad del legislador ha sido esta, que hubo una opción de apostar por la covehicularidad y se abandonó. ¿Ocurrirá? Imposible saberlo”.

SENTENCIAS INCUMPLIDAS

En Cataluña solo el catalán es lengua vehicular en la escuela, en contra de lo que han determinado varias sentencias a lo largo de los años. Son estas:

• El precedente de 1994. El Tribunal Constitucional avaló en 1994 la Ley de Normalización Lingüística de la Generalitat de 1983. Aquel fallo afirmaba: “Es legítimo que el catalán [...] sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso”. Y subrayaba que esto implicaba “no solo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente”.
• “Constitucionalmente obligado”. Fue en junio de 2010, en la sentencia sobre el Estatuto catalán, cuando el Constitucional se mostró más tajante: “Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares”, dictó. E insistía: “Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular”.
• El Supremo insta a la Generalitat. A esa sentencia siguió en diciembre de 2010 otra del Tribunal Supremo, que, refiriéndose específicamente a los recursos de tres familias, les daba la razón e instaba a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza” a lo dicho por el Constitucional, reintroduciendo el castellano “como lengua vehicular de la enseñanza”. Le emplazaba, además, a fijar ya la proporción de vehicularidad de cada lengua. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo lo mismo poco después, pero la Generalitat respondió con el silencio y siguió adelante con su modelo.
• Un goteo de resoluciones. Finalmente, y ante los recursos presentados por varias familias —unas 80, según la Asociación por una Escuela Bilingüe—, el Tribunal Superior de Cataluña decidió fijar por su cuenta un porcentaje “mínimo”: al menos el 25% de las materias, y al menos una troncal, debían impartirse en castellano. El Supremo ratificó en 2015 esa proporción mínima. Desde entonces, un goteo de resoluciones ha ido reconociendo ese 25% a las familias que pleitean, pero la sentencia sólo se aplica a la clase del escolar cuya familia lo ha reclamado, no a todo el colegio y mucho menos a todo el sistema educativo.
• Una norma no recurrida. En 2019, el Constitucional avaló la mayor parte de la Ley de Educación de Cataluña de 2009. El PP había recurrido varios artículos de esa ley, pero no precisamente el artículo 11, el que menciona únicamente al catalán como lengua vehicular. Así que el Constitucional no se pronunció sobre eso. Sí dejó dicho en la sentencia, no obstante, que es “consolidada doctrina” que el castellano debe ser vehicular.