La Generalitat busca vías para no cumplir la sentencia sobre el catalán

Justo cuando el Gobierno y ERC sellaban el pacto de Presupuestos que consolida la legislatura y refuerza su acuerdo, los tribunales han vuelto a abrir una brecha que podría tensar la cuerda entre ellos, aunque los dos sectores creen que encontrarán maneras de resolverla. La oposición aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que exija el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a implantar un modelo con un 25% de horas en castellano en Cataluña. Esta sentencia devino firme este martes después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechazara, en una resolución de trámite en la que no entró en el fondo del asunto, el recurso de la Generalitat contra aquel fallo. El Govern y en especial la Consejería de Educación, en manos de ERC, aseguran que no cumplirá esa sentencia del tribunal autonómico y pide apoyo al Gobierno para esquivarla. Pero el Ejecutivo sostiene que no tiene ningún papel jurídico ni político en esta cuestión.

La Moncloa y el Ministerio de Educación han optado por agotar todo el margen que da la justicia antes de la ejecución de la sentencia —unos dos meses que se pueden alargar incluso casi hasta finales del curso escolar, según los cálculos del Ejecutivo— y esperar a ver si se halla una solución. En realidad, según fuentes del Gobierno, no sería tan traumático cumplir con la sentencia: bastaría con poner una sola asignatura troncal más en castellano —ahora hay una, con cuatro horas a la semana—.

Sin embargo, la Generalitat ha trasladado un mensaje claro de rechazo total al cumplimiento de la sentencia del tribunal autonómico, que pone en entredicho el modelo educativo de inmersión lingüística en catalán implantado en 1983, y que ha sido objeto desde entonces de numerosas sentencias contrarias tanto del poder judicial como del Tribunal Constitucional. El Govern presidido por Pere Aragonès exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lo apoye en esta batalla. Políticamente, la coalición de Gobierno PSOE-UP apoya a ERC y su política lingüística. De hecho los Presupuestos de 2021 se aprobaron porque ERC logró que el Ejecutivo eliminara a última hora en la actual ley educativa, la llamada ley Celáa, la referencia expresa al castellano como lengua vehicular en Cataluña, una referencia expresa que el PP había introducido en 2013.

La Generalitat sostiene que ese aspecto de la Ley Celáa le permite no tener que aplicar las sentencias; pero, en realidad, la referencia expresa a la vehicularidad del castellano nunca existió en la ley educativa hasta 2013 y, a pesar de ello, los tribunales ya habían dicho varias veces, desde los años noventa, que el castellano debía ser vehicular, en cumplimiento de la Constitución.

El Gobierno sigue defendiendo políticamente lo que dice la ley Celáa, esto es, que lo importante es que los alumnos terminen el curso conociendo el catalán y el castellano, y nunca ha entrado a valorar si deben establecerse cuotas mínimas como la del 25% fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El recurso de la Generalitat contra esta sentencia del TSJC, inadmitido este martes por el Supremo, se produjo estando en vigor la ley educativa del PP, la llamada ley Wert, derogada de facto por el actual Gobierno de coalición.

Sin embargo, una cosa es el apoyo político y otra respaldar el incumplimiento de una sentencia judicial. Ahí el Gobierno no acompaña a ERC. El conseller de Educación, Josep González Cambray, y la ministra, Pilar Alegría, hablaron para ver cómo gestionar la situación. El conseller asegura que la ministra le dio “garantías” de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia del TSJC. Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que la conversación no fue en esos términos, y que cuando habló con González Cambray la ministra no conocía los detalles de la resolución del Supremo que inadmitía el recurso de la Generalitat contra la sentencia de 2020 y, por tanto, no podía comprometerse a nada similar.

En algún momento, el Gobierno, que es parte en el proceso contencioso que inició la Abogacía del Estado en 2015 cuando gobernaba el PP, tendrá que tomar esa decisión: pedir o no la ejecución. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que “la sentencia se tiene que ejecutar porque es firme”, pero insistió en que es a los tribunales a quienes corresponde exigir que se cumpla, y no al Ejecutivo. El Gobierno trata así por todos los medios de quitarse de encima el problema y espera que sea la Generalitat o las propias escuelas quienes encuentren la solución.

En cualquier caso lo más probable, dadas las fechas, es que la cuestión se dirima ya para el próximo curso escolar, y en el Ejecutivo insisten en que puede haber varias fórmulas para no llegar al peor escenario, esto es un procesamiento de los responsables de Educación de la Generalitat por incumplir una sentencia, algo que no sucede desde la crisis del procés en 2017.

Mientras, ERC presiona al Ejecutivo para que le acompañe en su intento de no aplicar la sentencia. El president, Pere Aragonès, pidió este miércoles al Gobierno que “actúe en consecuencia”, habida cuenta que el sistema educativo que defiende el fallo del TSJC de diciembre de 2020, dijo, no es el suyo. El Govern ha anunciado que asumirá la responsabilidad que se derive y que no la delegará en los directores de los centros educativos. “Por tanto, esperamos que el Gobierno también lo haga”, dijo Aragonès en Palma, donde acudió de visita oficial, insinuando que el ministerio no debe de pedir la ejecución de la sentencia. Marta Vilalta, portavoz de ERC, fue taxativa en el Parlament: “La sentencia no se aplicará. Es muy simple”.

El tema de la inmersión es absolutamente capital para ERC y para todos los partidos soberanistas, incluido Catalunya en Comú, defensora del modelo. ERC recordó este miércoles que forzó hace un año la derogación de la ley Wert y que impulsó la ley Celáa que volvió a situar como vehicular el catalán. “Tienen que cumplir su propia ley y no la que aspiraba a españolizar a los niños”, dijo Vilalta en referencia a la norma del PP.

El PSC, sin embargo, se mostró de acuerdo con la salida que apunta la sentencia, según interpreta el Gobierno, esto es, que en vez de una se den dos materias troncales en castellano. Los socialistas no acudieron a una reunión en el Parlament convocada por el consejero González-Cambray. Y Salvador Illa, su líder, dijo que no le parece mal dar dos asignaturas en castellano. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió, por el contrario, que en Cataluña la única lengua vehicular sea el catalán, y añadió: “Para opciones distintas existe la educación privada”.

El consejero catalán de Educación envió este miércoles una carta a los directores de los colegios en los que les pidió que continúen aplicando el actual modelo lingüístico. “No tenéis que hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia. El Departamento de Educación estará siempre a vuestro lado”, reza la misiva.