El Gobierno entierra la ley Wert con la nueva reforma educativa

El Ministerio de Educación ya tiene lista su propuesta para reformar la actual ley educativa (Lomce), conocida como ley Wert. A grandes rasgos, recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la norma que aprobó el PSOE en 2006, aunque incluye novedades como el impulso de un plan personalizado para los alumnos repetidores, que podría incorporar contenidos y exámenes diferentes a los del resto del grupo. Serán los profesores los que decidan qué estrategia emplear en cada caso. Es la primera vez que una ley contempla un plan de este tipo. Según el informe PISA, uno de cada tres alumnos de 15 años estaba repitiendo curso en España en 2015, el triple que en la media de los países de la OCDE.

El documento Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no contiene una medida clara sobre el conflicto lingüístico en las escuelas de Cataluña. Solo establece que se incluirá una regulación acorde con las dos sentencias del Tribunal Constitucional que fallaron contra la ley Wert y su plan para garantizar la escolarización en castellano.

La oposición política a la Lomce llevó en 2013 a los grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito el compromiso de derogar la Lomce en la siguiente legislatura.

La reforma se someterá a consulta de las organizaciones educativas y órganos de la Administración —como el resto de ministerios— y la propuesta definitiva se elevará al Consejo de Ministros a finales de año. Como ya adelantó la titular de Educación, Isabel Celaá, se suprimen los llamados itinerarios en tercero y cuarto de la ESO; se eliminan las reválidas —que en la actualidad están suspendidas—; se incluye Ética como asignatura obligatoria —bajo el nombre de Educación en valores cívicos y éticos—; queda eliminada la llamada demanda social para el acceso a la educación concertada; y Religión ya no será materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato. Las calificaciones que obtengan los alumnos que cursen la asignatura católica no serán computables para obtener la nota media de acceso a la Universidad.

Estos son algunos de los detalles de la reforma en sus puntos principales:

Conciertos y acceso. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada. Para ello, se eliminará la referencia a la llamada "demanda social", por la que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. Con la Lomce, la concertada puede ofertar más plazas a petición de las familias. Celaá ya consideró ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la educación concertada”.

Para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros "que se organicen bajo el principio de la coeducación".

Se modificarán los criterios de baremación para dar mayor puntuación a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

Equidad e inclusión. Se eliminarán los polémicos itinerarios educativos para asegurar que “cualquier opción” curricular elegida en la ESO conduce a la misma titulación. Ahora los alumnos tienen que decidir al acabar 3º de secundaria el camino a seguir, si Formación Profesional o Bachillerato. Y en 4º, asignaturas como matemáticas ofrecen dos niveles de dificultad en función del camino escogido, lo que, finalmente, determina si se obtiene un título u otro. “La segregación temprana, que da lugar a distintas titulaciones, impide que muchos alumnos con dificultades cursen Bachillerato o FP de grado superior”, señala el documento.

Se establece un plan individualizado para los alumnos repetidores. Serán los centros educativos y los docentes los que decidirán cómo configurarlo y si el alumno debe recibir unos contenidos distintos o someterse a exámenes diferenciados. En el caso de Bachillerato, los alumnos repetidores podrán cursar únicamente las asignaturas suspensas, no la totalidad del curso. Los de primero, podrán escoger además algunas materias de segundo, siempre que no sean las mismas que no consiguieron superar en primero. El sistema pretende imitar la fórmula universitaria, donde los alumnos eligen las asignaturas de las que se matriculan.

Por otra parte, se incentivará a los centros a que tomen “medidas educativas” que eviten la repetición del alumno para evitar su fracaso académico. Será la Junta de Evaluación la encargada de decidir la propuesta.

Religión. “Respetando los acuerdos con la Santa Sede”, dice el texto, se deja de considerar Religión como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato, es decir, su oferta no será obligatoria en los centros. Así se evita que la calificación obtenida al cursarla se tenga en cuenta para calcular la media de acceso a la Universidad o la obtención de becas. Además, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a Religión, la llamada "asignatura espejo", que hasta ahora ha sido ética. Educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.

Autonomía y dirección. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento.

Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos.

Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros -la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias- dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.

Los centros bilingües se llevan un varapalo. La normativa eliminará la posibilidad de contratar por “procedimientos diferentes a los ordinarios” a personas nativas para la enseñanza en otro idioma de diferentes asignaturas, algo que se ha detectado que ocurre en algunos centros, especialmente de la Comunidad de Madrid.

Evaluación y reválidas. Se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.

Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que permitan conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así "mejorar las políticas públicas".

Se implantará un “plan individualizado” con orientación académica y profesional para el alumnado que abandone el sistema educativo sin el título de secundaria obligatoria.

Etapas formativas. La educación primaria, de los seis a los 11 años, se vuelve a organizar en tres ciclos de dos años cada uno. Ahora se evalúa a los alumnos cada año, curso a curso, de modo que pueden repetir curso si su momento de maduración no está al nivel esperado. Al evaluarlos cada dos cursos, se espera que las capacidades de unos alumnos y otros se vayan igualando para pasar de ciclo con el menor fracaso posible.