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El Gobierno entierra la ley Wert con la nueva reforma educativa

El ministerio incluye planes personalizados para que los alumnos repetidores puedan salir adelante. Se eliminan los itinerarios y Religión no computará en Bachillerato

Alumnos en el colegio público Fernando de los Ríos de Las Rozas (Madrid).

El Ministerio de Educación ya tiene lista su propuesta para reformar la actual ley educativa (Lomce), conocida como ley Wert. A grandes rasgos, recupera muchos de los aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la norma que aprobó el PSOE en 2006, aunque incluye novedades como el impulso de un plan personalizado para los alumnos repetidores, que podría incorporar contenidos y exámenes diferentes a los del resto del grupo. Serán los profesores los que decidan qué estrategia emplear en cada caso. Es la primera vez que una ley contempla un plan de este tipo. Según el informe PISA, uno de cada tres alumnos de 15 años estaba repitiendo curso en España en 2015, el triple que en la media de los países de la OCDE.

El documento Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no contiene una medida clara sobre el conflicto lingüístico en las escuelas de Cataluña. Solo establece que se incluirá una regulación acorde con las dos sentencias del Tribunal Constitucional que fallaron contra la ley Wert y su plan para garantizar la escolarización en castellano.

La oposición política a la Lomce llevó en 2013 a los grupos parlamentarios —a excepción de UPyD y los dos diputados de UPN y Foro Asturiano— a acordar por escrito el compromiso de derogar la Lomce en la siguiente legislatura.

La reforma se someterá a consulta de las organizaciones educativas y órganos de la Administración —como el resto de ministerios— y la propuesta definitiva se elevará al Consejo de Ministros a finales de año. Como ya adelantó la titular de Educación, Isabel Celaá, se suprimen los llamados itinerarios en tercero y cuarto de la ESO; se eliminan las reválidas —que en la actualidad están suspendidas—; se incluye Ética como asignatura obligatoria —bajo el nombre de Educación en valores cívicos y éticos—; queda eliminada la llamada demanda social para el acceso a la educación concertada; y Religión ya no será materia de oferta obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato. Las calificaciones que obtengan los alumnos que cursen la asignatura católica no serán computables para obtener la nota media de acceso a la Universidad.

Estos son algunos de los detalles de la reforma en sus puntos principales:

Conciertos y acceso. El objetivo primordial es “mejorar el sistema de admisión” de la escuela concertada. Para ello, se eliminará la referencia a la llamada "demanda social", por la que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados. Con la Lomce, la concertada puede ofertar más plazas a petición de las familias. Celaá ya consideró ese concepto “un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considera subsidiaria de la educación concertada”.

Para evitar la segregación por sexo, se prescindirá en el texto de la alusión a que “la educación diferenciada no se considera discriminación por género” y se dará prioridad en el régimen de conciertos a los centros "que se organicen bajo el principio de la coeducación".

Se modificarán los criterios de baremación para dar mayor puntuación a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

Equidad e inclusión. Se eliminarán los polémicos itinerarios educativos para asegurar que “cualquier opción” curricular elegida en la ESO conduce a la misma titulación. Ahora los alumnos tienen que decidir al acabar 3º de secundaria el camino a seguir, si Formación Profesional o Bachillerato. Y en 4º, asignaturas como matemáticas ofrecen dos niveles de dificultad en función del camino escogido, lo que, finalmente, determina si se obtiene un título u otro. “La segregación temprana, que da lugar a distintas titulaciones, impide que muchos alumnos con dificultades cursen Bachillerato o FP de grado superior”, señala el documento.

Se establece un plan individualizado para los alumnos repetidores. Serán los centros educativos y los docentes los que decidirán cómo configurarlo y si el alumno debe recibir unos contenidos distintos o someterse a exámenes diferenciados. En el caso de Bachillerato, los alumnos repetidores podrán cursar únicamente las asignaturas suspensas, no la totalidad del curso. Los de primero, podrán escoger además algunas materias de segundo, siempre que no sean las mismas que no consiguieron superar en primero. El sistema pretende imitar la fórmula universitaria, donde los alumnos eligen las asignaturas de las que se matriculan.

Por otra parte, se incentivará a los centros a que tomen “medidas educativas” que eviten la repetición del alumno para evitar su fracaso académico. Será la Junta de Evaluación la encargada de decidir la propuesta.

Religión. “Respetando los acuerdos con la Santa Sede”, dice el texto, se deja de considerar Religión como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato, es decir, su oferta no será obligatoria en los centros. Así se evita que la calificación obtenida al cursarla se tenga en cuenta para calcular la media de acceso a la Universidad o la obtención de becas. Además, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a Religión, la llamada "asignatura espejo", que hasta ahora ha sido ética. Educación en valores cívicos y éticos pasará a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de primaria y en otro curso de secundaria, aún por determinar.

Autonomía y dirección. El objetivo es evitar que el director “sea el único órgano de gobierno en los centros educativos”, señala la propuesta. La Lomce quitó poder a los consejos escolares, que recuperarán ahora competencias. Además, se modificará su composición en los centros concertados para reincorporar al representante del Ayuntamiento.

Se cambiará el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del consejo escolar (integrado por las familias y los docentes). En la actualidad, las comunidades autónomas deciden si la elección del director recae en la Administración o en el consejo escolar, lo que ha originado una gran dispersión de modelos.

Además, se evitará que la autonomía pedagógica de los centros -la Lomce permite que los colegios e institutos puedan, por ejemplo, definirse como especializados en ciencias- dé lugar a la selección del alumnado, señala el documento.

Los centros bilingües se llevan un varapalo. La normativa eliminará la posibilidad de contratar por “procedimientos diferentes a los ordinarios” a personas nativas para la enseñanza en otro idioma de diferentes asignaturas, algo que se ha detectado que ocurre en algunos centros, especialmente de la Comunidad de Madrid.

Evaluación y reválidas. Se prohíbe utilizar los resultados de las evaluaciones de los alumnos para establecer una clasificación de centros, los rankings. Este punto se recupera de la LOE.

Las reválidas al final de 6º de primaria y 4º de la ESO se convertirán en “evaluaciones muestrales y plurianuales” que permitan conocer el estado del sistema educativo y favorecer la rendición de cuentas por parte de los centros para así "mejorar las políticas públicas".

Se implantará un “plan individualizado” con orientación académica y profesional para el alumnado que abandone el sistema educativo sin el título de secundaria obligatoria.

Etapas formativas. La educación primaria, de los seis a los 11 años, se vuelve a organizar en tres ciclos de dos años cada uno. Ahora se evalúa a los alumnos cada año, curso a curso, de modo que pueden repetir curso si su momento de maduración no está al nivel esperado. Al evaluarlos cada dos cursos, se espera que las capacidades de unos alumnos y otros se vayan igualando para pasar de ciclo con el menor fracaso posible.

El Gobierno establecerá más del 50% del contenido y las horas de cada materia

Ana Torres / Jessica Mouzo

La propuesta de reforma de la actual ley educativa contiene un séptimo capítulo que con el nombre Modelo Territorial regula la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para definir los contenidos curriculares y el número de horas dedicadas a cada asignatura. El documento recupera la fórmula de la LOGSE (ley educativa de 1990) y de la LOE por la que el ministerio determina el 55% de los contenidos de todas las asignaturas que se cursan en las autonomías con lengua cooficial, y el 65% en el resto.

Eso quiere decir que, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, el ministerio fija el 55% del contenido y de las horas totales que deben impartirse de esa materia —en el caso de las regiones con lengua cooficial—. El otro 45% lo determinan las comunidades autónomas. Con ese modelo, el ministerio persigue un plan común para toda España, que no haya tantas diferencias en el programa académico entre una región y otra.

La actual ley (Lomce) utiliza un sistema distinto: no emplea porcentajes. Divide las asignaturas en troncales (las obligatorias que fija el Estado), y opcionales y de libre configuración (que determinan las comunidades autónomas en su totalidad). Este otro modelo implica grandes diferencias entre las materias que se estudian en cada autonomía. El ministerio busca con el cambio que plantea, un mayor consenso y colaboración entre el Estado y las comunidades.

Respecto a la enseñanza de las lenguas, el documento no es claro y solo precisa que se aprobará una “regulación acorde” a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado febrero. El fallo anuló los artículos de la Lomce por los que el Gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano. “El sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias” entre Administraciones, sostuvo la sentencia.

La Lomce fijaba que la Administración autonómica tendría que compensar con hasta 6.057 euros (el coste de una plaza en un centro público) a los alumnos que quisieran recibir la educación en castellano y ante la falta de oferta de esa opción en el sistema público, se viesen obligados a matricularse en un centro privado. Este punto de la ley Wert recibió un fuerte varapalo de la justicia por invasión de competencias.

Sobre el porcentaje que deberán ocupar cada una de las lenguas, el documento no contiene ninguna especificación por el momento. El peso de los idiomas cooficiales en la escuela varía en cada comunidad, que dispone, a su vez, de un modelo lingüístico diferente: en Galicia se imparten las materias a partes iguales en castellano y gallego; en la Comunidad Valenciana se establece un 25% de horas en castellano, un 25% en valenciano y un 15% o 25% en inglés; en Baleares, al menos el 50% de las clases se imparten en catalán; en el País Vasco, los padres pueden elegir la escolarización en cualquiera de las lenguas cooficiales, aunque el modelo del euskera como idioma vehicular es el mayoritario. En Cataluña está el modelo de inmersión lingüística, donde todas las materias (excepto Lengua Castellana) se imparten en catalán.

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