Editorial
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Recta final

La nueva ley educativa tiene aspectos positivos, pero necesita mayor consenso

Isabel Celaá durante la presentación de HAZ, Alianza por la Educación, el pasado 29 de octubre.
Isabel Celaá durante la presentación de HAZ, Alianza por la Educación, el pasado 29 de octubre.Eduardo Parra (Europa Press)

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox, la nueva ley de educación que se discute en el Congreso, la octava desde 1978, enfila la recta final de tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor el próximo curso. La Lomloe derogará gran parte de los cambios introducidos por la controvertida ley Wert (Lomce), entre ellos los itinerarios que segregaban a los alumnos o las reválidas de fin de etapa. Sería deseable, no obstante, que la nueva ley alcance el mayor consenso posible, de forma que se puedan evitar los vaivenes legislativos que tanto perjudican a la educación.

Existe un amplio acuerdo sobre aspectos importantes, como la reforma de la carrera docente, la autonomía de centros o la implantación de mecanismos de evaluación. La negociación de las enmiendas ha permitido introducir retoques destinados a reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades, entre ellos un reparto más equilibrado del alumnado vulnerable entre la red pública y la concertada mediante comisiones de matriculación y criterios preestablecidos de admisión. En estos momentos, los centros públicos tienen el 67% del alumnado, pero acogen al 79% de los niños de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja. Se trata de evitar que los centros concertados eviten a alumnos desfavorecidos mientras los públicos se convierten en guetos.

También es razonable que los centros que segreguen a los alumnos por sexo no puedan recibir financiación pública, lo que afecta a más de ochenta de ellos, en su mayoría religiosos, que imparten educación diferenciada. Aunque el Tribunal Constitucional sostiene que este tipo de educación no es discriminatoria, choca con los principios de equidad y coeducación que la ley defiende. Del mismo modo, resulta lógico que no pueda destinarse suelo público a la construcción de centros privados.

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Más polémico es el acuerdo para eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional que figura en la ley Wert y dejar al criterio de las autoridades educativas el tratamiento concreto que tendrá cada idioma en las comunidades con lengua cooficial. La supresión no tiene por qué perjudicar al castellano, dada su condición de lengua oficial. Lo que procura es blindar el modelo de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña. Los partidos de la oposición ya han anunciado que lo recurrirán ante el Constitucional, pues estiman que deja desprotegido al castellano.

La inmersión lingüística ha demostrado hasta ahora ser un instrumento eficaz para proteger al catalán, la lengua minorizada, sin perjudicar al castellano. Las pruebas de nivel o de acceso a la universidad indican que la inmersión no hace que los alumnos catalanes acaben sus estudios con un menor nivel de castellano que el resto de los alumnos españoles. Es importante insistir, en todo caso, en una aplicación flexible del modelo de inmersión lingüística. Eso significa reforzar el castellano como lengua vehicular en las zonas de dominio social del catalán y reforzar el catalán en los lugares de preeminencia social del castellano. No se trata tanto de fijar porcentajes rígidos y homogéneos de materias en castellano o en catalán, sino de asegurar que se alcance el objetivo de que al final de la escolarización todos los alumnos alcancen un nivel de bilingüismo que les permita dominar por igual, y al máximo nivel posible, ambas lenguas.

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