Columna
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La nomenklatura del ‘procés’

En la última década no se ha formado una clase dirigente con capacidad o influencia para desarrollarse más allá de la Generalitat

Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat, esta semana.
Pedro Sánchez y Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat, esta semana.David Zorrakino (Europa Press)

A lo largo de la última década la independencia ha estado en el primer punto de la agenda política en Cataluña. Los dos principales partidos que la defienden —Esquerra y las sucesivas transfiguraciones de Convergència—, aunque competían por la hegemonía en el mismo espacio nacionalista desde tiempo atrás, compartieron estrategia durante el lustro 2012 y 2017. Ese año perdieron el pulso insurreccional que plantearon al Estado. Desde entonces la estrategia de uno y otro ha sido opuesta y la distancia creciente entre ambos partidos ha ido averiando la acción de la Generalitat. Más y más. Y aquí estamos. Tras el gatillazo del aeropuerto la semana pasada, esta nos ha tocado vodevil y enredos a propósito de quién integraba y quién no la delegación catalana en la mesa de diálogo.

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No ha sido un episodio menor: Junts ha intentado boicotear, a las claras y desde dentro, el giro estratégico de su socio estable y el único posible. Después de eso, ¿cómo los “enemigos íntimos” —para decirlo con el título de la espléndida crónica de los periodistas March y Serra— pueden seguir gobernando en coalición? Por diversos motivos. El principal es el mantenimiento del pacto de gobierno, ni que sea en cuidados intensivos, porque garantiza el cumplimiento de una cláusula no escrita: la permanencia en el poder institucional de una nomenklatura nutrida por una autonomía que ellos mismos prometieron quebrar.

Para impugnar la burocratización del Estado soviético, dos disidentes sustanciaron una teoría crítica sobre la nomenklatura. Primero Milovan Djilas en La nueva clase, después Michael Voslensky en Nomenklatura. Uno la aplicó al caso yugoslavo, el otro al ruso. Los dos explicaron que quienes estaban en el vértice de la burocracia se había hecho con el control de puestos clave del poder político. Desde esas posiciones habían acabado por constituirse en clase privilegiada y dominante —que no es lo mismo que clase dirigente—. No estaban allí por su pericia en el ejercicio de su responsabilidad ni tampoco por su capacidad de liderazgo. Estaban donde estaban, y el lugar podía ser intercambiable, porque formaban parte del aparato del partido. En la Generalitat ha ido consolidándose una dinámica similar y parece difícil de corregir.

Son 40 millones en sueldos y entre 500 y 600 altos cargos, como enumeró y cifró la prensa durante las negociaciones para formar gobierno, que dependen del mantenimiento de dicho pacto entre Junts y Esquerra. Están en la Mesa del Parlament, en los despachos de consellers del actual gobierno y del anterior, en la presidencia de empresas públicas… Son jóvenes cuya enseñanza general básica fue la obediencia aprendida en su partido, académicos sin plaza fija, una nómina selecta de periodistas en excedencia. Ellos constituyen la nomenklatura del procés. Así, legislatura tras legislatura, han conformado una clase con escasa renovación, que impide el mejoramiento de la administración y sin incentivos profesionales, más bien lo contrario, para modificar la agenda de prioridades de la Generalitat.

Podría pensarse que esta dinámica se replica en otras instituciones donde no se respira el oxígeno de la alternancia. La singularidad del caso actual, si se compara con la posición de sus predecesores en el período democrático, es que en la última década no se ha formado una clase dirigente con capacidad o influencia para desarrollarse más allá de la Generalitat. Sobrevive en la autonomía u orbitando entorno a ella. Dicho con otras palabras: se ha quedado sin palancas para ejercer cargos de responsabilidad en el sector privado equiparables a los que desempeñan en el público. Claro que hay excepciones, en especial entre quienes tenían una carrera profesional previa. Para los profesionales del procés, en cambio, las puertas giratorias se han atascado. Ni están ni se les espera en consejos de administración de grandes empresas ni para ocupar cargos en puestos clave del Estado. Sí ocurrió en tiempos del pujolismo. Sí le sigue pasando a un empoderado PSC. Para la nomenklatura actual, más allá de la Generalitat, nuestro desierto.

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Sobre la firma

Jordi Amat

Filólogo hispánico reconvertido en opinador y crítico literario. Los sábados publica reseñas sobre no ficción en Babelia y los domingos una columna buscando las raíces de la actualidad política. Ha estudiado la reconstrucción de la cultura democrática catalana y española, y su último libro es la novela de hechos reales 'El hijo del chofer'.

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