El diálogo en Cataluña empieza con el Govern fracturado por el golpe en la mesa de Aragonès

El Ejecutivo catalán que preside ERC había logrado, a diferencia del anterior, de Quim Torra, mantener a raya el ruido de sus discrepancias. Hasta el martes. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un ejercicio inédito de autoridad, dejó en suspenso la participación de sus socios de Junts en la mesa de diálogo con el Gobierno central que se celebra este miércoles en Barcelona. Junts quería que a ese foro asistieran en su nombre dos de los exlíderes del procés indultados, Jordi Turull y Jordi Sànchez. El jefe del Govern se negó, argumentando que no son consejeros, e invitó a proponer otros nombres. En Junts no dieron su brazo a torcer y por tanto la reunión para intentar solucionar el conflicto político, uno de los puntos clave de la legislatura, empieza con sillas vacías y exhibiendo la fractura en el Ejecutivo catalán.

“Tenemos una oportunidad y no la pienso desaprovechar”, dijo Aragonès el martes en una comparecencia extraordinaria tras la reunión semanal del Gabinete catalán. La reunión de los consejeros comenzó con alto voltaje después de que desde Junts le comunicaran al president los nombres de sus delegados en la mesa. El partido que lidera Carles Puigdemont había evitado revelarlos hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara si asistiría a la cita, algo que sucedió el pasado lunes, por la noche, durante una entrevista en TVE.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, comunicó a Aragonès que, además de él, la delegación la conformarían el vicepresident, Jordi Puigneró, Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. El enfado en las filas republicanas fue mayor cuando, casi al mismo tiempo, desde el partido de Puigdemont enviaban un comunicado con el listado. El malestar obligó a parar la reunión del equipo de gobierno.

En Junts, siempre muy escépticos respecto a la vía de diálogo, se pasaron todo el verano arremetiendo contra la manera en la que estaba planteada la mesa. Pero para fuentes republicanas, lo del martes ya pasa de la simple retórica a un ataque directo contra uno de los elementos centrales de la legislatura y del plan de ERC para lograr forzar la celebración de un referéndum de independencia.

Los de Puigdemont argumentaban que en ningún sitio del pacto de gobierno se explicitaba que los representantes de la mesa tuvieran que ser consejeros del Ejecutivo catalán. Aragonès se había pasado el verano insistiendo en esa idea, justamente después de que unas declaraciones de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, fueran entendidas como un deseo de que Oriol Junqueras se sentara en ese foro de diálogo. Fuentes del partido de Aragonès dicen que había un acuerdo “no verbal” sobre que fueran consellers los miembros de la delegación catalana. Sànchez negó este extremo.

El president dio un golpe en la mesa al firmar un decreto en el que confirmaba a los representantes de ERC (él mismo y los consejeros Laura Vilagrà y Roger Torrent) y dejaba abierto el camino a Junts. “La puerta de la delegación está abierta para otros miembros del Gobierno que propongan”, dijo Aragonès. “Las delegaciones son de Gobierno, es la manera de representar al país al completo”, zanjó.

En el Palau de la Generalitat se han vivido momentos de tensión a cuenta de la indecisión mostrada por Pedro Sánchez sobre si asistir o no al encuentro. Aún no hay un orden del día y los republicanos temían por el futuro de una pieza fundamental en su relato. Tras capear las críticas de Junts todo el verano y la presión de la Diada de la semana pasada, el sí de Sánchez les dio un respiro. Pero no se esperaban el golpe de Junts. “Pido la máxima lealtad de todo el mundo, no es la lealtad a una persona de un partido, sino al máximo representante del autogobierno”, pidió Aragonès, que insistió en que defenderá en la mesa la propuesta del referéndum de independencia y la amnistía para los implicados en el procés [el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017].

La Moncloa aplaudió la decisión del jefe del Govern, que de entrada implica que en la mesa de diálogo solo se sienten los convencidos por esa salida al conflicto territorial. “El marco siempre ha sido el de dos delegaciones de trabajo de ambos gobiernos. No entendemos otro marco, por eso apoyamos la propuesta que acaba de lanzar el president de la Generalitat”, dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

Incluso Pedro Sánchez aprovechó la coyuntura para lanzar un mensaje a ERC y a su decisión de poner un límite temporal al diálogo, al someterlo a un examen por parte del independentismo en 2024. “Para evitar frustraciones, no nos pongamos plazos, y mucho menos dos años. Lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años no lo vamos a resolver en dos años ni en tres ni en cuatro”, defendió.

Pese al carácter paquidérmico del desencuentro, tanto Aragonès como Jordi Sànchez intentaron quitarle hierro y separarlo del día a día del Ejecutivo. ERC y Junts tienen por delante no solo la aprobación de un plan de gobierno, sino también unos presupuestos para 2021 e intentar encarrilar una fórmula para reactivar la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat. “El fracaso de la legislatura no se puede medir por lo que ha pasado con la mesa”, consideró Sànchez.

Sin adelanto electoral posible

El líder de Junts evitó en todo momento cargar contra Aragonès y dijo que la culpa del “veto” a su nombre y al del resto de propuestos por su partido era de La Moncloa. Una acusación que argumentó con el contenido de los tuits y la reacción del Gobierno ante su ausencia en la mesa. “No dejamos las sillas vacías, no nos han dejado entrar”, dijo el dirigente del partido de Puigdemont, que no descarta que en otro momento su partido pueda sumarse al foro. Más contundente fue la presidenta del Parlament, su correligionaria Laura Borràs: “Pedro Sánchez nos tiene donde nos quiere: peleándonos por el quién y no por el qué”, escribió en Twitter.

ERC espera que de la reunión no solo salga una foto, y que Aragonès pueda exhibir una metodología para el diálogo y tal vez un cronograma de reuniones. Ambas partes defienden que tras el parón pandémico no se puede entrar en frío a discutir el centro del asunto. Sánchez recordó en TVE que el referéndum es inconstitucional.

Legalmente es imposible un adelanto electoral en Cataluña. No se puede convocar de nuevo a las urnas hasta que haya pasado, al menos, un año después de la puesta en marcha del actual Ejecutivo. Ninguna de las dos fuerzas independentistas quiere ser la culpable de romper el matrimonio de conveniencia. El Govern, que comenzó su andadura debatiendo sobre variados foros para resolver sus roces, se encuentra que, pese al cambio de caras, sus diferencias irreconciliables siguen allí.