Perder el juicio

Conviene no distraerse en esa discusión inacabable en torno a la politización de la justicia. Los partidos han abierto ese melón para eludir la responsabilidad del relevo en el órgano de gobierno de los jueces. Por más que quiera pintarlo de otro modo, con novedosas reformas por hacer, el PP ha bloqueado una institución democrática hasta provocar en la calle una impresión deleznable sobre la independencia de los magistrados. El bloqueo vino precedido por el llamado striptease Cosidó, que consistía en un mensaje de móvil por el cual ese partido se vanagloriaba de controlar por la puerta trasera la nueva composición del órgano. Un ataque de orgullo dio al traste con el enjuague. Pero hoy, tras la prolongación de la parálisis, queda en la opinión pública una certeza penosa y es que ese partido quiere vetar y controlar a los jueces para garantizarse sentencias satisfactorias en sus conflictos penales y administrativos. A ello ha venido a contribuir la discrepancia entre juzgados locales por las medidas de confinamiento y la discutida sentencia del Tribunal Constitucional contra la pertinencia del uso del Estado de Alarma en el momento más dramático del contagio masivo.

Quizá los jueces merezcan que los defienda mejor quien dice defenderlos. Es evidente que los nombramientos judiciales tienen que mantener una correa de transmisión con la representación parlamentaria, de otro modo sería imposible que la democracia influyera en la sociedad. A la vez, la ley, como hemos visto en todos los casos de desmesura emprendida desde cualquier poder, es la única barrera de protección del ciudadano frente a sus dirigentes. Se ha hablado mucho del varapalo gubernamental en el caso del Constitucional, con su reñida decisión final. Pero se habla menos de otros casos notables. La Audiencia Nacional anuló la prolongación que firmó Mariano Rajoy de la concesión a una empresa papelera en la ría de Pontevedra. Fueron 60 años de prórroga firmados en un apaño político ahora por escrutar. Lo contrario sucedió con la paralización de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra. El hecho de que el Gobierno venezolano estuviera detrás de los accionistas despertó sospechas en quienes ven la paja en ojo ajeno pero no la viga de la corrupción en el propio. Un tribunal ha declarado que no hay motivo para suspender por el momento el rescate.

Y acaso más trascendente para el ciudadano de a pie sea la sentencia del Superior de Madrid que considera que el Gobierno de esa Comunidad vendió de manera ilegal nada menos que 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversión. La mitad de los vecinos afectados ya no residen en lo que eran sus casas porque el fondo Azora les subió tanto los precios de los alquileres que propició un desahucio. Es uno de los escándalos más dramáticos de los últimos años. Que un Gobierno venda las casas protegidas de sus ciudadanos alimenta esa imagen de desamparo de las personas frente al poder. Estas sentencias, como otras más difíciles de defender, algunas de ellas tan grotescas como la de las falsificaciones de firma de una política metida a arquitecta, nos indican que los jueces son imposibles de categorizar a bulto. Como todos los profesionales merecen la confianza en su independencia hasta que la mancillan. Por eso es tan grave que un bloqueo deteriore su imagen pública de modo generalizado.