Numantinismo inconstitucional

La apertura del año judicial, un acto solemne presidido por el rey Felipe VI que sirve para lucir el valor de la Justicia y la independencia de ese poder clave del Estado, llega en el peor momento de la reciente etapa democrática.

El Gobierno de los jueces, un órgano encargado de elegir a los cargos de las distintas instancias judiciales, de informar sobre proyectos de ley del Gobierno y de aplicar la función disciplinaria dentro de la carrera judicial, lleva casi tres años con el mandato caducado y, desde hace unos meses, sin hacer nombramientos.

La reforma legal que impulsó el Gobierno prohíbe al caducado CGPJ nombrar jueces para audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional o Supremo. Eso implica, en muchos casos, dejar vacantes puestos clave por jubilación o fallecimiento del titular, lo que complica el funcionamiento de la Administración de Justicia.

La actual situación del Consejo supone un grave incumplimiento de la Constitución por parte del Poder Legislativo, al que corresponde renovar ese órgano mediante la elección de 20 nuevos vocales. Este incumplimiento solo es atribuible al PP de Pablo Casado, atrincherado en su rechazo a cualquier acuerdo y sin cuyos votos es inviable la renovación.

El líder conservador ha dado muestras claras de su filibusterismo para justificar el bloqueo con excusas variopintas. Casado condiciona ahora la renovación a una reforma legislativa que deje en manos de los jueces la designación de 12 de los 20 vocales. Es la misma idea con la que el PP se presentó a las elecciones generales de 2011 que ganó con mayoría absoluta. El Gobierno de Rajoy prometió en el Congreso aprobar una ley para devolver a los jueces la potestad de elegir a 12 de los 20 vocales y redactó un proyecto de ley para el que tenía mayorías absolutas y suficientes en el Congreso y en el Senado. Pero Rajoy retiró esa propuesta apenas seis meses después de llegar a La Moncloa.

El PP pensó entonces, estando ellos en el Gobierno, que no era la hora de entregar ese poder a los jueces. El mensaje de WhatsApp de un dirigente del partido dirigido a los suyos explicó crudamente la estrategia cuando tenían pactada en 2018 con el PSOE la renovación del CGPJ con la propuesta del magistrado Manuel Marchena como presidente. El mensaje se congratulaba porque Marchena les controlaría “por la puerta de atrás” la Sala de lo Penal, la que enjuicia a los políticos corruptos.

La publicación de aquel whatsapp consiguió, por primera vez en la historia de la democracia, que un magistrado renunciara a la plaza más deseada. Marchena rechazó aquel premio, lo que frustró la renovación.

El PP de Casado no reivindicó entonces que los jueces eligieran a 12 de los vocales, solo intentó renovar el Poder Judicial para situar al frente de ese órgano a un magistrado con el que “controlar por la puerta de atrás” la sala de lo Penal del Supremo, la misma que sentenció la grave corrupción del PP en el caso Gürtel.

España ha experimentado en los últimos 40 años varios modelos de Gobierno de los jueces, todos ellos constitucionales: el de la elección corporativa por parte de los propios jueces; el de la elección parlamentaria, o el de la elección mixta, como el actual. El Congreso y el Senado eligen ahora a 12 de los 20 vocales de entre una lista de jueces que proponen los propios jueces. El resto (ocho vocales) pertenece a la categoría de juristas de reconocido prestigio —no tienen que ser jueces obligatoriamente— que son elegidos directamente por el Congreso y el Senado. Esto ha permitido en los últimos años que cargos del PP y del PSOE pertenezcan al órgano de Gobierno de los jueces, algo que debería corregirse en el futuro.

Nos puede gustar más o menos cada uno de los tres modelos de elección del Poder Judicial, pero el vigente es tan constitucional como cualquier otro y hay que cumplirlo, algo a lo que se niega el Partido Popular. El actual modelo de elección está vigente desde 1986, tiene el aval del Tribunal Constitucional y en sus 35 años de vida solo ha encallado cuando el PP ha estado, como ahora, en la oposición. Rajoy bloqueó dos años la renovación siendo presidente Rodríguez Zapatero.

La manipulación de la Justicia por parte del poder político es una de las asignaturas pendientes de la democracia. El bloqueo impuesto por el PP no se resuelve por la vía que intentó el Gobierno de Pedro Sánchez —la eliminación de mayorías cualificadas para la renovación del Poder Judicial— y que retiró con acierto. Tampoco se ha resuelto con la prohibición de que realice nombramientos un CGPJ en funciones desde noviembre de 2018. A los bloqueadores no parece conmoverles ni el prestigio ni el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Es urgente que el PP rectifique y negocie la renovación del Poder Judicial garantizando que la elección de los nuevos vocales se haga sin vetos y respetando el pluralismo político. Después llegará el momento de plantear reformas del sistema. Pero aquí y ahora, un partido que ha gobernado España y que aspira a volver a hacerlo, como el que preside Casado, no puede mantener por más tiempo su veto a la renovación porque significa una vulneración inadmisible de las reglas de juego democrático.