En el medio del camino

Los actuales índices de vacunación han sido el resultado de una estrategia de inmunización que alcanza ya al 70% de la población española y ha permitido cumplir el objetivo que La Moncloa se había fijado. El otoño y el invierno serán diferentes a los de hace un año tanto en el impulso económico como en la protección sanitaria.

Lo que no parece haber cambiado es la aherrojada, alarmante crisis institucional nacida del bloqueo que el PP mantiene para la renovación de los órganos constitucionales: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y, muy especialmente, el Consejo General del Poder Judicial. Es sabido, pero conviene recalcarlo: sus 20 miembros debieron haber cesado hace ya más de dos años, sin que se haya visto ni en unos ni en otros la menor tentación de dimitir ante la extravagante situación que crea su continuidad. Las acrobacias retóricas de la oposición han pasado de basarse en una injustificable exclusión inicial de Podemos a la defensa de una elección gremial entre jueces, muy minoritaria en Europa.

El presumible tacticismo de la propuesta se cifra en que Pablo Casado sigue peligrosamente instalado en el sabotaje de un mandato constitucional. A la pérdida de prestigio de esas instituciones en la última legislatura se le une ahora la irresponsable negativa del PP a aceptar una renovación inexcusable de los cargos ya caducados.

No es el único frente abierto para el Gobierno. Los precios mayoristas de la luz producen una profunda desazón social, pero tienen una dimensión política que había quedado desatendida, aunque hoy el presidente Sánchez arriesga en este periódico un compromiso que nadie olvidará a final de año. Su nuevo Gabinete habrá de gestionar los problemas de coordinación interna visibles en el primer tramo de legislatura, pero también la construcción de alianzas parlamentarias fiables. Ambos frentes son cruciales para la aprobación, antes de final de año, de los Presupuestos Generales que deberán incluir los fondos europeos. Otros dos escollos son la reforma laboral y la segunda parte de la reforma de las pensiones que introduzca el índice de equidad generacional para resolver su problema de sostenibilidad. Ambas requerirán de guante blanco como parte nuclear del Plan Nacional de Resiliencia aprobado por Bruselas que España tendrá que presentar ante la Comisión. De su visto bueno dependen los pagos comprometidos en este primer tramo del plan de recuperación.

La mejora de la situación económica será efectiva y perceptible solo si logra ser socialmente equilibrada, pero esa no es responsabilidad exclusiva del Gobierno. El anclaje del PP en una negativa metódica no facilita la consecución de las reformas pendientes, algunas de ellas urgentes. Sin la lealtad del PP, no al Gobierno sino a una sociedad sacudida y castigada por la pandemia, el trayecto será más y más complicado, sin que se adivine una especial rentabilidad electoral en la estrategia del no a todo. Pese al mantra ya antiguo de un Gobierno en quiebra, no hay el menor indicio creíble de que sea esa la situación. Asumir que está lejos el periodo electoral puede facilitar a la oposición el camino hacia un compromiso democrático para que el PP deje de parecer ajeno a las inquietudes de la sociedad entera y cautivo solo de su votante más electrizado.