El TSJM reafirma la ilegalidad de la venta a un fondo de casi 3.000 viviendas de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reafirmado que la Comunidad de Madrid vendió ilegalmente en 2013 casi 3.000 viviendas sociales a un fondo de inversión. La sentencia, dada a conocer a las partes este jueves, hace extensivo a todas las viviendas el fallo favorable al afectado que inició el litigio.

El fallo, sin embargo, no reconoce derechos, de modo que ahora queda en el aire saber si todas las familias que vivían en los inmuebles en el momento de la venta van a beneficiarse. Solo 1.721 inquilinos originarios han permanecido en las viviendas; muchos otros se marcharon cuando el comprador, Encasa Cibeles (nombre comercial del fondo Azora), les subió el alquiler.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo, pero en un comunicado sobre el fallo, la Comunidad de Madrid parece aceptar su derrota definitiva. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura se ha comprometido a que las familias que han permanecido en las viviendas pasen a ser inquilinas de pleno derecho de la Comunidad. Una portavoz de la consejería dice que con independencia de este anuncio, los servicios jurídicos regionales están analizando la sentencia para decidir si recurrirán.

El Gobierno autonómico ha anunciado que creará un grupo de trabajo que se pondrá en contacto con las familias para citarlas y estudiar caso por caso las condiciones de sus contratos de arrendamiento. Los servicios jurídicos de la Comunidad entienden que su labor de registro debe limitarse a los actuales inquilinos. En cuanto a quienes se fueron a lo largo de estos ocho años, añade que de momento no constan reclamaciones de antiguos inquilinos.

Las más de 1.200 viviendas vendidas por Encasa Cibeles a terceros de buena fe no retornarán al parque de vivienda social de la Comunidad.

Por lo que respecta a Encasa Cibeles, los contribuyentes madrileños se enfrentan a una costosa reclamación por parte del fondo, que demanda los 201 millones que pagó por las viviendas, más el pago de daños y perjuicios.

La Comunidad vendió esas viviendas sociales para reducir el déficit presupuestario en el contexto de la gran recesión tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los tribunales han determinado que al proceder a la enajenación de esa parte de su patrimonio, el Gobierno regional no justificó, como exige la ley, el porqué dejaban de ser necesarios los inmuebles, que cumplen la labor social de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna.

Ocho años en el limbo

La Comunidad dice en el comunicado de este jueves ser consciente y sensible a la situación de especial necesidad en la que se encuentran estas familias, El Gobierno regional “realizará también un seguimiento familiar y vecinal y se les prestará apoyo social continuado a aquellas que lo necesiten”.

Pero la oposición ha criticado que el Gobierno regional haya dejado en el limbo durante ocho años a las familias afectadas, manteniendo una batalla judicial con recursos “inútiles”.

“El Gobierno de la señora Ayuso no tiene escapatoria”, ha dicho en Twitter la diputada de Podemos Alejandra Jacinto tras conocerse el fallo. “Las resoluciones deben ejecutarse de inmediato Hasta el fondo buitre ha requerido notarialmente a la Comunidad para que cumplan las resoluciones y las viviendas vuelvan a patrimonio público. El plazo acaba el 29 de septiembre”.

Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha arremetido contra el Gobierno regional en esa misma red social. “Las familias vuelven a ser inquilinas. El PP vuelve a demostrar que usa las instituciones para enriquecerse”.

El origen del largo litigio se remonta a 2013, cuando tras conocer la venta, un padre de familia de origen marroquí, Rachid Bouikov, inició una batalla de David contra Goliat. Con la ayuda de su abogado de oficio César Pinto, y teniendo en frente al equipo jurídico del fondo (propiedad del banco estadounidense Goldman Sachs) y la Comunidad de Madrid, se proclamaron victoriosos en marzo de 2020. Pero la Agencia de Vivienda Social (antigua Ivima) había tratado de reducir el alcance de la victoria de Bouikov por medio de un acuerdo del Consejo de Administración en junio del año pasado.

Ahora, el fallo del TSJM ha reiterado que la nulidad de la venta afecta no solo a la vivienda de Bouikov, en el municipio de Navalcarnero, sino a las 2.935 viviendas incluidas en el traspaso. Los inmuebles se encuentran en 11 municipios distintos de la Comunidad: Madrid capital, Collado Villalba, Valdemoro, Leganés, Navalcarnero, Torrejón de Ardoz, Parla, Arroyomolinos, Móstoles, Majadahonda y Tielmes.

César Pinto, abogado de Bouikov considera que la Comunidad de Madrid ha prolongado innecesariamente el litigio. Considera que la sentencia que dio la victoria a su representado era clara. “Han ido ganando tiempo, pero no sé hacia dónde querían ir”. Pinto lamenta que va a ser muy complicado localizar a las personas que se fueron de la vivienda para informarles de que pueden reclamar ser realojadas por la Comunidad, en caso de que su situación siga siendo de vulnerabilidad.

“El problema es que salvo que la Comunidad de Madrid se preocupe de localizarlas, que no se va a preocupar, va a ser muy difícil que se acaben beneficiando”, lamenta Bouikov. La portavoz de la Comunidad dice que si algún antiguo inquilino reclama será atendido.

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