Los trucos de Rocío Monasterio para suplantar la firma de 'arquitecta' (y otros desmanes)

Señala Émile Durkheim, en el ámbito de la sociología de las profesiones, que las ocupaciones alcanzan el estatus de profesión cuando sus miembros detentan un conocimiento exclusivo y, sobre todo, cuando se adhieren a un código de conducta ético al que se someten de forma voluntaria. Esta labor, en España, es la que ejercen los colegios profesionales.

En el caso de Rocío Monasterio se produce una paradoja que han sufrido los clientes de su estudio, el último conocido el presentador Arturo Valls. La dirigente de Vox gestionaba reformas para las que eran necesarios complejos trámites con un proyecto visado por un arquitecto, cosa que Monasterio no podía ofrecer porque no era arquitecta y por eso tampoco estaba sometida a código deontológico alguno.

Los planos que presentaba a sus clientes daban a entender lo contrario. Siempre, eso sí, cuidando no dejar su rúbrica manuscrita bajo el rótulo de arquitecta: o bien firmaba bajo "Monasterio y Asociados", o bien rotulaba el cajetín como "Arquitecto: Rocío Monasterio", pero lo dejaba sin firmar, o en una tercera versión firmaba como "dirección facultativa". Por eso, la líder del partido de ultraderecha en Madrid ha sido denunciada ante la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por José Manuel Calvo, doctor arquitecto y concejal de Ahora Madrid. En el último caso, incluso, el Colegio de Aparejadores ha declarado que el visado del documento para el loft de Arturo Valls fue falsificado, pues no guarda ningún documento equivalente en sus archivos. ¿Quizá sustituyó el cajetín de la aparejadora por el suyo?

El 'loft' no existe en la legislación española

Estos planos correspondían a reformas en edificios en suelo industrial bajo la denominación de loft. Un término que no existe en la legislación española y que tiende a asociarse al de vivienda, por lo que suele proponerse un cambio de uso del suelo. La realidad es que este cambio es muy complejo —en muchos casos imposible por la cantidad de adaptaciones que requiere el espacio y la normativa que hay que cumplir para que un local pueda ser declarado vivienda—, y necesita de la intervención de un arquitecto titulado. En muchas ocasiones, el resultado son viviendas ilegales ubicadas en suelos industriales, una práctica perseguida por los ayuntamientos, y más habitual en los años del boom inmobiliario.

Más allá de otras consideraciones, Monasterio no era arquitecta en las fechas que hemos ido conociendo, por lo que no podía firmar un proyecto de cambio de uso. Volviendo a Durkheim, la adscripción a un código ético profesional de la que hablaba el sociólogo no existía y esta es, de hecho, la razón esgrimida por el COAM para archivar la denuncia de Calvo: Monasterio no era colegiada en aquellas fechas, por lo que no puede aplicársele el código deontológico. Triunfa la paradoja y queda así la profesión desprotegida ante el uso indebido del título de arquitecto.

Queda, no obstante, la cuestión de la suplantación profesional, bastante más peliaguda en sus implicaciones, aunque probablemente prescrita, y que el colegio, entiendo, debería valorar no tanto como una cuestión de títulos y fechas sino como una de desprestigio de la profesión.

De cuando Monasterio se inventó un máster

La Arquitectura pertenece en España a las llamadas "profesiones reguladas", esto es: es necesario un requisito previo para su ejercicio que, en este caso, se sustancia en la posesión de un título habilitante obtenido a través de los planes de estudio que establecen, bajo la tutela del Ministerio de Educación, las diferentes universidades.

Quizá sea este un buen punto para referirse a la curiosa relación de títulos que según la dirigente de Vox la habilitan para la profesión que puede ejercer desde 2009 —año en que aprobó su proyecto de fin de carrera (PFC)— y en ningún caso antes. Señalaba Monasterio en su cuenta de Twitter:

En España coexisten varias acreditaciones relativas al ejercicio de la Arquitectura, las anteriores y las posteriores al plan Bolonia. Antes se obtenía el título de arquitecta tras cursar las asignaturas y entregar y aprobar un PFC. En la actualidad, tras un grado no habilitante de cinco años de duración y un máster habilitante de un año se obtiene el título de Máster Habilitante en Arquitectura. Ambos títulos son, como no podría ser de otra forma, equivalentes y se equiparan a un nivel europeo MECES 3 (máster).

Peca la diputada de la Comunidad de Madrid de aquello que ella misma critica: inventarse varias cosas y entre ellas, un máster. No existe la arquitectura superior (salvo que se posea un ego importante, muy común en algunos sectores de la profesión), y desde luego no existen ni el grado superior ni el máster en Urbanismo. Monasterio se refiere —es una de las imágenes que aporta en su tuit— a la aprobación de la equivalencia de su título (arquitecta) con los actuales (máster habilitante), lo que no implica que ella posea máster alguno y, menos aún, que este sea en Urbanismo.

Urbanismo era una de las especialidades del plan 1975, el que fundamentalmente cursó la actual diputada de Vox. El batiburrillo que hace Monasterio —el de su antigua especialidad con el título actual, que es en realidad un máster habilitante y jamás máster en Urbanismo— cae dentro del terreno de la pura fantasía, del desconocimiento más atrevido o de la costumbre de torcer la realidad a conveniencia.

La suplantación profesional y las responsabilidades civiles y penales

Esta precisión en los términos con respecto a cómo llamamos a las cosas no es en absoluto baladí. El título de arquitecta posee una serie de atribuciones exclusivas para la redacción y control de proyectos, recogidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como la capacidad de asumir ciertas responsabilidades —civiles y penales— por la especial relevancia económica y de seguridad que implica el ejercicio de la profesión. El empleo del título, incluso en una tarjeta de visita, no es pues una cuestión menor.

Sin necesidad de entrar en cuestiones jurídicas, y por hacer sencillo lo que suele complicarse demasiado, alguien que no posea el título puede desarrollar los mismos proyectos que un bachiller: la única titulación que se poseía a falta de aprobar el proyecto de fin de carrera. Estos son exclusivamente "proyectos de obra menor". En otras palabras: el que cualquier ciudadano sin relación alguna con la arquitectura podría solicitar de un Ayuntamiento. Se trata de obras de muy escasa entidad, que no necesitan proyecto y que, en ningún caso, afectan a elementos estructurales ni implican demoliciones de entidad, excavaciones, rehabilitaciones, etcétera.

Si la cuestión ética no es menor, resulta mucho más singular que su firma manuscrita aparezca en certificaciones de obra que incluyen demoliciones de muros de carga bajo el epígrafe de "dirección facultativa". Esta figura es aquella facultada —de ahí el nombre— para controlar la ejecución y el pago de las obras correctamente ejecutadas y resulta por tanto improcedente que, sin estar en posesión del título, se pretenda formar parte de un agente cuyas atribuciones y obligaciones, de nuevo, están meridianamente claras en la LOE.

Lo que dicen el COAM y el CSCAE

Desde esta perspectiva, resulta siempre recomendable acudir a una arquitecta titulada. La titulación es la primera garantía (aunque no la única) de la capacidad profesional y de la habilitación legal de quien contratamos. Es así entendible que la profesión defienda el título dándole siempre su justo valor.

Lejos de proteger a los arquitectos o resolver sus cuitas, la deontología está para proteger a los ciudadanos de la mala praxis profesional. Demasiado acostumbrados a una relación distante con la sociedad a la que sirven (son entidades de derecho público, no lo olvidemos), los colegios de arquitectos—pese a notables esfuerzos de modernización en los últimos años— siguen siendo lentos a la hora de cumplir con esta función de servicio.

Sin embargo, y sin tener por qué entrar en la cuestión personal de Monasterio, el Colegio de Arquitectos de Madrid —al que ahora sí pertenece la diputada de la Asamblea de Madrid— tiene entre sus funciones asignadas la protección de la profesión y de los consumidores y usuarios de servicios de arquitectura. No se me ocurre mejor manera de cumplir con este cometido que pronunciarse a este respecto, poniendo en valor los títulos profesionales de sus colegiados y colegiadas, recordando —como decíamos— que son la primera garantía de buen hacer y de profesionalidad, y no algo que se pueda "olvidar", sin prestar atención a la gravedad de las responsabilidades que implica.

Algunos de los grupos de representantes que pertenecen al COAM, entre ellos NuevoCoam y ADN-Coam, así lo habían solicitado a través de sus comunicaciones quincenales o de sus redes sociales.

El comunicado, que finalmente ha sido conjunto entre el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSCAE) y el COAM, incide en la paradoja de Monasterio, sobre quien el colegio no tenía autoridad, pues de hecho no era arquitecta. Lo hace quizá con una excesiva carga legislativa que, pese a ser entendible, me temo producirá el habitual alejamiento entre nuestras instituciones y la sociedad. Nos entendemos muy poco con los ciudadanos.

La realidad, en ocasiones, requiere de una mayor claridad. El objetivo es sencillo: la conveniencia de advertir a los ciudadanos contra cualquier actuación que, diciéndose profesional, se mueva en zonas grises en las que se busca bordear la normativa antes que observarla. Es necesario subrayar que el control de la Administración y los procedimientos no son laberintos burocráticos que hay que sortear, sino procesos garantistas sin los que el principal perjudicado es siempre el ciudadano.

Y, poco después, la profesión.

(*) José María Echarte Ramos (Almería, 1973) es arquitecto (ETSAM, 2000) y profesor de Proyectos y Teoría y Crítica en la Universidad Rey Juan Carlos. Fue vocal de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Almería (2003-2006) y actualmente trabaja en una tesis que estudia la deontología profesional en la arquitectura.