De lenguas y naciones

El pasado 21 de mayo, el Tribunal Constitucional francés emitió una sentencia contraria a la inmersión —concepto en sí problemático— lingüística en cualquier lengua “regional” distinta del francés en todo el territorio de la República, retrotrayéndose a la validez de una ordenanza de 1539, que establecía que el francés era la lengua oficial del Estado. Es una medida que afecta a apenas unos miles de escolares franceses, que acuden a ikastolas, a escuelas Diwan en Bretaña o a calandretas en Occitania. En esos territorios y en otros, como Alsacia o Córcega, pocas voces se alzaron contra la escolarización en lenguas regionales. Ningún lingüista u observador mínimamente riguroso puede suponer que la hegemonía de la lengua francesa en toda la República esté en peligro. Por el contrario, las estadísticas muestran el casi irreversible retroceso del uso del bretón, del euskera, del catalán, del alsaciano, del occitano o del corso. Y no parece que la fuerza social y electoral de los nacionalismos subestatales en Francia, con la excepción de Córcega, amenace con desestabilizar la cohesión territorial de un país que sigue siendo, con Portugal, uno de los más centralizados de Europa. ¿Dónde está, entonces, el problema?

Es, sin duda, una cuestión de enfoque y de tradición política. Desde la Revolución Francesa se consideró que la langue d’oui, el francés, era el idioma del nuevo orden liberal, de la nación basada en la voluntad ciudadana, de la razón y la ilustración. El bretón, afirmaba un miembro de la Convención, era la lengua de la reacción. De hecho, los sectores legitimistas durante el siglo XIX, y los adversarios de la profundización de los valores republicanos hicieron bandera en ocasiones de las lenguas regionales, vistas como posible freno de la penetración de las ideas impías: euskaldun fededun, el vascohablante es creyente, rezaba un lema del clero vascofrancés que impulsó iniciativas culturales en euskera.

La I Guerra Mundial unió a franceses de todos los orígenes en las trincheras de Verdún y extendió de forma definitiva el uso de la lengua francesa, completando la labor de los maestros. Aun así, los monumentos a los muertos de la Gran Guerra en Bretaña o en la orilla del Bidasoa también recordaban a quienes dieron la vida por Francia en sus lenguas natales. Aunque el nacionalismo conservador francés apostó por la colaboración con los alemanes entre 1940 y 1944, la apuesta de algunos sectores de los débiles movimientos nacionalistas bretón, alsaciano o corso por cooperar con el invasor asestó un golpe de gracia a la legitimidad de las reivindicaciones descentralizadoras, como si los idiomas fuesen los traidores. Las lenguas regionales eran miradas de soslayo, ignoradas y relegadas a meras expresiones folclóricas y coloristas de la pluralidad regional francesa. Esa tendencia no pudo ser alterada por el cierto resurgir de los movimientos nacionalistas en el territorio francés en los años sesenta, influidos por la izquierda y los ecos anticoloniales que llegaban de Argelia.

Que la tradición republicana francesa predica una fuerte identificación simbólica y cultural con el idioma francés es evidente. Lo es también la apuesta por una centralización política y administrativa desde París, canalizada a través de prefecturas y departamentos, que tiene escaso contrapeso en unas regiones dotadas de escasas competencias. El uso del idioma corso por parte del presidente de la Asamblea legislativa de la isla, Jean-Guy Talamoni, en su discurso inaugural, provocó un vendaval de críticas, desde el Frente Nacional de Marine Le Pen hasta la izquierda anticapitalista de Melenchon. Su argumento: un representante público de la República debe hablar en francés. En 2018, el presidente Emmanuel Macron se mostraba dispuesto a algunas concesiones políticas para reconocer la singularidad corsa en la Constitución, pero rechazó de forma tajante la cooficialidad del idioma de la isla. En el fondo seguía considerando, como los jacobinos de otrora, que el francés era la lengua del progreso. Un idioma que es defendido allí donde se halla en posición minorizada, como en Ontario o en Louisiana. Una lengua, un Estado, una nación. Y una legitimidad política.

Sin embargo, las manifestaciones que tuvieron lugar en varios puntos del territorio francés el domingo 30 de mayo, con éxitos notables de participación en Bretaña y el País Vasco francés, y menor seguimiento en otras partes del hexágono, mostraron que algo se mueve también en Francia. El dogma de la homogeneidad cultural del Estado-nación no es aceptado por todos. Y en pleno siglo XXI, la falta de flexibilidad en ese aspecto en relación con otros Estados de su entorno —desde Bélgica a Gran Bretaña y España— causa estupor. Además de que las lenguas en sí no son ni antirrepublicanas ni republicanas, sino instrumentos de comunicación y de creación, el derecho a usarlas con libertad e igualdad de opciones en el espacio público es esencial en una democracia que se precie de serlo, lo que implica también su uso en la administración, los tribunales de justicia y la enseñanza. Cómo han de convivir entre sí es siempre un tema complejo y objeto de deliberación democrática y legítima.

Las perspectivas exteriores sobre la actitud del Tribunal Constitucional francés son casi tan interesantes como su visión interior. Sin duda, para algunos observadores al sur de los Pirineos, los franceses marcarían el auténtico camino a seguir: gente que no se anda con chiquitas y nunca toleraría a catalanes, vascos o gallegos “menospreciar” el idioma mayoritario. Otros prefieren callar, pues que la liberal y republicana Francia sea tan intransigente en materia lingüística y cultural ha causado siempre incomodidad a la hora de denunciar el atraso e intolerancia carpetovetónicas de la derecha española. No siempre la intolerancia lingüística se asocia al fascismo. Se podría argumentar que el nacionalismo de Estado francés, en posición dominante (salvo quizá en Córcega, cuya importancia por lo demás en la dinámica política estatal es muy reducida), muestra una suerte tendencia natural de los nacionalismos fuertes hacia la homogeneización cultural de sus territorios. Si otros nacionalismos, sea el belga, el anglo-canadiense o el español, han tenido que contemporizar y realizar concesiones, ha sido por la fuerza y capacidad negociadora de los nacionalismos subestatales, pero también de los sectores progresistas que con visión de futuro asumieron con naturalidad la defensa de la pluralidad cultural y lingüística en una democracia de calidad. Para más de un analista francés, por el contrario, es preferible la intolerancia hacia los idiomas minoritarios para evitar que surjan problemas territoriales como Cataluña o Escocia en el seno de la República. O que los hijos de los inmigrantes magrebíes exijan escolarización en amazigh… Pero quizá ese camino sea el que acabe por provocar problemas.

Si algo muestra también el ejemplo de las democracias en Estados multiétnicos y/o multinacionales en mayor o menor medida, es que huir de la equiparación rígida entre lengua y nación, la acomodación flexible de la diferencia cultural, la aceptación de las identidades híbridas y múltiples, y las posibilidades de manejar varios idiomas, benefician a medio plazo a la convivencia y la calidad de una democracia. Y, en fin, al conjunto de la ciudadanía. Ser bilingüe hace más fácil ser trilingüe o tetralingüe. La riqueza idiomática, parte insoslayable de la biodiversidad cultural del planeta, constituye además un activo económico. Una ciudadanía educada con naturalidad en la multiculturalidad estará también preparada para asumir las grandes lenguas de intercambio internacional, el inglés en primer lugar, y para la tolerancia intercultural. Sería paradójico que el único país del que salió en 1904 un premio Nobel de literatura que escribía en una lengua subestatal, Frédéric Mistral, lo olvidase.

Josep M. Fradera, Xosé M. Núñez Seixas y José Mª Portillo son catedráticos de Historia Contemporánea en las universidades Pompeu Fabra, Santiago de Compostela y País Vasco, respectivamente.