El año de Sánchez

En su ya clásica comparecencia de fin de año, Pedro Sánchez fue más allá del ejercicio que se cierra estos días y afirmó: “España es hoy un país mejor que en 2018”, cuando él asumió el Gobierno. Por mucho que el griterío de la oposición pregone a diario la catástrofe, resulta difícil contradecir esa apreciación. En el ámbito económico los datos son incontestables, con España triplicando la tasa de crecimiento de la UE y un récord histórico de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. En el terreno político, el gran problema que afligía al país, la fractura en Cataluña, se ha visto considerablemente aliviado, más aún tras las elecciones que en mayo pusieron fin a décadas de hegemonía independentista.

Reconocer esos logros no significa compartir el triunfalismo del presidente en todos los órdenes. Sánchez dedicó buena parte de su discurso a glosar los resultados económicos, su punto más fuerte, como lo prueba que el PP haya renunciado a hacer oposición en este tema. Pero las brillantes cifras macroeconómicas no alcanzan a todos los sectores de la población y queda mucho por hacer en aspectos como la reducción de la desigualdad. Con ese propósito, el Gobierno anunció para 2025 importantes aumentos de las pensiones mínimas y del ingreso mínimo vital. La imparable carestía de la vivienda es el gran desafío pendiente, reconocido también por Sánchez. Por ahí se escurre para muchos españoles el aumento del capital disponible —un 3,1% en la primera mitad de 2024— del que presumió el presidente. La tasa de paro —especialmente el juvenil—, los problemas de productividad o el insuficiente gasto en investigación son otros de los déficits estructurales apuntados por el jefe de Gobierno cuando trató de evitar la “autocomplacencia”.

Sánchez hizo un balance político más breve, al término de un año muy complicado. Habló del “tornado de crispación” agitado por PP y Vox y evitó las críticas a algunos de sus socios, que también alimentan la sensación de fragilidad de la legislatura. La capacidad de forjar acuerdos a derecha e izquierda le ha dado a España una estabilidad gubernamental ausente hoy en Francia, Alemania y buena parte del mundo occidental. Pero no oculta las estrecheces parlamentarias de estos 13 meses ni la impresión de debilidad política que proyectará si no consigue aprobar los primeros presupuestos de su nuevo mandato. Por más que en España sea posible seguir gobernando con cuentas prorrogadas, tanto en el Gobierno central como en los autonómicos.

En medio de una intensa actividad judicial en su entorno más próximo, Sánchez evitó esta vez las críticas frontales a la actuación de algunos jueces. Al Gobierno no le faltan motivos para denunciar decisiones como mínimo estrafalarias en los casos que afectan a la familia del presidente o al fiscal general del Estado. No así en el que ha llevado a la imputación del exministro y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, cuyo fundamento y gravedad parecen evidentes. Y sobre el que se sigue echando de menos una explicación en profundidad del líder socialista por tratarse de alguien que fue de su más estrecha confianza.

La mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo es inmune por ahora al ruido judicial. Pero la pinza de los extremos, Podemos y Junts, no permite descartar ni el accidente ni un brusco cambio de estrategia del expresident. Puigdemont tiene la oportunidad de redimirse de la fantasía sin salida a la que condujo a Cataluña, pero parece decidido a seguir apostando por la amenaza de inestabilidad como método de supervivencia política. Y Sánchez dejó este lunes un claro mensaje para contentarlo: su disposición a reunirse con él sin estar amnistiado, uno más de los procesos enredados en la maraña judicial. Es un movimiento arriesgado para los socialistas, aunque esta vez la reacción del PP estaría condicionada por sus últimos —y chocantes— gestos de acercamiento a Junts para asediar al Gobierno a cualquier precio.