Madurez democrática

El Gobierno ha presentado esta semana la ley de memoria democrática que llevará a las Cortes y que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin leerla, el PP y Vox ya han anunciado que la derogarán si llegan al poder. Al viejo argumento de que hay que mirar al futuro y no al pasado, como si ambas misiones no fueran compatibles, han añadido ahora un preocupante discurso revisionista. Avanzan las voces que, como han criticado catedráticos de Historia, asumen la tesis franquista de que la guerra civil española no comenzó con un golpe de Estado, sino que fue el gobierno legítimo de la II República el que provocó la contienda. En un reciente debate, el líder del PP, Pablo Casado, no sintió la necesidad de replicar a bochornosas declaraciones en ese sentido del exministro Ignacio Camuñas.

La nueva ley pretende corregir las carencias de la norma de 2007 reflejadas en el informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff tras su visita a España en 2014. Con la perspectiva de la experiencia de otros países con un pasado traumático similar, De Greiff criticó la falta de ambición de la legislación española, que declaraba, por ejemplo, la ilegitimidad de los tribunales franquistas pero no daba el paso de anular las condenas que habían impuesto, y que “privatizaba” las exhumaciones de fosas comunes con un sistema de subvenciones en el que eran las asociaciones de familiares las que tenían que asumir el proceso de localización de los desaparecidos del franquismo. En la nueva ley es el Estado en todos sus niveles el que dirige la búsqueda e identificación de las víctimas, y todas aquellas resoluciones redactadas por tribunales sin garantías quedan anuladas. Son, estas, mejoras necesarias. El objetivo de la mayoría de estos cambios, según el Gobierno, es adaptar la legislación a los parámetros internacionales de derechos humanos y resolver anomalías como la del Valle de los Caídos, monumento que rige, todavía, un decreto franquista de 1957.

El proyecto contempla, también, un artículo que puede propiciar la extinción de la Fundación Franco. El Consejo General del Poder Judicial consideró, en su informe sobre el borrador original, que la apología del franquismo forma parte de la libertad de expresión “salvo cuando suponga una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”. El Ejecutivo trató de solventar esa pega a la formulación inicial añadiendo en el artículo que recoge el enaltecimiento del golpe de Estado y la dictadura como causa de extinción de una fundación que se haga “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, o incitación directa o indirecta al odio contra las mismas”. La precisión es bienvenida porque acota el campo de acción y preserva mejor la libertad de expresión. Se trata de un equilibrio muy complicado. En todo caso, la ley no supone por sí misma la extinción. Sería, en última instancia, una autoridad judicial quien lo determinaría. Será oportuno que en la aplicación —en este caso u otros que puedan surgir— se utilicen criterios exigentes que garanticen una amplia protección de la libertad de expresión. Esa es la orientación, por ejemplo, de la jurisprudencia italiana en materia de apología del fascismo.

El proyecto prevé también la adaptación de los contenidos curriculares para asegurar que los alumnos conozcan “la lucha por los valores y libertades democráticas”. Es previsible la oposición frontal del PP, que dispone de la competencia en Educación de las cinco comunidades que gobierna. El Gobierno tendrá que esforzarse para minimizar el enfrentamiento buscando el máximo consenso con un panel de especialistas incontestable para redactar esas nuevas páginas en los libros de texto. España cuenta con un excelente elenco de historiadores para ello.

En conjunto, se trata de una iniciativa que mejora la relación de la democracia española con el pasado de este país. Desgraciadamente, los problemas del presente lo distorsionan todo y auguran un futuro problemático, para esta cuestión y bastantes otras.