El Gobierno trata de blindar la extinción de la Fundación Francisco Franco en la nueva ley de memoria democrática

El Gobierno lleva el próximo martes al Consejo de Ministros la ley de memoria democrática, que sustituirá a la de memoria histórica (2007) una vez supere el trámite parlamentario, donde le esperan con las espadas en alto el PP y Vox, contrarios a la misma. El Ejecutivo presentó el anteproyecto el pasado septiembre. El texto que llegará a las Cortes, de 74 páginas (8 más que el borrador), incluye modificaciones realizadas tras examinar los informes específicos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal y después de consultar a juristas y colectivos de víctimas, que también han hecho sus peticiones, como ampliar los criterios para la obtención de la nacionalidad española en aplicación de la ley. Estas son las principales novedades de la norma.

Fundación Franco y apología del franquismo

El anteproyecto de ley recogía en una disposición adicional que sería “causa de extinción” de una fundación no perseguir “fines de interés general” o realizar actividades contrarias al mismo como “la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas”. El pasado junio, el pleno del CGPJ aprobó, dividido (15 votos a favor y 6 en contra), un informe que cuestionaba la posibilidad de extinguir una fundación por ese motivo, al entender que “la exaltación o apología de hechos históricos, por dolorosos o reprobables” que fueran, entraba “en el ámbito de protección de la libertad de expresión”, salvo cuando supusieran “una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional”. El texto que el Gobierno lleva el martes al Consejo de Ministros trata de blindar la eliminación de una fundación como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco añadiendo, cuando habla de la causa de extinción, que se considerará contrario al interés general la apología y exaltación del golpe de Estado, la guerra o la dictadura franquista o el enaltecimiento de sus dirigentes “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio”.

Tanto la vicepresidenta Carmen Calvo, primera responsable del área, como el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, consideran que no puede existir en España la Fundación Francisco Franco, que niega la represión franquista y se dedica a loar al dictador. El procedimiento para su eliminación sería el siguiente: el protectorado de fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, instaría judicialmente a la extinción por concurrencia de la causa recogida en la ley de memoria. El órgano judicial podría, de oficio, o a instancia de parte, acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que se dictase sentencia.

Fiscal específico para impulsar investigaciones

Una de las grandes novedades de la nueva ley es que establece que “el Estado garantizará el derecho a la investigación” y a conocer la verdad de las víctimas. Para ello se crea la figura del “fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática”, que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos del franquismo e investigar violaciones del derecho internacional humanitario ocurridas en la Guerra Civil y la dictadura y hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. El Gobierno ha modificado levemente los dos artículos que hacían referencia al ministerio público para atender una de las recomendaciones del Consejo Fiscal: “sustituir el término Fiscalía de Sala por el de Fiscal de Sala”. En 2014, el relator especial de la ONU Pablo De Greiff emitió un informe en el que instaba a España a dejar sin efecto la Ley de Amnistía para investigar los crímenes del franquismo. El informe del Consejo Fiscal defiende el concepto de “justicia restaurativa” como la vía para hacerlo independientemente de la posibilidad de castigar a los culpables. Cinco fiscales del Consejo emitieron votos discrepantes al considerar que generaba “falsas expectativas” en los familiares de las víctimas.

Retirada de símbolos y sanciones

La ley de 2007 recogía un solo artículo sobre simbología franquista —ahora son siete y se incluye la toponimia— y no establecía sanciones por incumplimiento — ahora se proponen multas de entre 200 y 150.000 euros según la gravedad de la infracción-. Son “muy graves”, por ejemplo, las que implican trasladar sin autorización restos de víctimas; destruir monumentos de homenaje —a menudo aparecen dañados—; o convocar actos contrarios a la ley que humillen a los represaliados y sus familias —se considerará responsable solidario a quien los ordene—. No retirar los símbolos y vestigios franquistas se considera infracción “grave”.

Pedagogía: la represión franquista en las escuelas

Como adelantó este diario, uno de los propósitos de la nueva ley es que la represión franquista se estudie en las escuelas. En su informe sobre España de 2014, el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff lamentaba que “algunos libros de texto” continuaban refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. El borrador de la norma se comprometía a “actualizar los contenidos curriculares” en ese sentido en la ESO y el Bachillerato. El texto final añade a la Formación Profesional.

Nulidad de las condenas

La ley de 2007 declaró ilegítimos los tribunales franquistas, pero no anuló las sentencias que habían impuesto porque en aquel momento el Gobierno temía que los afectados reclamaran indemnizaciones. El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facultó a los sublevados a castigar por rebelión militar a quien “por acción u omisión” perjudicase al “Movimiento redentor”. Solo hasta finales de 1938, la Auditoría de Guerra juzgó a 30.224 personas de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto español. Los militares elegían al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y solía ser un oficial sin formación legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado. El texto que llega el martes al Consejo de Ministros declara la nulidad de las “condenas y sanciones” de tribunales franquistas y descarta expresamente la posibilidad de indemnizaciones.

Trabajos forzados y censo de víctimas

Otro de los objetivos de la nueva norma es documentar episodios de la Guerra Civil y la dictadura para unificar investigaciones, reunir información dispersa y ofrecer cifras oficiales, por ejemplo, sobre el censo de víctimas. La ley también prevé “impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas” que se constate que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio y la confección de “un inventario de edificaciones y obras” realizadas.

Apertura de fosas y banco de ADN

La ley de 2007 estableció un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían el proceso de búsqueda de los desaparecidos. Para Pablo de Greiff suponía una “privatización” de las exhumaciones. El nuevo texto involucra a todos los niveles de la Administración (nacional, autonómico y municipal) en esa tarea y prevé la creación de un banco de ADN para la identificación de los restos recuperados. La búsqueda de desaparecidos se hará en planes cuatrienales.

Valle de los Caídos. El futuro de los benedictinos

Cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto será reubicado. Eso, una vez trasladados los restos de Franco, afecta a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, junto al altar. El Gobierno dará a la familia la opción de llevarlo a las criptas donde yacen el resto de víctimas o a otro lugar que deseen. La nueva ley también declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Una vez aprobada, se establecerá un nuevo marco jurídico para el monumento. Fuentes del Gobierno señalan que la comunidad benedictina se ha “ganado a pulso” su expulsión del recinto: durante la exhumación de Franco, el prior tuvo que ser amenazado con ser detenido.

Afectados por la polio

El texto que llega el martes al Consejo de Ministros incorpora peticiones de distintos colectivos, entre ellos, el de afectados por la polio y el síndrome de postpolio, que llevan décadas reclamando medidas sanitarias y sociales.

Los afectados por la polio, como los de la talidomida, se consideran víctimas del franquismo porque con la polio, el Régimen tardó 10 años en generalizar el uso de la vacuna y con la talidomida omitió cualquier responsabilidad. El llamado síndrome de postpolio, reconocido en 2007 por la OMS, consiste en un debilitamiento generalizado que afecta en la madurez a quienes ya habían hecho su vida con la polio. Los afectados se quejan de que muchos médicos no saben cómo tratarlo y de que los tribunales de incapacidad no la valoran adecuadamente. La ley de memoria democrática que será debatida en las Cortes establece un “reconocimiento” a las víctimas y se compromete a impulsar “investigaciones” así como medidas sanitarias para los afectados, aunque no habla de indemnizaciones económicas.