Perú: ganó el clamor por el cambio

Si bien aún no hay resultado oficial, el cómputo es concluyente y apunta a que Pedro Castillo asumiría la presidencia el 28 de julio, día que se conmemorará el bicentenario de la independencia del Perú. Se daría, pues, el extraordinario simbolismo de tener como jefe de Estado a un hombre de los Andes, de origen humilde y que ha salido adelante enfrentando la pobreza y la adversidad. Alguien que viste poncho para arar con sus bueyes en su pequeño centro poblado andino, Puña —poco más de 400 habitantes y de 90 viviendas— en Chota, Cajamarca.

El triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales peruanas es casi un hecho. Al momento de escribir estas líneas, han sido procesadas el 100% de las mesas de votación arrojando una ventaja a favor de Castillo de 50,17% contra 49,82% de Fujimori.

Mientras los resultados finales parecen ser claros, el fujimorismo no se resigna y busca diferir la proclamación de Castillo. Ha puesto a operar, para ello, a muy costosos despachos de abogados limeños en procura de la nulidad de 200,000 votos en 800 mesas de votación. La norma legal es restrictiva y exigente en cuanto a esos recursos; además, los hechos alegados difícilmente producirán ese resultado, pero si dilatarán la proclamación oficial por la incapacidad crónica de una candidata a reconocer los resultados electorales.

Tres constataciones destacan ahora.

Primero, ha sonado un gran campanazo de parte de los excluidos y marginados de siempre. Es lo que marca la esencia del resultado final. Resalta como telón de fondo de un país escindido en el que se combinan la exclusión histórica de lo indígena y la brecha, también histórica, entre la costa (Lima, en particular) y el ande. El voto de Castillo fue masivo y aplastante en la sierra andina, así como el de la Sra. Fujimori prevaleció sólo en Lima y en algunas ciudades de la costa.

Segundo, la supuesta amenaza de una dictadura “comunista” de Castillo fue desoída. Los agravios de esa índole contra cualquier que proponga cambios han sido tan recurrentes, que la gente no los compra. El pueblo peruano no es socialista -y, menos, comunista- ni simpatiza con Maduro ni sabe quién es Kim Jong Un. A pesar de ello, y de una masiva y millonaria campaña de publicidad, que incluía paneles callejeros animados en que se anunciaba un futuro de “balseros” huyendo desde Perú, como en Cuba.

Quienes votaron por Castillo son ante todo personas que lo hicieron por el cambio y contra la exclusión crónica. No votaron por el comunismo. Si en un impensable paso Castillo quisiera marchar en esa dirección, sería muy distinta la agenda de un Congreso en el que el movimiento por el que postuló Castillo estará en minoría.

En este contexto es muy interesante que el más importante gremio empresarial —la CONFIEP— cuya directiva y temperamento, se ha distanciado de la extrema vocinglera de un sector, se haya pronunciado por el “pleno respeto” de los resultados electorales y por construir “un clima de paz social que permita enfocarnos en salir adelante”.

Tercero, gran paradoja: el autoritarismo durante la campaña. Que no vino del lado del supuesto “comunista” sino del opuesto. Desde las millonarias campañas sembrando terror hasta el manejo extremadamente parcializado de los grandes medios impresos y televisivos más importantes. El politólogo Alberto Vergara lo describe con precisión en nota reciente en The New York Times: “sobre todo la televisión exhibió una parcialización propia de regímenes autoritarios”. En una encuesta reciente del IEP, 6 de cada 10 peruanos coincidían en que los medios favorecían en la campaña una candidatura.

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, que presido, ha cuestionado a varios de esos grandes medios por la contravención de la objetividad y el equilibrio “…durante el proceso electoral por diversos medios de comunicación puesta de manifiesto en: portadas y titulares que no reflejaban con exactitud los hechos acaecidos; la presentación de opiniones interesadas revestidas como análisis imparcial; y, una cobertura desigual a las actividades de las candidaturas presidenciales, en tiempo y espacio, pese a que se trataban de mítines y eventos de similar importancia”.

Para adelante se plantean varios retos entre los que destacan uno inmediato y otro más de fondo.

El primero, es el de la gobernabilidad. El contexto es el de un país extremamente erizado y polarizado. Un eventual gobierno de Castillo no tendrá mayoría parlamentaria; o, siquiera, una facción poderosa. Esta es una tarea inmensa y fundamental en lo cual un ineludible plan de emergencia frente a la crisis sanitaria y económica podría ser un factor de articulación, de gran convocatoria a la acción inmediata. La capacidad o no de concertar para ello pondrá a prueba a todos.

En las últimas semanas Castillo ha estado apuntando a reforzar sus equipos técnicos, lo cual apuntaría a la vertebración de un indispensable núcleo de gestión eficiente, dada la inmensidad de la tarea y la complejidad del mohoso Estado peruano. En este terreno, por ejemplo, el inmediato reforzamiento de la campaña de vacunación —que va marchando bien— y de las capacidades nacionales en el área de salud es un reto inmediato que se podría afrontar muy bien.

El segundo reto es más de fondo y de proyección. Tiene que ver con la traducción en políticas concretas de la exigencia multitudinaria de cambio. En esencia, las estrategias de enfrentamiento a la exclusión social y étnica afirmando, junto con ello, el crecimiento y la generación de empleo. Tiene que ver, por supuesto con una reconceptualización de la reforma del Estado y mucho más.

El contexto fiscal peruano es más favorable que en el resto de la región. Siendo un país cuyos ingresos fiscales derivan en buena parte de la exportación minera, los precios actuales prometen ingresos relevantes, aún sin cambiar de momento las normas tributarias vigentes.

Hay por ello opción inmediata de reforzar la inversión pública con efectos sociales importantes. En la medida, por cierto, que se cumplan condiciones como mayor eficiencia en la ejecución del gasto, además de control preventivo y acompañamiento social frente a la amenaza de corrupción.

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