La nación partida

Lleno de sí como siempre, Pedro Sánchez ha abierto una vez más ante los ciudadanos la puerta de la ilusión. Deben olvidarse de los problemas y de las angustias presentes para mirar hacia un futuro radiante, diseñado por un centenar de expertos, gracias al cual España se situará a la vanguardia de Europa.

Hay una primera objeción de fondo a “España 2050”: en estos 30 años por delante, pueden pasar demasiadas cosas como para dedicarse a fijar objetivos concretos, y no solo líneas generales de acción. Aun cuando los mismos sean laudables e incluyan directrices y reformas necesarias, pensemos en la distancia que nos separa de 1990. España no es una entidad que se desplace aislada en el espacio, y como dijo Keynes “a largo plazo, todos muertos”. Resulta además peligroso tomar el camino hacia una meta, sin reconocer los obstáculos que pueden bloquear los primeros pasos. El informe condena “el cortoplacismo”, pero este es imprescindible: sin salir de la dramática situación pospandemia, la racionalización posterior anunciada cae por su propio peso. Lo primero sería definir un programa de acción lo bastante preciso y flexible para afrontar la crisis y recuperar el crecimiento, que puede no coincidir con la meta a largo plazo. Encarando una trágica desigualdad. Y sobra la omnipresente propaganda, que nubla el buen trabajo de los expertos. Siempre “logros”, luego “desafíos”, nunca fracasos. Todo irá hacia lo mejor. Conclusión: “España es un caso de éxito”.

¿2050? Para empezar, es inseguro que entonces exista España. No somos el plural Reino Unido. El objetivo del president es “la culminación de la independencia”. Único contenido del diálogo, la autodeterminación, aunque el independentismo sea socialmente minoritario. Sánchez intenta aplacar al tigre con los indultos; luego removerá todo obstáculo a la declaración unilateral, eliminando el delito de sedición. Con Puigdemont y la CUP encima, la táctica es temeraria. Más aún cuando Sánchez seguirá adelante, sin importarle el rechazo total de los jueces. Forzar la ley para fines anticonstitucionales, de simple perpetuación en el Gobierno, aboca a la quiebra de la división de poderes y, consecuentemente, a la hegemonía de un secesionismo que rechaza el marco legal español. También a la exclusión de los constitucionalistas, convertidos según la orquestación del Gobierno y sus medios, en un atajo de ultraderechistas obsesionados por manifestarse en Colón.

Es la nación partida. Los indultos tenían pleno sentido aprovechando alguna concesión de los rebeldes de 2017 al principio de legalidad; que Sánchez los imponga, con ellos reafirmando su delito y asumiendo él un vocabulario independentista (“revancha”, “venganza”), lleva a un callejón sin salida. También para el Rey, forzado legalmente a firmarlos, lejos del deber moral como guardián de la Constitución, que ejerciera el 3 de octubre de 2017.