Indultos y concordia

Invocar la concordia exige que estemos todos a la altura de ella. Por ello, no basta con reclamarla o proponerla sin más. Debe ir de la mano de la defensa de un perímetro ético que supere el estrictamente legal. Una exigencia de respeto que ha de ser recíproca para que no se resienta la unidad de la sociedad española. Eso supone que la concordia ha de ser apreciada en sus justos términos y que todos los interpelados por ella alineen sus voluntades y trabajen en común para lograr el fin al que sirve sin excepciones. De lo contrario, como advertía Cicerón, la salus communis se verá peligrosamente dañada y amenazada por la seditio, que es la vulneración del orden que fija el consenso de la razón. Una amenaza de rebeldía que desestabiliza la comunidad porque no contribuye a la amistad política que fundamenta la justicia con la que se garantiza la administración pacífica de la convivencia dentro de una república. Un riesgo que debe valorarse por el Gobierno de España al tramitar las peticiones de indulto solicitadas por terceros para algunos de los condenados por la causa del procès independentista vivido en Cataluña con la aprobación de las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017.

Aquí reside el principal problema de los indultos que mencionamos: en determinar la oportunidad cívica de si contribuirán, o no, a la concordia en estos momentos, no solo en Cataluña sino también en el resto de España. Un problema que trasciende la valoración política de decisiones, por otro lado adecuadas, como son: la reforma del Código Penal para que los delitos de rebelión y sedición se adapten al siglo XXI; o relativizar, en casos como el que nos ocupa, la concurrencia del arrepentimiento o la persistencia de un riesgo de reincidencia en los autores. Sé que estas cuestiones tienen también su trascendencia, especialmente jurídica, pero ceden ante la invocación de un concepto político fundamental para la convivencia como es la concordia.

Juan Luis Vives la ensalzaba como manifestación de la prudencia que debía acompañar las acciones de los gobiernos, pues, de no apoyarse la una en la otra, el desenlace podría dañar la unidad del pueblo al pertrechar con nuevos agravios la discordia civil. Algo que en momentos de extraordinaria polaridad como los que vive España, con las emociones colectivas a flor de piel, los populismos campando a sus anchas y con un conjunto de desigualdades y dislocaciones sociales que tardarán mucho tiempo en restañarse debido a la pandemia, exigen que, al tramitar los indultos del procès, concurra una ponderación crítica que identifique sin lugar a dudas que se da una aspiración común y socialmente compartida por la mayoría de los españoles.

La apelación a la concordia no despejará estos obstáculos con una sencilla invocación afirmativa que surja de un acto de fe cívica que apoye los indultos. Sobre todo porque no está claro que, en la coyuntura actual, estos contribuyan de forma inequívoca a mejorar la paz social dentro de Cataluña y favorecer la distensión en las relaciones de esta comunidad con el resto de España. La concordia, cuando se utiliza políticamente como un argumento de Estado, exige mucho más. Ha de ser vista como un acto de generosidad colectiva que implica acciones de cuidado y respeto que deben desarrollarse dentro de una estrategia política de ida y vuelta que la conviertan en una necesidad y una aspiración comunes. De lo contrario, si es unilateral, no funciona y se transforma en resentimiento en quien no se siente correspondido. Un proceder equivocado debido al agravio comparativo que puede generar no solo en el resto de España, sino especialmente dentro de la sociedad catalana. No hay que olvidar que la mitad de ella sufrió la vulneración de sus derechos cuando la minoría parlamentaria fue marginada y silenciada durante los debates que acompañaron la aprobación de las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017.

Quienes queremos un encaje adecuado de Cataluña dentro de España que suponga el reconocimiento definitivo de su singularidad nacional, deseamos que se produzca dentro de un contexto de legalidad y lealtad que sea acorde con las reglas de la Constitución y el Estatut. Eso significa que la Generalitat no puede seguir eludiendo sus responsabilidades de representar al conjunto de Cataluña y de contribuir de forma activa a la concordia dentro de este país y del conjunto de España. Contribución que debe ser materializada mediante una serie de acciones que pasen, entre otras, por el reconocimiento de la propia diversidad que aloja en su interior. La concordia, o es cosa de dos cuando se pide como solución a un conflicto percibido socialmente como bilateral, o es otra muy distinta. Sobre todo si los gestos que trabajan a favor de ella son unidireccionales y unilaterales. Y otorgar los indultos es una decisión muy arriesgada en la situación actual. No solo porque alimenta una pulsión telúrica que aviva la aparición de un nacionalismo español irresistible, sino porque siembra dudas sobre si el gobierno no estará abordando los indultos para garantizar la estabilidad parlamentaria que necesita si quiere completar la legislatura y tener éxito en el desenlace final de la gestión de la crisis económica y social provocada por la pandemia.

El Abrazo de Vergara de 1839 fue un momento de verdadera concordia. Sus protagonistas demostraron con él que la paz social era algo más frágil y complejo de gestionar que la paz material lograda tras la victoria de las armas. No solo requería habilidad estratégica, recursos y disposición combativa, sino que debía trabajar con la fuerza de los símbolos, el empleo de la psicología y el manejo generoso de las emociones. Un esfuerzo de indulgencia recíproca y disposición a neutralizar los reproches y la ira que, por desgracia, duró poco. El fin de la primera guerra carlista anunció, casi al mismo tiempo, el arranque de la segunda en 1846. Sin embargo, el abrazo que se dieron Espartero y Maroto muestra el sentido profundo que anima el espíritu de concordia cuando se invoca de forma sincera. Una realidad que contrasta con la pulsión cainita que dejó grabada para la posteridad la imagen goyesca del Duelo a garrotazos y que ahora opera como una advertencia colectiva a través del desafío que algunos quieren movilizar frente a los indultos que gestiona el gobierno.

En este sentido, necesitamos resolver el problema de Cataluña con altura de miras y sentido de Estado. Un diálogo leal que ha basarse en un empeño colectivo de concordia recíproca que busque una solución sincera que deje atrás la huella de los reproches de una historia embalsada por un sinfín de desencuentros. Más tarde o temprano habrá que hacerlo porque existe en el conjunto de la sociedad española la aspiración común de que así sea. Lo vieron durante la Transición democrática Josep Tarradellas y Adolfo Suárez al restablecerse el autogobierno de Cataluña en 1977, antes de que aprobara la Constitución. Entonces la concordia fue secundada por la mayoría de los españoles y los catalanes. Fue una decisión valiente y justa que brotó de una aspiración común que tenía detrás el soporte sincero de una verdad colectiva. Dudo ahora que los indultos de los que hablamos estén realmente a la altura de esa verdad de reconciliación que debe acompañar el espíritu de concordia. Una duda que va de la mano del miedo a que, quizá, sean mayoría los que piensan que la medida es temeraria e injusta. Un escenario que, entonces, lejos de contribuir a la concordia, sembrará probablemente el camino hacia la agudización de la discordia.

José María Lassalle fue secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016 y de Agenda Digital, entre 2016 y 2018 y es autor de El liberalismo herido (Arpa)