El Gobierno, sobre los indultos: “Haremos lo que consideremos que es mejor para el interés general de España, cumpliendo con la legalidad vigente”
Sánchez avanza que esperará el informe del Tribunal Supremo para tomar una decisión basada en “la concordia, el diálogo y el entendimiento” y no en “la venganza” o “la revancha”
La concesión de los indultos a los presos del procés es, en una legislatura ya de por sí inédita con varios frentes simultáneos como la pandemia y sus derivadas económicas y sociales o la crisis abierta en Ceuta con Marruecos, una de las decisiones más complicadas para el Gobierno. La Moncloa es plenamente consciente de lo que hay en juego políticamente y las fuentes consultadas insisten en que la decisión ni está tomada, aunque ni mucho menos la descarten, ni es “inminente”. A la espera del informe del Tribunal Supremo y de su análisis posterior por el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo insiste en que, decida lo que decida, velará por el interés general. “Haremos lo que consideremos que es mejor para el interés general de España, cumpliendo con la legalidad vigente”, ha afirmado este martes la ministra portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero. “Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo emita su informe preceptivo para que el Gobierno, en persona del ministro de Justicia, instruya los expedientes”, ha apuntado a primera hora de la tarde Pedro Sánchez en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo.
“Apoyé al Gobierno de España en 2017 siendo jefe de la oposición aprobando [la aplicación del artículo constitucional] el 155 que suspendía al autonomía de Cataluña, porque esta era una cuestión de Estado que exigía el concurso de todos los actores políticos”, ha especificado Sánchez. En respuesta a una pregunta de un periodista sobre los indultos, el presidente ha señalado: “Tenga muy claro que en la decisión que tome la concordia, el diálogo, el entendimiento (...), el encuentro, estos principios constitucionales serán los que pesarán como presidente del Gobierno en la decisión que tome el Gobierno”. Ha rechazado abiertamente las motivaciones basadas en “la venganza” o “la revancha”.
La previsión es que el Supremo envíe esta semana el expediente completo con su rechazo al indulto a los dirigentes independentistas que jugaron un papel crucial en el procés, por el que fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de prisión —llevan tres años y medio en la cárcel— por los delitos de sedición y malversación. “No hay ninguna novedad porque no hay ninguna decisión adoptada. Estamos en el trámite de recabar los informes preceptivos, y cuando el Gobierno tenga esa documentación pertinente tomará la decisión dentro de sus prerrogativas”, ha insistido Montero al término del Consejo de Ministros. La prudencia en el Ejecutivo es máxima cuando además la Fiscalía informó en diciembre contra los indultos y la Abogacía del Estado, tres meses después, se centró en el delito de malversación sin pronunciarse sobre la medida de gracia. Jordi Cuixart, el único de los presos que se ha manifestado sobre los indultos, no solo no se ha mostrado arrepentido ni ha reconocido el delito sino que ha subrayado que “lo volvería a hacer”.
Entretanto, el Ejecutivo es partidario de que la Mesa de Diálogo para Cataluña se reúna cuanto antes, pero esperará a que lo solicite la Generalitat; esto es, a que se pongan de acuerdo entre sí ERC y Junts. Las fuentes consultadas destacan que los republicanos son más fiables pese a que el nuevo presidente catalán, Pere Aragonès, se comprometió este lunes en su investidura a hacer “inevitable” la autodeterminación. ERC, insisten, es partidario de la mesa de diálogo, a diferencia de la formación de Carles Puigdemont. “No es un tema de quién llama antes. Nuestra disponibilidad ha estado siempre por delante, habrá que ver la del Govern. Nuestra mano está tendida”, ha observado Montero. “El diálogo nunca sobra, es siempre necesario. Nuestra intención es que las mesas de diálogo se retomen lo antes posible con independencia de las reuniones bilaterales”, ha reiterado la portavoz del Ejecutivo.
La negativa del PP a renovar el Poder Judicial si los presos del procés son indultados ha indignado al Gobierno. La portavoz ha acusado al partido de Pablo Casado de “chantajear” y “condicionar” la renovación, pendiente desde hace dos años y medio y con mayoría de vocales nombrados por los populares durante el Gobierno de Mariano Rajoy. “Ahora parece que el PP supedita a otras cuestiones, en función de la actualidad de día, la renovación del Poder Judicial… Estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces, ¡la Constitución obliga, las normas obligan! El PP supedita el cumplimiento de la Constitución, cuando es un partido de gobierno. Es exigible que el principal partido de la oposición cumpla con la ley”, ha remarcado Montero.
Bronca en el Senado por el acatamiento de dos independentistas
Los dos principales partidos han continuado con las críticas cruzadas en el Senado. El PP ha dado por seguro que los impulsores del procés serán indultados. “No vamos a naturalizar los indultos a los golpistas. No son de interés general, son de interés particular y del señor Sánchez. Trasladan el mensaje de que los indultos tienen precio para la investidura y los Presupuestos”, ha intervenido Cristina Ayala Santamaría. “El Gobierno hará lo que marca la ley: estudiar cada petición de indulto cuando tenga los informes del Tribunal Supremo. Cuando llegue el momento procesal oportuno explicaré las razones que han llevado al Gobierno para denegarlos o concederlos, o concederlos o denegarlos, unos sí, otros no, totales, parciales o lo que sea. Este Gobierno da la cara, pero después de cumplir con los procedimientos y valoraciones”, le ha replicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Previamente, el acatamiento de dos senadores independentistas ha caldeado el ambiente en la Cámara Alta. La bancada del PP ha abucheado a Adelina Escandell (ERC) y a Josep María Reniu (Junts) por la fórmula que han empleado, refiriéndose a los dirigentes del procés en prisión como presos políticos. “Por la libertad de los presos políticos, por el retorno de las personas exiliadas, mientras no tengamos Constitución de la república catalana, por imperativo legal, prometo”, han acatado el cargo en catalán.
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