El Gobierno prepara los indultos para salir del ‘procés’

El Gobierno se prepara para tomar una de las decisiones políticas más difíciles de toda la legislatura: la concesión de los indultos a los presos del procés, que llevan tres años y medio en la cárcel y fueron condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación. Oficialmente, La Moncloa señala que “la decisión no está tomada”. Pero diversas fuentes del Ejecutivo coinciden en que tanto el sector socialista como el de Unidas Podemos se inclinan por conceder esos indultos no tanto como forma de consolidar la mayoría —aunque sin duda reforzará la relación con ERC, que tiene en la cárcel a su líder, Oriol Junqueras— sino sobre todo para tratar de salir del agujero político del procés y buscar un nuevo tiempo en Cataluña que no esté condicionado por la prisión de sus principales dirigentes, entre ellos Jordi Sànchez, de Junts, el negociador clave del acuerdo con ERC en el Govern.

La decisión final la tomará el presidente, y diversas fuentes creen que llegará en verano, para generar menos tensión política, pero hay casi consenso en el Ejecutivo no solo a favor de los indultos sino también de la modificación del Código Penal para reducir la pena por el delito de sedición, algo que también beneficiaría a los presos del procés. La reforma está lista y ha sido elaborada por la vicepresidencia primera, liderada por Carmen Calvo, pero espera la orden del presidente para ver la luz. Los indultos quedarán en manos de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pero de nuevo son La Moncloa y Sánchez quienes marcan los tiempos. Lo que se acaba ya es el tiempo de descuento porque la justicia ya ha culminado su trabajo.

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Campo pide esperar al TS sobre los indultos a los líderes del procés

El Ejecutivo recibirá en los próximos días el expediente completo del Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas. El ministerio fiscal informó contra los indultos y la Abogacía del Estado tan solo expuso en su informe que los condenados habían reintegrado el dinero malversado en el referéndum ilegal sin pronunciarse sobre la conveniencia o no de otorgar la medida de gracia. Mientras tanto, el tribunal sentenciador terminará esta semana su informe tras confirmar que la inmensa mayoría de los presos, a los que dio la oportunidad de manifestarse respecto al indulto, no han contestado y el único que lo ha hecho —Jordi Cuixart— no ha expresado ningún arrepentimiento ni reconocido el delito. Con estos antecedentes, fuentes jurídicas señalan que el informe del tribunal también será desfavorable.

El Gobierno se enfrenta así al dilema de aprobar los indultos por motivos políticos, para facilitar una solución a la enorme crisis provocada por el desafío independentista, o rechazar la medida de gracia con el argumento de que no cuenta con informes favorables ni de la Fiscalía ni del tribunal sentenciador.

En el último semestre de 2020, el Ministerio de Justicia tramitó 1.664 expedientes de indulto, de los que solo se concedieron 18 —poco más del 1%—, todos ellos fueron parciales y todos contaban con alguno de los informes preceptivos a favor. Esas 18 medidas de gracia tuvieron informes favorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía en 7 de las 11 ocasiones; en otras 10 había solo informe favorable del tribunal sentenciador y en una el dictamen a favor era solo de la Fiscalía. La concesión de indultos se redujo muchísimo en el último Gobierno de Mariano Rajoy (2015-2018) y desde entonces son muy escasos.

El rechazo de la Fiscalía del Supremo a los indultos destacaba que si bien los informes penitenciarios con pronóstico favorable de reinserción señalaban su buen comportamiento y su plena sujeción a la normativa vigente, no mostraba “dato objetivo alguno” que acreditara el arrepentimiento de los independentistas o su rechazo del hecho delictivo por el que habían sido condenados.

El Supremo decidió a principios de este mes requerir a los 12 condenados para que expresasen lo que creyeran conveniente dado que los líderes independentistas no habían pedido el indulto sino que habían sido terceras personas quienes lo habían hecho y les dio cinco días para responder antes de tomar una decisión. La mayoría de los presos independentistas entendió que se trataba de una pregunta trampa y optó por no contestar.

Solo Cuixart envió una respuesta en la que no mostraba arrepentimiento ni reconocía el delito. De hecho, antes de que su abogado respondiera al Supremo, Cuixart escribió en su cuenta de Twitter: “¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto. La defensa de la democracia no admite chantajes. Lo volveremos a hacer. ¡Viva Cataluña libre!”. El principal dirigente independentista preso, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, declaró en septiembre: “Somos inocentes y nuestra opción es la amnistía”.

Esta última vía de la amnistía está totalmente descartada por el Gobierno por “inconstitucional”, pero los indultos se abren paso incluso aunque los propios presos, por motivos políticos, no quieran pedirlos ni colaborar para poner las cosas más fáciles. Para el Ejecutivo se trata de un bien mayor, que es la posibilidad de buscar una salida al laberinto catalán. Sánchez tiene la última palabra, pero el ambiente político que se respira en el Gobierno es claramente favorable a dar ese paso.