Nueva oportunidad para renovar el CGPJ

Una equilibrada acción política de la Comisión Europea ofrece una nueva oportunidad para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. La política española no debería desaprovecharla.

La acción de Bruselas se despliega en varios sentidos. En primer lugar, acertadamente, ha presionado al Gobierno de España para que se retire definitivamente de la mesa el proyecto de reforma de las mayorías necesarias para esa renovación. Ese proyecto, que pretendía limitar las exigencias de mayorías cualificadas, era un grave error que habría deteriorado la democracia española. El PSOE y Podemos lo paralizaron tras recibir un alud de críticas, incluidas las de este diario, pero no lo habían retirado. El Gobierno anunció por fin ayer por medio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo —que se reunió la víspera con la comisaria europea Vera Jourová—, que ha decidido dar marcha atrás. Es una rectificación necesaria que debería haberse producido antes. Voces del socio minoritario de la coalición todavía insistían ayer en el proyecto: harán bien en pasar la página de ese error.

En segundo lugar, Bruselas no ha asumido las críticas apocalípticas de la derecha política y de tres asociaciones del espectro de centroderecha de la magistratura. La Comisión no ha planteado objeciones al segundo proyecto impulsado por la coalición de gobierno para doblegar la abusiva resistencia del PP: la limitación, ya en vigor, de las atribuciones del CGPJ en situación de interinidad. Frente a las alertas de amenazas sistémicas al Estado de derecho en España que requerirían la activación del artículo 7 del Tratado de la UE, Bruselas apunta que ni hay amenazas sistémicas ni es necesario activar ese artículo.

En tercer lugar, la Comisión reclama una reforma del mecanismo de elección del CGPJ que otorgue a la propia magistratura capacidad para nombrar a una parte de los vocales —como ocurre en otros países europeos—, pero precisa que primero hay que proceder a la renovación y solo después a la complicada reforma, desarbolando uno de los argumentos que se venía instalando en las cambiantes excusas de la derecha española para no cumplir con el mandato constitucional y renovar el poder judicial. Esto último, sostiene Bruselas, es urgente y necesario. Ojalá escuchen los dirigentes del Partido Popular, que deberían aprovechar las circunstancias —el paso atrás del Gobierno, la presión europea— para salir de su trinchera autofabricada por interés partidista.

Hay una oportunidad. La política española debería aprovecharla para salir de una situación bochornosa que erosiona su imagen ante la ciudadanía y ante los demás países europeos. Gobierno y PP están convocados a facilitar un acuerdo y, posteriormente, pasar de página para asegurar que este secuestro no se vuelva a repetir.