Destino erróneo

Con una carta a la Comisión Europea, tres asociaciones judiciales han querido llamar la atención sobre lo que consideran una “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”. La denuncia se realiza en un contexto enrarecido por la incapacidad de las fuerzas políticas de renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, conforme a la legislación vigente, como tenían que haber hecho hace ya más de dos años y medio. La obstinación del Partido Popular por negarse a facilitar la elección de nuevos vocales mientras Unidas Podemos tuviera alguna influencia en los nombramientos produjo un intolerable bloqueo que condujo al Gobierno a hacer dos propuestas que, en sustancia, son las que las asociaciones someten a consideración de la Comisión.

El escrito, que firman asociaciones que cubren el espectro ideológico de centroderecha, critica pues iniciativas que buscan sortear un abuso que tiene un responsable principal que eluden señalar —el PP—, así como evita subrayar que una de las dos propuestas está paralizada. Pero el texto va más allá y plantea un cuestionamiento directo de los procedimientos establecidos en la legislación española para nombrar a los vocales del Consejo. La posición que defienden, y que reclama que sean los propios jueces los que elijan a parte de los vocales que van a gobernarlos —como ocurre en otros países europeos—, es legítima, pero resulta llamativo que sea ahora cuando se reclame de Europa la intervención en un marco jurídico que funciona así desde que se aprobó en 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial. Servirse de una delicada crisis institucional, la de un bloqueo tan prolongado como injustificable en la renovación del CGPJ, para sembrar dudas sobre la idoneidad del sistema y defender, de paso, los procedimientos que estas asociaciones consideran los más apropiados —siendo, nótese, mayoritarias— es un camino cuestionable. Es en España donde tienen que discutirse las fórmulas que regulan el funcionamiento de sus instituciones; llevar este debate a Europa desdibuja el papel que corresponde a estas asociaciones.

En cuanto a las dos reformas que dan pie a la carta son, una, la que se aprobó hace poco y que establece que el Consejo no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, y la otra, que se desechó —aunque el Gobierno no parece haber renunciado a recuperarla si el PP persiste en su actitud—, era la que rebajaba a una simple mayoría la que ahora se requiere, la reforzada de tres quintos, para que Congreso y Senado elijan a los 20 vocales del CGPJ. Esta propuesta facilita que las fuerzas políticas mayoritarias puedan ajustar un poder judicial a su medida: es un error, y no debería reactivarse. La anterior está concebida para rebajar las atribuciones de un Consejo caducado. Fue un error aprobarla sin consultar con todas las partes, entre ellas los magistrados, pero es comprensible que la mayoría parlamentaria busque maneras de revertir el abusivo bloqueo y debe observarse que otros órganos —el propio Ejecutivo— no disponen de plenos poderes una vez caducado su mandato natural.

Es importante velar por el correcto funcionamiento institucional y se entiende la inquietud de estas asociaciones, que acaso deberían haber empezado por escribir a Génova, la sede del PP. El origen del embrollo sigue teniendo unos responsables, los dirigentes de un partido que no cumplen con sus obligaciones constitucionales.