Tres de las cuatro asociaciones judiciales piden a la UE que actúe ante el “riesgo claro” para el Estado de derecho en España

Tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial se han dirigido por escrito a la Comisión Europea para denunciar la situación de “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), estiman que dicho peligro existe tras las recientes reformas impulsadas por el Gobierno, singularmente la que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, para que mientras permanezca en funciones no pueda efectuar nombramientos.

Los destinatarios de la carta son la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. La carta expone a ambos que en España se está produciendo una “intromisión política en el Poder Judicial” en términos que comprometen su independencia e imparcialidad.

Las citadas asociaciones, que cubren el espectro ideológico del centro-derecha en la carrera judicial y representan a más de 2.500 jueces, exponen en su carta que “a pesar de que la Comisión ha expresado ya su preocupación por la posible limitación de garantías a la independencia judicial en España, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial”.

La misiva añade que “en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales—, se camina en la dirección opuesta”. La carta subraya especialmente que la reforma destinada a limitar los nombramientos del CGPJ cuando esté en funciones ―norma que ya ha entrado en vigor―, determina un “apagón” del órgano de gobierno de los jueces, por cuanto le deja “sin funciones de designación de cargos judiciales” hasta que “sean renovados” los propios miembros de la cúpula judicial.

A juicio de las citadas asociaciones se ha puesto en marcha, por tanto, una estrategia de “desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial y su colonización por los partidos políticos”. Todo ello ―prosigue la comunicación remitida a la Comisión Europea― no solo compromete la labor de designación de los altos cargos de la organización judicial, sino que además afecta a toda la actividad gubernativa sobre jueces, en los ámbitos disciplinario, actividades de formación, etcétera, poniendo por esta vía en cuestión su imparcialidad e independencia.

La misiva advierte asimismo de que existe una segunda reforma prevista del Poder Judicial que “implica una rebaja de las mayorías exigidas en las Cámaras legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del Consejo General del Poder Judicial”. Por todo ello, las citadas asociaciones se dirigen a la Comisión Europea para solicitar “una actuación de garantía del Estado de derecho en España, como valor fundamental de la Unión Europea”.