Editorial
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Cautelas para el ajuste bancario

El sector debe proceder con prudencia y diálogo en una reestructuración necesaria

Varios operarios quitan el logotipo de Bankia para incorporar, sobre las ventanas más altas del edificio de Torre Europa de Madrid, la imagen de CaixaBank.
Varios operarios quitan el logotipo de Bankia para incorporar, sobre las ventanas más altas del edificio de Torre Europa de Madrid, la imagen de CaixaBank.Víctor Sainz

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CaixaBank ha presentado un plan de recortes a los sindicatos que supone la reducción de casi el 20% de la plantilla, unos 8.300 trabajadores, y el 27% de las oficinas de la red. La entidad se une a otros bancos, como el Santander, que está en mitad de un ERE que supondrá la salida de 3.572 personas, así como el Sabadell, que reducirá la plantilla en 1.800, o el ERE de Ibercaja, que afectará a casi 800 trabajadores. Este doloroso proceso de reestructuración del sector tiene múltiples motivos. En parte, es una consecuencia más de la crisis financiera de 2008, cuando se vino abajo una estructura bancaria basada en el crecimiento del crédito a tasas anuales que llegaban al 20%, lo que implicaba una expansión de la red de oficinas y una contratación de personal que parecía no tener fin. Desde 2008 el sector ha cerrado 23.700 sucursales, más de las que tiene hoy abiertas. La plantilla del sector ha caído un 35%. A la pesada digestión del pinchazo de la burbuja del crédito privado bancario se añadió la llegada de los tipos de interés negativos establecidos por el BCE como estímulo económico en 2016. Estos factores han alterado la configuración de la cuenta de resultados de los bancos, estrechando considerablemente el margen financiero. El golpe económico vinculado a la pandemia tampoco ha ayudado.

Ante este escenario, las entidades han intentado, por un lado, elevar los ingresos cobrando por servicios que antes eran gratuitos. Sin embargo, la resistencia de los clientes a pagar comisiones y la mala reputación que eso conlleva ha frenado esta vía, que siempre está limitada por la competencia de los bancos por internet, muy agresivos en sus ofertas. Por el otro, se ha buscado una consolidación a través de fusiones y reducir los gastos con despidos y cierres de oficinas. Este proceso tiene argumentos sólidos, pero debe realizarse con múltiples cautelas.

El gran avance en la digitalización de la sociedad por la covid-19 ha facilitado la reducción de la presencia sobre el terreno, con la esperanza de que gastar menos lleve a elevar la rentabilidad, el mayor problema del sector. Pero no debe olvidarse que el exceso de digitalización conlleva el riesgo de exclusión de los clientes de más edad y que, al haber menos oficinas y empleados, se puede perder el contacto con los pequeños clientes, la base del negocio bancario español.

Por otro lado, en procesos de recortes tan dolorosos, resulta imprescindible que estos afecten a todos los estamentos de los bancos, incluido, por supuesto, la alta dirección, como están exigiendo los sindicatos y los grandes inversores. Debe reducirse el número de directivos y su retribución, algo que no ha ocurrido en muchos casos.

Este plan de ERE, el mayor de la banca española, supone un grave coste social. Además, este ajuste es especialmente delicado ya que la entidad catalana acaba de absorber a Bankia, y por tanto el Estado es parte de la ecuación. Es fundamental que el proceso se lleve a cabo con prudencia y diálogo. Parece correcto que el ERE no golpee solo a empleados mayores de 50 años y positivo el plan de recolocación y acompañamiento de los afectados. Todas las entidades embarcadas en este amplio proceso de reestructuración tendrán que hacer un esfuerzo para reducir el dolor social a través del diálogo y el apoyo a la recolocación. Son requisitos indispensables para la propia rentabilidad futura del negocio.

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