Regular mejor las plataformas
Hay que afinar las normas para un sector que revoluciona el ocio
La industria de los vídeos bajo demanda vive un auténtico auge. Las limitaciones a la movilidad impuestas por la pandemia han acelerado la consolidación de una nueva forma de consumo de ocio audiovisual que surgió hace unos años gracias a la revolución tecnológica. En el mundo hay ya, según los últimos estudios, 850 millones de hogares suscritos a una plataforma de streaming, la audiencia real es aún mayor, ya que las claves de una misma cuenta se suelen compartir. El desarrollo de internet permite acceder desde cualquier dispositivo (televisión, tableta o teléfono móvil) a un catálogo cada vez más grande de series, películas o documentales. El entretenimiento digital ha descubierto una importantísima veta económica que en 2025 generará ingresos superiores a los 100.000 millones de euros.
Un cambio tan disruptivo como este produce efectos colaterales en los sectores que dominaban el negocio audiovisual. El mundo del cine, por ejemplo, es uno de los damnificados. Sin embargo, el streaming también trae oportunidades. Se vio durante los confinamientos, al ofrecer salida a las producciones cuando las salas de cine estaban cerradas. Hay además una feroz competencia por lo que las plataformas deben invertir cantidades millonarias para diferenciarse de sus rivales y ese dinero acaba filtrándose a todos los estratos del sector. El modelo de negocio de los operadores se basa hasta ahora en las cuotas de los abonados, pero en el futuro tendrá cada vez más peso la rentabilización económica de los datos de sus usuarios a través de técnicas de big data. Un material tan sensible como la información personal exige un tratamiento transparente y supervisado por las autoridades.
Muchas de las plataformas de vídeo bajo demanda que operan en España han usado hasta ahora estrategias fiscales muy ventajosas al declarar solo un porcentaje mínimo de su facturación y derivando el grueso de los ingresos a sociedades interpuestas radicadas en Estados con sistemas impositivos más beneficiosos. Netflix aseguró hace poco que cambiará su modus operandi para tributar en el mercado local toda la actividad que genera en él. Sería importante que esta decisión se termine materializando y que el resto de compañías copien el ejemplo. Las arcas públicas están ahora exhaustas por los esfuerzos para paliar los efectos del coronavirus y es imprescindible que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.
El dominio de EE UU en el negocio del streaming es apabullante. Si en el siglo XX los grandes nombres de Hollywood impusieron su visión del mundo, ahora son Netflix, HBO, Amazon, Disney o Apple los que conquistan los hogares. Es importante regular la convivencia audiovisual con el fin de garantizar su espacio a la cultura y a la industria europeas. En noviembre se presentó el anteproyecto de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. El texto, que traspone con algo de retraso una directiva europea, establece que las empresas de vídeo bajo demanda deberán destinar el 5% de sus ingresos en España a financiar cine y series europeas, como ya hacen RTVE y las cadenas privadas nacionales. Y dedicar un 30% de su catálogo a obras europeas. La diversidad siempre enriquece las opciones del espectador.
