El Gobierno de Bolsonaro decreta la muerte de una parte de la Amazonia

La Amazonia es hoy la principal razón por la que Brasil mantiene cierta relevancia internacional. De la conservación de la mayor selva tropical del planeta, el mayor sumidero terrestre de carbono del mundo, dependen los principales acuerdos internacionales, como el del Mercosur con la Unión Europea, el mayor de todos. También de la supervivencia de la selva dependen cada vez más la autorización y la aceptación de los productos brasileños en los mercados europeos y en los Estados Unidos de Joe Biden. La Amazonia, zona estratégica para el control del sobrecalentamiento global, está cada vez más cerca del punto sin retorno, como han advertido repetidamente científicos reconocidos mundialmente, como Carlos Nobre. En el momento en que la selva se convierta en una sabana, Brasil solo será un país con una desigualdad abismal, un racismo criminal, una miseria en expansión y un presidente que es el hazmerreír del mundo. También habrá cometido un suicidio económico al matar la selva que regula el clima que permite la agricultura, lo cual afectará a toda la cadena de producción de alimentos y a algunos de los principales productos de exportación.

En este contexto, y en un momento de progresiva recesión, ¿qué hace el Gobierno de Bolsonaro, presionado por sectores de la política y del mercado interesados en mantener el control del sistema eléctrico y sacar beneficios? Autoriza que Norte Energia SA, la concesionaria de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, libere un volumen de agua en la Vuelta Grande del Xingú que, como se ha demostrado, tanto en estudios científicos como en la experiencia práctica, es insuficiente para mantener la vida. Lo que sucede ahora, en este momento, es lo que el derecho internacional llama “ecocidio” y consiste en exterminar todo un ecosistema. Lo que mata la naturaleza, como ya han demostrado la emergencia climática y las pandemias, también mata la posibilidad de que sobreviva la especie humana.

La autorización del ecocidio tuvo lugar el 8 de febrero y se celebró en las páginas de economía de algunos de los principales periódicos de Brasil. Ningún otro acontecimiento es más grave y ninguno es más escandaloso, con la posible excepción de la escalada de la covid-19 —que ya ha matado a más de 240.000 brasileños— sin confinamiento ni un plan de vacunación responsable. Una semana antes de autorizar que Belo Monte redujera drásticamente el agua de la Vuelta Grande del Xingú, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) consideró inaceptable el caudal que la empresa propuso para la Vuelta Grande del Xingú, porque no había estudios fiables capaces de demostrar la seguridad socioambiental de una de las regiones más biodiversas de la Amazonia.

El área técnica del órgano ambiental de Brasil determinó que Norte Energia S.A., empresa controlada por el Grupo Eletrobras, debía rehacer los estudios y volver a presentarlos: “Faltan datos de base para realizar test y comprobar los resultados, falta aclarar las fuentes y el origen de los datos, falta claridad en la redacción del texto, citas sin resultados y sin discusión. (...) El presente análisis también discrepa de la supuesta validación del modelo. (...) Este análisis NO considera satisfactorias las respuestas dadas a las preguntas 1, 2 y 4. (...) Por último, se constata que hay conclusiones basadas en la especulación sobre la garantía del mantenimiento de ambientes acuáticos bajo los caudales de los hidrogramas de prueba sin datos de los estudios bióticos”.

Nótese que estas palabras no son mías, sino del propio Ibama. Desde 2020, Norte Energia pelea en los tribunales contra las decisiones del órgano medioambiental con relación a la cantidad de agua en la Vuelta Grande. El dictamen técnico citado está fechado el 1 de febrero de 2021. Solo una semana después, el 8 de febrero, el director general del Ibama, el abogado Eduardo Fortunato Bim, ignoró la evaluación técnica y autorizó que Norte Energia liberara casi SIETE VECES MENOS la cantidad media de agua que el órgano ambiental que dirige había determinado previamente como el mínimo imprescindible, y casi NUEVE VECES MENOS la cantidad media de agua del caudal natural del río en febrero, la época de crecidas. Norte Energia está ahora oficialmente autorizada a liberar una cantidad insuficiente de 1.600 metros cúbicos de agua por segundo, en lugar de los 10.900 metros cúbicos por segundo determinados previamente por el personal técnico del Ibama y los 14.000 metros cúbicos por segundo del caudal natural medio del Xingú en esta época del año.

Para “compensar” la destrucción de la Vuelta Grande, el presidente del Ibama firmó un “Término de Compromiso Ambiental” con Norte Energia, según el cual la empresa “invierte” 29 millones de dólares en acciones de mitigación durante tres años. Por ejemplo: como van a exterminar los peces, que ya no pueden alimentarse ni reproducirse, peces que en este instante deberían estar haciendo la piracema (migración río arriba para desovar), pero que en cambio están muriendo por falta de agua, la empresa lleva a cabo un proyecto de reproducción de peces en laboratorios. Es en serio, no es una broma. Ojalá lo fuera. Se está cambiando una parte de la selva por una serie de proyectos artificiales que ya se ha demostrado que son inviables en las compensaciones anteriores de Norte Energia, que, en la mayoría de los casos, solo enriquecen a las empresas contratadas para ejecutarlos.

Vale la pena recordar que se ha demostrado que Norte Energia S.A. no ha terminado todas las acciones de mitigación necesarias para obtener la licencia para operar la central, y la opera desde 2016. La licencia la otorgó el Ibama a finales de 2015 sin que la empresa hubiera cumplido las condiciones que condicionaban la operación. Lo que condicionaba dejó de condicionar, en uno de los grandes escándalos de una trayectoria en la que no faltan.

Las nuevas medidas supuestamente compensatorias van a parar a esta cuenta que ninguna tienda de la esquina aceptaría, pero el Gobierno brasileño, sí. Incluso porque casi la mitad (49,98%) de las acciones de Norte Energia están ahora en manos del grupo estatal Eletrobras. El segundo mayor grupo de accionistas (20%) son los fondos de pensiones Petros y Funcef, es decir, los fondos de pensiones complementarios de los empleados de las estatales Petrobras y Caixa Econômica Federal. Sería interesante saber qué piensan los funcionarios sobre la conexión de sus fondos de pensiones con un desastre ecológico en la Amazonia. La compensación, además de ser imposible en la práctica, es solo una promesa, ya que el pasivo de la empresa es enorme, como lo demuestran más de 20 acciones del Ministerio Público Federal.

En la práctica, el presidente del Ibama ha autorizado que la empresa altere completamente el ciclo biológico de la Vuelta Grande del Xingú, afectando al menos a dos pueblos indígenas, los yudjás (también conocidos como jurunas) y los araras, lo cual es inconstitucional, y también a las comunidades de ribereños, pescadores y agricultores familiares. También ha autorizado la degradación del Xingú, uno de los mayores ríos de la Amazonia, así como de toda la fauna y flora de la Vuelta Grande, una de las regiones más extraordinarias de la selva, con algunas especies endémicas, como los plecos cebra, lo que significa que solo existen en ese bioma y desaparecerán con él. El presidente del principal órgano medioambiental del Gobierno brasileño ha autorizado que una empresa controle el agua de uno de los grandes afluentes del Amazonas y destruya un trozo de la mayor selva tropical del mundo y engaña a la población afirmando que se puede compensar la tragedia ecológica provocada. La selva es un organismo integrado, complejo e interdependiente, como el propio planeta. Lo que ocurre en la Vuelta Grande del Xingú repercute en todo el sistema y acelerará la escalada de la Amazonia hacia el punto sin retorno, cuando la selva se convierte en sabana.

¿Qué ha pasado para que el área técnica del Ibama diga no y el área política diga sí? La presión de lo que se llama el sector eléctrico y sus agentes. Una presión realizada con el apoyo de las secciones de economía de algunos de los mayores periódicos del país. Desde enero, el Ibama y también a la opinión pública sufren un intenso asedio. Los comunicados filtrados a la prensa, y reproducidos con frecuencia sin crítica, anunciaban la amenaza de colapso del sistema eléctrico del país si el Ibama rechazaba el volumen de agua que exigía Norte Energia, que —vale la pena repetirlo— es comprobadamente incompatible con el mantenimiento del ecosistema de la Vuelta Grande del Xingú.

El 15 de diciembre, el Ministerio de Minas y Energía ya había declarado en una carta: “Se concluye que los cambios en el hidrograma definido para la Central Hidroeléctrica de Belo Monte, evaluados desde la perspectiva de la generación de energía eléctrica, se traducen en impactos negativos significativos en el sector eléctrico brasileño, con efectos diversos, sistémicos y colectivos, de planificación, comerciales y operativos, afectando incluso la seguridad energética”.

El 27 de enero, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica envió una carta al Ibama, firmada por su director general, André Pepitonne da Nóbrega, en la que afirmaba: “Sin entrar en los aspectos ambientales del asunto, el impacto estimado de la medida aplicada en los dos primeros meses de 2021, enero y febrero, sería de cerca de 1.300 millones de reales [240 millones de dólares] para el consumidor final de energía eléctrica”. Una parte de la prensa reprodujo la carta como noticia, sin mencionar el impacto socioambiental de la enorme reducción del caudal de agua en la Vuelta Grande ni explicar cómo el presidente de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica había llegado a ese cálculo, más allá de la mera afirmación de que se debía al coste del “aumento de la producción en las centrales termoeléctricas”, que son más caras y contaminantes.

El 28 de enero, el Ministerio de Economía, dirigido por Paulo Guedes, envió una nota técnica al Ibama, en la que decía: “En resumen, sin entrar en discusiones jurídicas o medioambientales que escapan a las facultades de esta Secretaría, y asumiendo las consecuencias energéticas presentadas por el ministerio sectorial responsable [el Ministerio de Minas y Energía], que el Ibama mantenga dicho hidrograma puede obstaculizar la necesaria recuperación del crecimiento económico del país tras una crisis sanitaria sin precedentes, lo que supone riesgos para el orden público y la economía”. (El énfasis es mío.)

Obsérvese que tanto el Ministerio de Economía como la Agencia Nacional de Energía Eléctrica utilizan la picardía de una advertencia: “sin entrar en los aspectos ambientales del asunto”, en el caso de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, o “sin entrar en discusiones jurídicas o medioambientales”, en el caso del Ministerio de Economía. ¿Cómo se puede hacer un análisis, en el 2021, sin abarcar la cuestión ambiental, en cualquier región del globo y aún más en la Amazonia? No es necesario tener un curso intensivo de economía para entender que esto es mala fe o incompetencia, o ambas cosas. El medio ambiente no es una cuestión paralela, sino la línea que atraviesa todas las demás cuestiones. Tratar el medio ambiente como una cuestión tangencial es de una ignorancia imperdonable e inaceptable en este momento histórico. El medio ambiente es nuestra casa, la que la juventud climática denuncia que está en llamas. Y lo está. Y, gracias al Brasil gobernado por Bolsonaro, también lo está literalmente.

Cabe recordar que el fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, excluyó Eletrobras en 2020 debido a las violaciones ambientales y de derechos humanos que se cometieron en la construcción y operación de Belo Monte. “Es un riesgo inaceptable que [Eletrobras] cometa violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos” fueron las palabras utilizadas. Hoy, son los sectores económicos internacionales los que más presionan para que se conserve la Amazonia, no porque sus dirigentes se hayan convertido de repente en ecologistas, sino porque no son tontos. Y como tienen más de dos neuronas son capaces de entender que, sin la selva, no hay futuro para la especie y, por tanto, no habrá ni consumidores ni beneficios. Si algún empleado, aunque fuera de bajo rango, hiciera algún análisis de impacto sin “entrar en la cuestión medioambiental” en cualquier organismo internacional o en cualquier gran empresa con competitividad hoy sería despedido. Lo mismo vale para los periodistas de economía. Al parecer, los dirigentes brasileños se graduaron en el siglo XX y no volvieron a leer nada más. O, quizás, todavía están atascados en los primeros días de la revolución industrial.

También por violar normas medioambientales, especialmente en la Amazonia, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur naufraga en los parlamentos de los países europeos. Este viernes, por ejemplo, Fridays For Future, un movimiento liderado por la sueca Greta Thunberg, ha realizado un tuit global pidiendo a los parlamentos de los países europeos que no ratifiquen el acuerdo debido a la destrucción de la Amazonia. Dos de sus líderes vinieron a Brasil en velero a finales de 2019 para conocer la selva y conversar con líderes indígenas, quilombolas (descendientes de esclavos rebeldes) y ribereños en el evento Amazonia Centro del Mundo, que tuvo lugar en la Tierra Media y en Altamira, en el Estado de Pará, con la presencia de Raoni y Davi Kopenawa, entre otros intelectuales de la selva.

No hay nada que esté más entrelazado con la cuestión medioambiental hoy, en un mundo en colapso climático, que la economía. Pero los dirigentes del área en Brasil consideran perfectamente normal analizar un hecho que tendrá un enorme impacto ambiental sin “entrar en la cuestión ambiental”. La cartera de Paulo Guedes también consideró oportuno utilizar expresiones típicas de gobiernos autoritarios, que siempre desenfunda cuando es necesario aterrorizar a la población: “riesgos para el orden público y la economía”.

Ningún análisis puede tomarse en serio sin el coste socioambiental. Brasil se ha visto fuertemente presionado y ha ido perdiendo inversiones y mercados para sus productos debido al aumento de la destrucción de la Amazonia, pero empieza 2021 decretando el fin de un trozo de selva. A diferencia de los impactos de la supuesta reducción de la producción de energía por parte de Belo Monte, los impactos socioambientales en la Vuelta Grande del Xingú están bien controlados y documentados por los mejores científicos desde hace años. Solo hay que leer las investigaciones y los documentos. En el más reciente, fechado el 28 de enero y presentado al Ministerio Público Federal, algunos de los principales investigadores brasileños afirman:

“Considerando que las poblaciones indígenas y ribereñas que viven en la Vuelta Grande del Xingú tienen como fundamento de su modo de vida la codependencia con los procesos ecosistémicos de la región, cualquier alteración irreflexiva, imprudente y/o precipitada de estos procesos conduce a escenarios de debilitamiento de estos pueblos en un sentido amplio de la expresión. Es la imposición irreversible de la pérdida de la soberanía alimentaria de las familias locales que tiende a agravarse en las próximas generaciones, del debilitamiento económico asociado a la pérdida de la biodiversidad vegetal y animal, además de la pérdida de calidad de vida y de salud de estas y de las próximas generaciones”.

Desde antes de su construcción, los expertos del sector eléctrico ya denunciaban que Belo Monte serviría más para producir comisiones ilegales que energía, ya que el río Xingú vive una estación de sequía durante la mitad del año. Aun así, el proyecto se construyó: presupuestado en 3.500 millones de dólares en la subasta de 2010, el coste ha superado hoy los 7.300 millones, financiados en su mayor parte con dinero público del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. La corrupción quedó finalmente al descubierto con la operación anticorrupción Lava Jato, que reveló las comisiones que las constructoras pagaron al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y al Partido de los Trabajadores (PT), los partidos que estaban en el poder durante la construcción.

Muchas de las advertencias que hizo el panel de expertos que analizó el impacto del proyecto de Belo Monte en el ecosistema incluso antes de la subasta de la central se confirmaron. En diciembre de 2019, el reportero André Borges, del periódico O Estado de S. Paulo, denunció que Norte Energia había pedido autorización a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica para construir centrales térmicas para compensar los meses secos del Xingú. Además de ser caras, las centrales térmicas son muy contaminantes. Semanas antes, EL PAÍS y The Guardian ya habían revelado que, en una carta dirigida a la directora-presidenta de la Agencia Nacional de Aguas, Christianne Dias Ferreira, el director-presidente de Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, afirmaba que tenía que alterar el caudal del embalse intermedio de la central de Belo Monte, debido a la severa sequía que sufre el río Xingú, para evitar daños estructurales en la presa principal.

Además de la inviabilidad técnica de la central, de la corrupción y la destrucción del medio ambiente con efectos en toda la región amazónica, la construcción de Belo Monte contribuyó a convertir Altamira, la principal ciudad del Medio Xingú, en la más violenta de la Amazonia. En julio de 2019, la ciudad también fue escenario de la segunda mayor masacre carcelaria de la historia de Brasil, con 62 personas asesinadas, la mayoría de ellas decapitadas o quemadas. Hoy, la ciudad enfrenta, en medio de una pandemia, una serie de suicidios de niños y adolescentes. La central eléctrica también fue determinante para que la región se convirtiera en el epicentro de deforestación e incendios forestales. Y, además, causó un gran impacto en la salud de la población. El propio Ministerio de Sanidad señaló el enorme aumento de la desnutrición infantil entre los niños indígenas durante la construcción. Profesionales de la salud mental vinculados a la Universidad de São Paulo documentaron en el proyecto Refugiados de Belo Monte el impacto que tuvo en la población ribereña que fueran expulsados de su territorio por la central. Una obra totalmente paradójica en el panorama político de Brasil: la primera turbina fue inaugurada con orgullo por la expresidenta Dilma Rousseff en 2016 y la última fue inaugurada con orgullo por el actual presidente, Jair Bolsonaro, en 2019.

El actual y avanzado capítulo de destrucción es lo que Norte Energia y parte del Gobierno, el mercado y la prensa llaman “Hidrograma de Consenso”, nombre digno de la distopía de George Orwell. En la nota técnica de principios de febrero, el propio órgano ambiental dice que no hay ningún consenso. En palabras literales: “Considerando la evidencia documental de que los cronogramas A y B [caudales alternativos] NO fueron el resultado de discusiones técnicas en las que participara el Ibama, sino de una decisión unilateral de la empresa, este dictamen se refiere a ellos como HIDROGRAMAS DE PRUEBA, y no de consenso”. (Las mayúsculas son del Ibama, no mías.)

La “prueba” demostró lo que ya habían anticipado los científicos: la incompatibilidad entre una cantidad tan reducida de agua y la reproducción de la vida. El juez federal que falló a favor del Ibama el año pasado basó su decisión en el “principio de precaución, prevención e inversión de la carga de la prueba”. Así, impuso “al emprendedor el deber de probar que su actividad cuestionada no causa o no está causando daños al medio ambiente”. Tal y como afirma el área técnica del Ibama, Norte Energia no consiguió probarlo: “Este dictamen no considera adecuado el planteamiento dado por el informe técnico [de Norte Energia] y sugiere su DEVOLUCIÓN y reajuste”. (Una vez más, las mayúsculas son del Ibama, no mías.)

Y entonces llegó la motosierra del área que se autodenomina económica, con la amenaza del colapso energético, del riesgo para la seguridad nacional y de la enorme “carga para los consumidores”. En la práctica, el Gobierno de Bolsonaro ha vendido la Vuelta Grande del Xingú por unos supuestos 29 millones de dólares a una central que costó más de 7.300 millones, cuyo principal accionista es Eletrobras. ¿Y cuál es el plan para Eletrobras? La privatización, en la que el enorme pasivo ambiental y humano de Belo Monte, consolidado en la escena internacional como una catástrofe ecológica en la Amazonia, es un serio obstáculo, porque lo que se suele llamar “el mercado” es codicioso y no tiene escrúpulos, pero no es estúpido. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Los intereses que rodean a Belo Monte, desde antes de su polémica subasta, se han mostrado muy poco republicanos.

Aceptando por un momento, solo como ejercicio mental, que los intereses son por el bien público, que hay una preocupación genuina por la cuestión energética y que los dirigentes pueden demostrar lo que afirman: colapso energético, amenaza a la seguridad nacional, 240 millones de dólares de costes para los consumidores, etc. Aceptando, solo hipotéticamente, que estas afirmaciones fueran correctas y se hicieran de buena fe, ¿qué tenemos del otro lado? El colapso ya en marcha de una región de 130 kilómetros de selva tropical habitada por pueblos indígenas, ribereños, pescadores y agricultores familiares, así como de especies de fauna y flora aún no del todo conocidas, en uno de los ríos más biodiversos del mundo. Y esto en un momento en que las principales autoridades mundiales, en todas las áreas, afirman que la crisis climática es el mayor desafío de la historia de la humanidad y que, para afrontarla, la Amazonia es estratégica. Este colapso, a su vez, está totalmente documentado por los científicos más respetados para quienes deseen informarse y estudiar.

Aceptando incluso, solo hipotéticamente, que la reducción de la producción de Belo Monte significara un riesgo real de colapso energético, es importante señalar que esto convertiría la planificación brasileña para el sector en un arcaísmo incompatible con el actual momento mundial. Mientras otros países, con mucho menos potencial que Brasil, han realizado enormes inversiones en energía solar y eólica, Brasil destruye la selva y planea destruirla todavía más, como ha demostrado al anunciar recientemente la reanudación de proyectos hidroeléctricos en la Amazonia. Ningún profesional serio considera hoy en día que la energía hidroeléctrica en la Amazonia sea “limpia”. Este punto de vista ya ha sido totalmente superado por la evidencia bien documentada de la realidad y la ciencia.

Aceptando, solo hipotéticamente, que ambas premisas (y no solo una) sean ciertas —la del colapso ecológico, ampliamente documentada, y la del colapso energético, esta solo en boca de algunas autoridades del actual Gobierno y sus anticuadas visiones—, ¿no sería sensato seguir el principio básico de precaución? ¿No debería algo de esta magnitud e impacto en la mayor selva tropical del mundo ser al menos ampliamente discutido con toda la sociedad? ¿Así, de un plumazo, el Gobierno de Bolsonaro condena una parte de la Amazonia?

Destruir la selva es destruir los patrones de lluvia y clima. Es destruir la producción de alimentos, los ingresos de los agricultores y la competitividad y aceptación de los productos brasileños en el mercado internacional. Es afectar a las condiciones de vida de los habitantes de São Paulo y Río de Janeiro. Es repercutir en el futuro de todos los habitantes del planeta. Se trata de eso. Y, como el Gobierno es el agente de la destrucción, nos corresponde a nosotros impedir que se produzca otro crimen, este de enormes proporciones. O la sociedad brasileña y mundial se moviliza o el ecocidio se consumará. Si la Vuelta Grande del Xingú muere, estaremos dando un paso más hacia nuestro propio suicidio como especie.

El miércoles 17 de febrero, el guerrero indígena Aruká Juma murió de covid-19. Era el último hombre de los jumas, un pueblo amazónico exterminado a lo largo de las últimas décadas por sucesivos ataques genocidas. El riesgo de la pandemia para un pueblo de reciente contacto era conocido y el Supremo Tribunal Federal determinó la construcción de una barrera sanitaria. El Gobierno de Jair Bolsonaro no la hizo. Y el último juma murió. Según la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, a principios del siglo XX el pueblo juma contaba con 15.000 personas. En 2002, estaban reducidos a cinco: uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hoy, no queda ni un solo hombre. El Gobierno de Bolsonaro acaba de extinguir un pueblo y de determinar la muerte de la Vuelta Grande del Xingú. Si seguimos callados, es mejor que enterremos ya lo que llamamos Brasil. En una fosa común, ya que no hay suficientes tumbas en los cementerios para tantos muertos.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de ‘Brasil, construtor de ruínas: um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro’. Web: elianebrum.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter, Instagram y Facebook: @brumelianebrum.

Traducción de Meritxell Almarza