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COLUMNA

Belo Monte, constructoras y ‘espejitos’

Como la mezcla explosiva entre el estado brasileño y grandes empresas erigió un monumento a la violencia a orillas del río Xingú, en la Amazonia.

La marca de la corrupción en el Brasil actual, así como la relación explosiva entre el Estado y las empresas contratistas, tienen como emblema la OperaciónLava Jato(lavacoches)y la Petrobrás, dónde todos las miradas están puestas. Sin ignorar la gran importancia de esta investigación, existen elementos para sospechar que el emblema de las conexiones entre lo público y lo privado puede situarse también en otro lugar: en la construcción de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingú, en la Amazonia. Es ella, un proyecto concebido aún en la dictadura pero solo ejecutado en democracia durante los Gobiernos Lula-Dilma Rousseff, la que ata los cabos sueltos de la historia reciente del país, evidenciando la colección de males sociales de Brasil y obligándonos también a interpretar la corrupción como un acto de exterminio. Belo Monte expone las entrañas de un tipo de operación que se consolidó durante la dictadura y traspasó varios Gobiernos de la democracia, permaneciendo hasta hoy. La Amazonia, tanto como creadora de sentidos para Brasil como lugar concreto donde se dan las disputas entre varios actores, no es el extrarradio del país, sino el centro. Tal vez lo que necesitemos sea apartar la mirada para ajustar el foco.

Este tipo de intervención en que lo público y lo privado se mezclan es la clave para comprender el documento titulado “Dossier Belo Monte: No existen condiciones para la Licencia de Funcionamiento”, publicado a finales de junio por el Instituto Socio-Ambiental, una organización no gubernamental brasileña. Sabemos que el dinero que se desvanece por la corrupción en Brasil es también el dinero que falta para saneamiento, educación y sanidad, así como para otras inversiones prioritarias. Pero eso siempre aparece un poco abstracto. En Belo Monte es posible vislumbrar y cuantificar lo que la relación contaminada entre la concesionaria Norte Energia y el Gobierno federal causó en los últimos años, entre 2010 y 2015.

El anuncio reciente de que el Tribunal de Cuentas de la Unión(TCU) va a iniciar una investigación sobre el uso de recursos públicos en la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte es una buena noticia. Pero aún es muy poco y llega con retraso. La investigación del TCU atiende a un pedido del Ministerio Público Federal (fiscalía): las constructoras investigadas en la Operación Lava Jatopor desvíos de recursos en Petrobrás son las mismas que construyen Belo Monte y, por lo tanto, es importante investigar su actuación junto a otra empresa estatal, la Eletrobrás, ésta del sector eléctrico. Uno de los delatores de la Operación Lava Jato, Dalton Avancini, expresidente de la constructora Camargo Corrêa, ya afirmó en una de sus declaraciones que la contratista se comprometió a pagar al partido PMDB un soborno de 20 millones de reales [unos 5,8 millones de euros] para poder participar de la construcción de la central energética.

El coste de la hidroeléctrica, según el TCU, se estima hoy en 33.000 millones de reales (9.538 millones de euros). En la época de la subasta estaba presupuestado en 19.000 millones, un aumento más que considerable. La mayor parte de estos recursos vienen del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).

Belo Monte es la muestra de como lo público y lo privado se asocian en la historia reciente de país

Belo Monte es una muestra —o monstruo, como prefieren algunos— de cómo lo público y lo privado se asocian en la historia reciente del país. Pero, por afectar directamente a poblaciones discriminadas, cuyo modo de vida y conocimientos han sido despreciados durante siglos, como es el caso de los pueblos indígenas y ribereños, además de ser una región alejada del centro político y económico del país, sus violaciones fueron toleradas mientras la planta se convertía en hecho consumado a la orilla de uno de los ríos más importantes de la Amazonia.

En este artículo presento la más reciente radiografía sobre el legado que Belo Monte ya dejó a Brasil antes siquiera de empezar a funcionar, pero también busco entender por cuales imaginarios y caminos históricos permitimos que algo así suceda en el siglo XXI y en democracia. Este es un momento crucial, ya que Belo Monte espera que el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables) le conceda la Licencia de Funcionamiento.

1) Arquitectura de la destrucción

Hay que observar con atención la trayectoria de Belo Monte para entender la relación entre los Gobiernos y las constructoras. En 2010, aún durante el segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, poco antes de la subasta de la hidroeléctrica, dos gigantes de este sector, Odebrecht y Camargo Corrêa, anunciaron que se habían retirado del proceso por falta de “condiciones económico-financieras que permitieran su participación en la disputa”. Dicho de otro modo: el beneficio no estaba garantizado. De prisa y corriendo, el Gobierno creó el consorcio Norte Energia, para asegurar la disputa, ya que solo existía otro consorcio candidato, el Belo Monte Energia, del que formaban parte Andrade Gutierrez, Vale, Eletrosul, Furnas, Companhia Brasileira de Alumínio y Neoenergia.

Hay algo de sórdido en el entramado político y económico de Belo Monte

El consorcio formado por el Gobierno fue el vencedor de la subasta. Estaba compuesto por una filial de Eletrobrás, llamada CHESF(Compañía Hidroeléctrica de São Francisco), y por algunas constructoras de menor porte. Llegó a ser llamado en la prensa de “consorcio de las desconocidas”. En esa ocasión, el entonces presidente del consorcio Norte Energia y director de CHESF, José Ailton de Lima, afirmó, con toda razón, que las condiciones de financiación ofrecidas por el BNDES para la construcción de Belo Monte “tal vez sean una de las mejores del mundo”.

Lo más interesante viene ahora: las constructoras que participaban del consorcio vencedor prefirieron dejarlo después de la subasta. Hoy, Norte Energia está formada principalmente por empresas estatales del sector, como Eletrobrás, Eletronorte y la misma CHESF, y por fondos de pensión (Petros y FUNCEF). En definitiva: en gran parte pública. Cerca del 50% de la composición accionarial pertenece a empresas controladas directa o indirectamente por el estado brasileño.

Para construir la hidroeléctrica, Norte Energia contrató al tercer elemento del entramado político y económico de la central: el Consorcio Constructor Belo Monte. Y, ¿adivinen quien forma parte de él? Sí, las gigantes del sector de la construcción, Odebrecht y Camargo Corrêa, que renunciaron a participar en la subasta por falta de condiciones económico-financieras; la otra gigante, Andrade Gutierrez, que participaba del consorcio perdedor; y las constructoras que participaban del consorcio vencedor pero que lo dejaron después de vencer la subasta. Podemos concluir que construir Belo Monte, contratada por Norte Energia, se reveló un mejor negocio para las constructoras.

Los Gobiernos Lula-Dilma crearon el más “friendly” de los mundos para Norte Energia y para el Consorcio Constructor Belo Monte

Existen aún dos puntos fundamentales para comprender lo que viene a continuación. Ante las violaciones de derechos y de una serie de incumplimientos por parte de Norte Energia, el Ministerio Público Federal entró con más de 20 acciones judiciales contra la empresa. En alguna de estas acciones, cuando el MPF conquistó una decisión preliminar que determinaba la suspensión de las obras de la central hasta que las medidas (vinculantes) acordadas para la construcción de la hidroeléctrica fuesen cumplidas, la Abogacía General de la Unión invocó un instrumento autoritario: la “suspensión de seguridad”. Este instrumento es concedido por la presidencia de un tribunal que no analiza el mérito de la cuestión, tan solo se limita a mencionar motivos como “orden, sanidad, seguridad y economía públicas”. En este caso se alegaba que era necesario mantener el cronograma de la obra y, por lo tanto, ella no podría ser paralizada por una decisión judicial provisional. El uso de “suspensión de seguridad” garantizó que, cuando el mérito de la acción fuera finalmente juzgado en última instancia, lo que llevaría años, Belo Monte ya sería un hecho consumado, como estamos viendo suceder.

Otro punto que llama la atención es la forma en como fueron tratadas las manifestaciones contra las arbitrariedades de Belo Monte, así como las varias interrupciones por parte de los operarios. El Gobierno utilizó la Fuerza Nacional para reprimir tanto las manifestaciones de indígenas, ribereños, agricultores y habitantes urbanos alcanzados por la hidroeléctrica como las huelgas de trabajadores en su lugares de trabajo. Una decisión sorprendente para un Gobierno democrático.

La pregunta obvia es: ¿dónde acaba lo público y comienza lo privado? Belo Monte es al mismo tiempo una obra controlada en parte por las empresas estatales, financiada en gran parte por un banco público y cuyas posiciones de la empresa son defendidas por la Abogacía General de la Unión. Al mismo tiempo, también es responsable el Gobierno, por medio de órganos como el IBAMA y FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), por controlar el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a los derechos de las poblaciones afectadas.

Es bastante visible que hay algo de sórdido en este entramado.

En el dossier sobre Belo Monte, la siguiente afirmación evidencia esta sordidez: “Tal vez el mayor reto de Belo Monte consista en superar el conflicto de intereses y contradicciones inherentes al hecho de que se trata de una obra perteneciente al Gobierno federal, que es al mismo tiempo ejecutada, financiada y controlada por él mismo”. El dossier muestra también que el grueso de la información sobre las acciones y el impacto de la construcción de Belo Monte proviene de los informes llevados a cabo y enviados periódicamente por Norte Energia. En resumen: el IBAMA controla en base a lo dicho por lo que está controlado.

Aún así, a lo largo del proceso de licitación de Belo Monte, fueron abiertos diferentes procesos administrativos contra Norte Energia que culminaron en multas por un valor total de 15 millones de reales (4,34 millones de euros). Según el dossier, ninguna de ellas fue pagada hasta hoy.

Es difícil imaginar un mundo más amigable para Norte Energia y para el Consorcio Constructor Belo Monte que éste que los Gobiernos Lula-Dilma Rousseff crearon. También es difícil imaginar un mundo más perverso para las poblaciones afectadas y para el medio ambiente que éste que los mismos Gobiernos crearon. Pero lo que necesitamos entender es que la población afectada es también todo el conjunto de ciudadanos brasileños –y de distintas maneras.

Las aldeas indígenas afectadas por la central recibieron durante dos años una ‘paga’ de 30.000 reales en mercancías, lo que causó desnutrición infantil y exterminio cultural

Este espantoso entramado lo denuncian desde hace nueve años organizaciones socio-ambientales, líderes del movimiento social del Xingú y especialistas del sector. En 2011, Célio Bermann, investigador del área energética y profesor de la Universidad de São Paulo, hizo un análisis profundo sobre lo que señaló como las razones reales por las que se atropellaba la ley para construir Belo Monte (lea aquí). Más tarde, Don Erwin Kräutler, obispo de Xingú que desde hace una década está obligado a acompañarse de escolta policial por estar amenazado de muerte por su defensa de los pueblos de la floresta, dio un testimonio impactante sobre como los movimientos sociales fueron atropellados en el proceso (lea aquí). Don Erwin apoyó al Papa en su reciente encíclica sobre el cambio climático, al relatar la situación de la Amazonia. El procurador de la República en el estado de Pará, Felício Pontes, fue uno de los miembros del Ministerio Público Federal que llamaron reiteradamente la atención sobre la tragedia anunciada, con la esperanza de evitarla (lea aquí).

La pregunta es: ¿por qué no fueron escuchados?

2) Los ‘espejitos’ del siglo XXI

Si el IBAMA concede la Licencia de Funcionamiento a Belo Monte, existen pocas dudas de que, en el momento en empiece a llenarse el embalse hidroeléctrico, todo lo que fue violado e incumplido por Norte Energia y por el Gobierno actual también será tan hecho consumado –e impune– como la gigantesca planta. Esta vez no se puede obligar al cumplimiento de lo que no fue cumplido en la próxima etapa, porque no habrá próxima etapa.

Se convirtió en una metáfora del “descubrimiento” de Brasil el intercambio con los indígenas de bienes de valor para los europeos por espejitos, objetos que la población originaria nunca había visto. En Belo Monte, esa práctica fue adaptada al momento histórico, alterándose la lista de mercancías y reeditándola, consumando un proceso de exterminio cultural y generando una situación de inseguridad alimentaria en aldeas afectadas por lo hidroeléctrica. Para tener un cuadro más amplio del huevo de la serpiente, lea “La anatomía de un etnocidio”, en el que Thais Santi, procuradora de la República en Altamira, relaciona conceptos de la filósofa Hannah Arendt con Belo Monte, dando énfasis en la aniquilación de la cultura de los pueblos indígenas en el radio de acción de la mayor obra en desarrollo en el país.

El informe del Instituto Socio-Ambiental muestra que, durante dos años, Norte Energia dio una especie de paga a las aldeas afectadas por valor de 30.000 reales. Funcionaba así: los caciques enviaban la lista de mercancías y la empresa las entregaba. Según Norte Energia, los gastos con los pueblos indígenas llegaron a 212 millones de reales. Pero, en lugar de inversiones en la reducción y compensación de los impactos, el dinero sirvió para la compra de los espejitos de este milenio: barcos y lanchas, motores para barcos y lanchas, millones de litros de gasolina, camionetas (igualmente en aldeas donde no existían carreteras), camas modernas, televisores de plasma, azúcar, refrescos, galletas y chucherías, entre otros.

Solo de una tierra indígena salió en 2014 el equivalente a 13.000 camiones llenos de madera ilegal

Esta operación desencadenó, según los técnicos que testificaron, “uno de los procesos mas perversos de cooptación de líderes indígenas y desestructuración social promovidos por Belo Monte”. En el documento, el Distrito de Sanidad Especial Indígena de Altamira (DSEI), subordinado al Ministerio de Sanidad, manifiesta:

“A partir de septiembre de 2010, con la construcción de la Central Hidroeléctrica Belo Monte, los indígenas empezaron a recibir cestas de alimentos no perecederos y procesados. Entonces los indígenas dejaron de cultivar, plantar y producir sus propios alimentos. Por otro lado, en septiembre de 2012, tal “beneficio” fue cortado, los indígenas se quedaron sin el suministro de alimentos y ya no tenían mas huertos para recolectar lo que comer, lo que llevó al aumento del número de casos de niños con bajo peso o muy bajo para su edad, llegando a 97 casos o un 14,3%”.

En otro punto del documento, el DSEI de Altamira vincula el aumento de los casos de “enfermedad diarreica aguda” en 2010 con la actuación de Norte Energia en las aldeas:

“En 2010 registramos un aumento considerable, ya que en una población de 557 niños menores de 5 años sucedieron 878 casos, el equivalente a un 157% de esa población o 1.576,3 para cada 1.000 niños (…) Cambios en los hábitos alimenticios con la introducción de alimentos procesados derivados de los recursos financieros de las condiciones para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte es otro factor que contribuye al alto índice existente”.

La desnutrición infantil en las aldeas de la región, conforme a los datos del dossier, aumentó un 127% entre 2010 y 2012. Un cuarto de los niños está desnutrido. En el mismo período, según el dossier, la atención sanitaria a los indígenas creció un 2.000% (dos mil por ciento) en las ciudades del radio de impacto de Belo Monte. La situación es tan aterradora que en 2014 técnicos de la FUNAI recomendaron la adquisición de cestas básicas para enfrentar la vulnerabilidad alimenticia de las comunidades. Dicho de otro modo: cestas básicas para impedir que los indígenas, que antes de Belo Monte tenían autonomía alimenticia, hoy se mueran de hambre o de enfermedades causadas por el consumo repentino e indiscriminado de productos procesados, así como por la interrupción de plantaciones, pesca y recolecta de alimentos, causado por la entrada de los mismos productos.

La dictadura convirtió la Amazonia en una imagen para el consumo de masas que continúa en la democracia

El dossier también muestra que la hidroeléctrica ya dejó un “rastro de degradación ambiental y social difícilmente reversible”. Según los técnicos del IBAMA escuchados para la elaboración del informe, Belo Monte se convirtió en un “sumidero de madera”. Buena parte de la madera generada por la obra se pudrió. Los troncos ni siquiera fueron aprovechados en la construcción de la central, como fue exigido. Al mismo tiempo, Norte Energia compró enormes cantidades de madera - 17.000 metros cúbicos solo hasta diciembre de 2012 – de proveedores externos. Esa demanda repentina es justamente lo que los programas ambientales luchan por evitar, ya que la madera comercializada en la región es casi toda obtenida en la ilegalidad.

Los índices de explotación ilegal de madera se dispararon en el área de influencia de la obra. En la Tierra Indígena Cascada Seca, una de las afectadas por la central, fueron extraídos 200.000 metros cúbicos de madera solo en 2014. Esa cantidad es suficiente para llenar más de 13.000 camiones madereros. En 2013, la TI Cascada Seca fue la más deforestada de Brasil.

Existe un intento recurrente de vaciar a los indígenas de identidad para liberar sus tierras para la explotación privada

¿Cuál es el intercambio, de hecho, entre Norte Energia y los pueblos indígenas?

La respuesta tal vez esté en la conclusión de una indígena Araweté al relatar las mercancías introducidas en su aldea. Ella dijo al antropólogo Guilherme Heurich: “Las mercancías son la contrapartida para nuestra muerte futura”.

3) ¿De quién somos hijos?

Mas allá del origen concreto de una operación política y económica como la de Belo Monte, es necesario comprender como la población brasileña fue avisada ante lo que estaba sucediendo, aunque mucho menos de lo que se debería, y aún así la indignación se circunscribió a ciertos sectores de la sociedad, sin alcanzar al conjunto de los brasileños. Belo Monte es un escándalo que no fue decodificado por el imaginario colectivo como escándalo. En parte, porque una parcela significativa de la prensa no lo trató de tal modo. Pero, si no nos comprometemos con la Historia, existen pocas oportunidades de que esa historia, la de Belo Monte, no vuelva a repetirse en otras regiones amazónicas.

La idea que persiste aún sobre la Amazonia en el imaginario colectivo es la de un anuncio, la de la dictadura militar. Una propaganda muy eficaz y que, sumada al desconocimiento de la mayoría sobre la región, continúa hasta hoy. Es durante la dictadura militar que la Amazonia se vuelve una imagen para el consumo de masas.

Hasta entonces, las novedades que llegaban a la población eran en forma de noticias sobre una geografía enigmática, tan fascinante como pavorosa en la que se entremezclaban El Dorado, aventura y peligro. Los soldados del caucho, la Ferrovía Madeira-Mamoré, Fordlandia, la carrera hacia el Oeste, así como los nombres del Mariscal Cândido Rondon y de los hermanos Villas-Bôas, eran, entre otros, capítulos de una historia fragmentada para la mayoría de los brasileños.

La dictadura proporciona una imagen homogénea a la Amazonia. Y la difunde como publicidad. La Amazonia se transforma entonces en “el desierto verde” o en “desierto humano”. La convierte también en “tierra sin hombres para hombres sin tierra”. La orden de “integrar para no entregar” es un eslogan publicitario, una amenaza externa reeditada hasta hoy, siempre que convenga, para garantizar la adhesión de la población. Como ya se demostró, a la mayoría le encanta un nacionalismo oportunista, aunque falso. De este modo, la Amazonia se convierte en la expresión de un vacío de gente y de una riqueza incalculable a ser conquistada, garantizada y explotada. Primero la tierra, después el subsuelo. Al tratarse de un régimen de excepción, las voces de resistencia que luchan contra esos argumentos son apartadas o directamente silenciadas.

En esa publicidad existen falsificaciones muy actuales, pese a todos los avances alcanzados en la re-democratización y a pesar de la garantía de los derechos para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en la Constitución de 1988. La primera idea es que no existe gente en la Amazonia. Es necesario, por lo tanto, llevar gente allí para ocupar el territorio, garantizar la soberanía nacional y generar riqueza. ¿Y cómo? Abriendo carreteras como la Transamazónica, creado proyectos de colonización con agricultores del sur y del noreste, aumentando la presencia del Ejército en las fronteras.

En la propaganda de la dictadura, lo pueblos indígenas y las poblaciones ribereñas no son gente, o por lo menos no son “la gente adecuada”. Cuando el reconocimiento de su existencia es obligatorio, son gente primitiva, la cual hay que integrar y salvar por el progreso. Ya que, si no fuese considerada así, la Amazonia no podría ser vendida a la población como un vacío o un desierto humano. Ni podría ser ocupada. Lo que la dictadura hizo con los pueblos de la floresta, en especial con los indígenas, es una historia que aún necesita ser mejor contada. La Comisión de la Verdad que depuró los crímenes de la dictadura estima en más de 8.000 los indígenas que fueron asesinados durante el período. Es también durante los años del régimen de excepción que la imagen de los indígenas como “trabas al progreso” se incrusta en imaginario colectivo.

Realidade, la más celebrada revista de grandes reportajes de periodismo brasileño, presentó en 1971 una edición antológica dedicada por completo a la Amazonia. Si los reportajes realizados por algunos de los más destacados reporteros y fotógrafos brasileños del siglo XX continúan siendo impresionantes, existen otras dos partes de la revista que también se convirtieron en un documento de gran relevancia: la parte de opinión, con la narración de ministros, generales y coroneles de la dictadura, y la parte de los anuncios publicitarios. Éstos representan una joya para entender el imaginario de la época y así comprender de dónde vinimos nosotros, que vociferamos “¡la Amazonia es nuestra!”, pero ni así nos responsabilizamos por ella.

La apuesta de sectores de la sociedad como los de la agroindustria y los de la minería aún representa la transformación del indígena en pobre

Como ya destaqué en este espacio, existe uno entre muchos discursos entre las páginas de opinión de Realidade Amazônia que ilustra con nitidez la mentalidad vigente. Es la del sureño Carlos Aloysio Weber, a la época coronel y ex comandante del 5º Batallón de Ingeniería y Construcción, uno de los primeros en instalarse en la Amazonia en la dictadura civil-militar. Hasta hoy alguna escuela en Rondonia lleva su nombre, entre otros homenajes públicos. El coronel es presentado como “mítico” en ese estado, afirmación que suscita escalofríos. La pregunta del periodista es la siguiente: “¿Cómo es posible hacer las cosas en la Amazonia y transformar la región?”. El coronel contestó:

– Cuando se quiere hacer algo en la Amazonia, no se debe pedir permiso: se hace.

Y continúa:

– ¿Cómo piensa usted que hicimos 800 kilómetros de carretera? ¿Pidiendo permiso, ché? Utilizamos la misma táctica que los portugueses, que no pedían permiso a los españoles para cruzar la línea de Tordesillas. Si todo lo que hicimos no hubiese salido bien, yo estaría en la cárcel, viejo.

Claro. Si los crímenes de la dictadura hubiesen sido depurados y castigados, es posible que militares como éste hubieran sido llevados a prisión.

Si las palabras las de este coronel pueden sonar absurdas hoy, al acompañar las grandes obras como la hidroeléctrica de Belo Monte es posible percibir que esa idea sigue muy presente. Sigue aún muy vigente, solo que con algunos disimulos, ya que estamos en un período democrático. En la actualidad, los derechos de los pueblos indígenas garantizados por la Constitución de 1988 están siendo atacados por el actual Congreso, gracias al tamaño y al poder de la bancada rural, aliada de la de la bala y la biblia. Hay distintos proyectos de enmienda constitucional que buscan vaciar de derechos a los pueblos de la floresta, como la PEC-215. Como no es posible tratar a los indígenas como “no gente”, ahora lo que se dice de ellos es que “tienen demasiada tierra” o que “no son indios de verdad”.

Como los indígenas ahora se convirtieron en lo que se llama de “sujetos de derecho” es necesario quitarles tanto el “sujeto” –motivo de la frase no son indios de verdad– así como el “derecho” –tienen demasiada tierra”. Esta parte está contada de manera profunda en otros dos artículos: “Los indígenas y el golpe a la Constitución” e “Indígenas, los nativos extranjeros”.

El “Palo del Presidente” es el símbolo fálico de la conquista de la Amazonia que muestra la mentalidad de una época aún actual en Belo Monte

El indígena ocupa un lugar como alegoría en el imaginario nacional, como un componente de formación cristalizado en el pasado, casi como un grabado. Pero su existencia concreta, su historia en movimiento y sobre todo su resistencia como protagonista histórico lo vuelven perturbador. La idea de los pueblos indígenas como “trabas”, ahora no más al progreso, sino al “desarrollo”, persiste en el imaginario colectivo. Y las “trabas” tienen que ser “eliminadas”. Sea mediante el exterminio directo, lo que ya no es posible en una democracia, o sea por el exterminio cultural, como Norte Energia y el Gobierno hicieron –y están haciendo– en Belo Monte.

Aún hoy, la apuesta de sectores de la sociedad como los representantes de la agroindustria y de la minería, como suele explicar el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (lea aquí), representa “la transformación del indígena en pobre”, de la floresta en favelas. Debidamente trasladados hacia el extrarradio urbano, abriéndose el camino hacia la explotación privada de sus tierras ancestrales.

El imaginario sobre la Amazonia y sobre los pueblos de la floresta ha sido construido a lo largo de décadas. Ésta es una de las explicaciones posibles para la evidencia de que una parte significativa de los brasileños entiende el exterminio cultural de los indígenas en Belo Monte como poco o nada escandaloso. Somos tanto herederos como multiplicadores de esta propaganda, y la mayoría continúa aún confundiendo publicidad con verdad. Tanto acerca del imaginario de la Amazonia como acerca de otros dos fraudes: que la hidroeléctrica en la floresta es “energía limpia” y que si Belo Monte no fuese construida, así como las grandes hidroeléctricas de la Amazonia, no tendríamos electricidad para ver la telenovela. Esa simplificación de la compleja cuestión de las fuentes de consumo energético, en un planeta asolado por el cambio climático, está al servicio de intereses poderosos que poco tienen que ver con las necesidades concretas de la población.

Las constructoras hicieron Brasilia y nunca más salieron de Brasilia

La ignorancia, en cambio, de ningún modo nos absuelve. En este momento, ella nos hace cómplices del genocidio. Hoy, ni la prensa ni ningún brasileño puede utilizar la excusa de que esta amordazado por la censura de un régimen de excepción.

4) Constructoras y estado, una larga luna de miel a la brasileña

La otra mentira de la propaganda de la dictadura sobre la Amazonia que continúa hasta hoy es la de la Amazonia como un cuerpo para ser invadido y ocupado. Ese cuerpo es vaciado de sujeto y, así convertido, se convierte en un objeto. Y, como objeto, es un objeto susceptible de explotación.

En este sentido, tal vez la imagen más emblemática sea la del general Emílio Garrastazu Médici, presidente durante el período más sangriento de la dictadura, entre 1969 y 1974. En la entrevista ya citada, Don Erwin Kräutler cuenta el día en que presenció al general celebrar la Transamazónica, a principios de los setenta. El acto simbólico de Médici para marcar el poder del hombre sobre la naturaleza, tan típico de la modernidad, fue el derrumbe de un castaño gigante. Con este gesto, podemos ver una alusión al poder del régimen sobre los cuerpos torturados en los sótanos de la dictadura hasta ser vaciados también ellos de sujeto:

– Él (Médici) dio inicio a las obras. Todo el personal alucinando en el estrado... ¡Como locos! ¡Aplaudiendo! ¡Derrumbando un árbol como ese! Y diciendo que era el progreso que estaba llegando. Me rompió el corazón... ¿Cómo puede? Aplaudir que el rey de los árboles del estado de Pará o de la Amazonia cae, y con un estruuueendo tremendo. ¿Cómo es posible? Aparece escrito en la placa que robaron: “El Presidente de la República inicia la conquista de este gigantesco mundo verde”.

La conquista de la Amazonia era entonces representada por el derrumbe de un castaño, árbol torturado hasta morir por orden del general. El lugar que marca este evento en Altamira es conocido como “Palo del Presidente”. Lo que es muy significativo. El presidente fálico, potente, por un lado. Pero, por otro, ¿de quién es el palo que cortó?

Esta idea, la de la Amazonia como cuerpo para explotación, cuerpo sin sujeto, para ser dominado, sometido y violado, que gana forma en la dictadura y símbolos como éste, continúa predominando bastante en el imaginario colectivo. Es esta visión que prevalece hoy en la política de grandes hidroeléctricas en la Amazonia de los Gobiernos Lula-Dilma Rousseff. ¿Qué significa esa imagen de la hidroeléctrica Belo Monte, aquella monstruosidad humana impuesta sobre la floresta allí en medio del Xingú? ¿No sería ella también una especie de falo, pero ahora alejado ya que los tiempos son otros? ¿Qué significa una hidroeléctrica como esta en el momento en que el mundo teme el cambio climático causado por la acción del hombre?

Las constructoras de la Transamazónica y las de las grandes obras de la dictadura son en gran parte las mismas que construyeron Belo Monte en la democracia. Hoy algunas de ellas tienen directores y propietarios en la cárcel. La dictadura fue la luna de miel de las constructoras con el poder y, desde aquella época, elPalacio de Planalto y las constructoras son íntimos. Los Gobiernos Lula-Dilma marcan un momento de mucha sintonía en esa relación, pero están lejos de ser los únicos. La “conquista” de la Amazonia es un proyecto del estado brasileño con las grandes constructoras que traspasa Gobiernos de la dictadura y la democracia. Es algo, por lo tanto, que necesita ser entendido dentro de un contexto amplio sobre como lo público y lo privado se fueron organizando a lo largo de la historia brasileña.

El historiador Pedro Henrique Pedreira Campos disecciona esta relación en una tesis doctoral defendida en la Universidad Federal Fluminense (disponible para lectura aquí). La tesis se convirtió en el libro Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar (Extrañas catedrales: las constructoras brasileñas y la dictadura civil-militar), lanzado en 2014 por la editorial de la UFF. Las grandes constructoras se nacionalizaron justamente durante los años JK (el Gobierno de Juscelino Kubitschek, 1956-1961), con la construcción de Brasilia. Antes, las constructoras eran regionales. Ellas construyeron Brasilia y, simbólica y concretamente, jamás salieron de Brasilia.

Algunos ejemplos: el puente Río-Niterói fue realizado por un consorcio que agrupó Camargo Corrêa y Mendes Júnior. La hidroeléctrica de Itaipú fue realizada por Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Mendes Júnior. La Transamazónica reunió a Mendes Júnior y Camargo Corrêa. Belo Monte es construida por un consorcio de distintas contratistas, entre ellas Andrade Gutierrez y Camargo Corrêa.

La constructoras, por lo tanto, son las mismas antes de la dictadura, durante la dictadura y en la re-democratización del país. El país cambió de régimen, ganó una nueva constitución, pero las constructoras siguieron siendo las mismas. Hay una frase sobre esta relación en el libro de memorias de Samuel Wainer, polémico hombre de la prensa: “En aquel momento, conocí a una figura indispensable para descifrar los secretos del juego de poder en Brasil: el contratista”. Nada más actual.

Una historia interesante sobre la relación entre las constructoras, el estado y la Amazonia puede ser contada mediante la figura de Cecílio do Rego Almeida, fallecido en 2008, que era simultáneamente propietario de la constructora CR Almeida y “el mayor grileiro (invasor de tierras públicas) del mundo”. Había ocupado en la Amazonia un área con aproximadamente seis millones de hectáreas, compuesta por tierras indígenas, tierras públicas y asentamientos del INCRA (la agencia gubernamental encargada de la reforma agraria), que pasó a ser conocida como Ceciliolandia.

El área de la que se apropió ilegalmente era equivalente a la suma de los territorios de Bélgica y Holanda, en plena Tierra del Medio, en el estado de Pará. El contratista pasó a ser conocido como Don Ciccillo durante la dictadura, cuando CR Almeida se hizo con 37 grandes obras federales y se convirtió en una potencia. Hasta su muerte, a él le gustaba referirse al régimen de excepción como “la más floja de las dictaduras”.

Cuando Marina Silva era ministra de Medio Ambiente, Don Ciccillo la llamaba de “aquella indiacita totalmente enferma y analfabeta”. A Olívio Dutra, ex gobernador del estado de Rio Grande do Sul y ex ministro de Lula, le colocó el apelativo de “marica”. Al referirse al asesinado activista Chico Mendes, lo hacía en los siguientes términos: “Aquel caucheroque se jodió”. Esa era la persona. Y el personaje. Para conocerle mejor, sugiero un reportaje de la revista Caros Amigos, realizada por el periodista João de Barros en 2005 (reproducida aquí).

Lo más curioso, sin embargo, sucedió hace dos años, en 2013. En ese año, el entonces diputado federal André Vargas consiguió aprobar en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de los Diputados un proyecto homenajeando a Cecílio do Rego Almeida. Vargas pretendía dar el nombre del contratista a un tramo de la carretera BR-227, entre Paranaguá y Curitiba, uno de los principales del sur del país. En 2014, como es sabido, André Vargas fue expulsado del PT y suprimido por la Cámara. En 2015, fue encarcelado en la Operación Lava Jato.

Hace dos años, él era aún el vicepresidente de la Cámara, bastante influyente en el PT y en el Congreso. El proyecto de ley era de 2009 y, en el texto de justificación el diputado decía lo siguiente: “Su trabajo, el de Cecílio do Rego Almeida, fue perseverante en sus objetivos, y ahora, después de su muerte (…), este benemérito ciudadano podrá recibir el merecido homenaje”.

“Perseverante”: menuda palabra para definir la vida pública de Don Ciccillo, homenajeado tras su muerte por un diputado del Partido de los Trabajadores. En 2015, con el autor entre rejas, el proyecto fue archivado en el Senado.

La relación entre los Gobiernos Lula-Dilma, Norte Energia y el consorcio de constructoras en la obra de Belo Monte debe ser entendida a partir de este contexto más amplio. Si ella tiene sus peculiaridades –y de hecho las tiene–, tampoco puede ser separada de una manera de actuar que sobrepasa éste o aquel Gobierno y que está profundamente inoculado en el estado brasileño.

La conquista de la Amazonia y todo el rastro de violencia dejado por esa experiencia no podrían consumarse a lo largo de la historia de Brasil sin este otro tipo de conquistador. En nuestros días, ostenta el nombre de emprendedor.

5) Altamira, el infierno sin verde

El Dossier Belo Monte, lanzado por el Instituto Socio-Ambiental con la colaboración de técnicos que atestiguan el día a día el impacto de la hidroeléctrica, muestra lo que sucedió con Altamira y los municipios de la región alcanzada por las obras. Entre 2011 y 2014, el número de asesinatos por año en Altamira subió de 48 a 86 casos, un aumento del 80%. La tasa es hoy de 57 por 100.000 habitantes, cinco veces superior al índice de homicidios considerado por la Organización Mundial de la Salud como “no epidémico”.

El número de accidentes de tráfico en los últimos cuatro años ascendió de 456 anuales hasta 1.169: un aumento del 144%. Solo en 2014, el número de pacientes víctimas de accidentes de tráfico registrados en el Hospital Regional de Altamira aumentó un 213% en relación a 2013.

La situación del saneamiento es aterradora. Fueron construidos 220 kilómetros de red de alcantarillado y 170 kilómetros de red de abastecimiento de agua, pero ninguna casa fue conectada al sistema. Después de más de un año discutiendo de quién era la responsabilidad, el ayuntamiento anunció a finales de junio la disposición de crear una empresa municipal para gestionar el saneamiento básico y realizar las conexiones. Norte Energia pagará el coste de esas obras. La iniciativa, sin embargo, depende de la aprobación del proyecto por la Cámara de Concejales.

Los índices de fracaso escolar en los cinco municipios afectados directamente por Belo Monte crecieron un 40,5% en la enseñanza primaria, entre 2011 y 2013, y un 73,5% en la enseñanza media, entre 2010 y 2013. En Altamira, el abandono escolar en la enseñanza básica ascendió un 57% de 2011 a 2013. Maestros del sistema público relatan que una gran parte de los adolescentes cambió la escuela por los tajos en las obras de la central.

Vale la pena poner una lupa sobre lo que se llama de remociones. Palabra técnica para lo que en la práctica significa expulsión, término que se volvió popular durante las obras del Mundial de 2014. Es curioso como aceptamos fácilmente las palabras y pasamos a reproducirlas. Aquí, remoción se usará siempre en cursiva, para mantener la repulsa que la palabra debería provocarnos. Eso en caso de que fuese yo o aquel que lea este texto el removido de su casa y de su mundo en nombre del desarrollo.

En el caso de Belo Monte, más de 8.000 familias –cerca de 40.000 personas– fueron arracadas –o aún serán– de manera brutal del lugar donde viven, trabajan, tienen lazos familiares y de vecinos. La población afectada, parte de ella analfabeta, solo tuvo asistencia jurídica federal a comienzos de 2015, ya con una central casi finalizada. Durante los años de obra, estuvieron a merced de Norte Energia y de su equipo de decenas de abogados. Después de una audiencia pública promovida por el Ministerio Público Federal en noviembre de 2014, la Defensoría Pública de la Unión hizo un enorme esfuerzo, ya que existe una falta manifiesta de defensores en todo Brasil sin que el Gobierno se esfuerce en subsanar este fallo, formando una fuerza especial de trabajo en este caso.

El Gobierno federal no se movió para garantizar el acceso a la justicia en una de las mayores obras del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC). Al contrario, dejó a la población abandonada. Incluso quienes viven en grandes ciudades y frecuentaron la universidad saben que la justicia y su lenguaje son capaces de volver analfabeto hasta a un posgraduado. Es fácil imaginar el impacto de esta realidad sobre agricultores y pescadores, así como sobre la población urbana y pobre de las zonas degradadas de Altamira, frente al poder de la empresa concesionaria.

El emprendedor, la nueva apariencia mucho más aceptable que la del conquistador o colonizador, reproduce la lógica de la dominación: para conquistar o colonizar es necesario imponer al otro su visión del mundo. Para conquistar y colonizar —o para emprender— hay que partir del principio de que el otro no detiene ningún conocimiento. Él, el emprendedor, es el sujeto del cuerpo que domina. Primero al vaciarlo: en el pasado de humanidad, y en el presente, de identidad. Después existe el dominio concreto, al convertir ese cuerpo en aquello que hace de él. Altamira vive esa realidad.

Las historias de las remocionesinundan páginas y páginas con relatos de violencia. Hubo quien salió y al volver a casa no encontró nada en su lugar. Hubo quien firmó con el dedo en un papel porque no sabía leer. Lo que guió el proceso, además de la completa omisión del Gobierno y del abuso de poder de Norte Energia, fue el total desinterés por entender el modo de vida de estas familias arrancadas de su lugar. Entender, para comenzar, lo que significaba una casa para ellas. Para quien hizo la inscripción, la idea de casa y del día a día era aquella que traían con ellos de sus lugares de origen, tanto geográficos como de clase. Es posible percibir en varios textos y discursos, incluso de la prensa, el desprecio por lo que se llama cabañas o mismo palafitos.

En un reportaje que publiqué en este espacio, llamado El pescador sin río y sin letras, conté una de esas historias en que un Brasil borra a otro Brasil, el más frágil y desamparado. Al escuchar la historia de Otávio das Chagas y de su familia (lea aquí) queda claro el alcance de lo que les fue arrancado, cuando toda la vida que conocían, al igual que las marcas que la prueban, se convirtieron literalmente en agua. Al contarme su historia, sin nada que pudiera demostrar que existieron sobre una isla que ya no existe más, mostraban con desesperación total las cicatrices sobre la única geografía que les quedó: el propio cuerpo.

Gracias al esfuerzo de la Defensoría Pública de la Unión, Otávio das Chagas pudo garantizar una casa en uno de los barrios construidos por Norte Energia. Eso le convirtió en un privilegiado entre las víctimas de Belo Monte. Solo un 4% de los removidos, según el dossier, recibirán una casa, por falta total de información y de orientación en la realización de la inscripción y en la negociación simulada que marcó el proceso. Otro 75% recibieron una indemnización que no les permite comprar una vivienda, ya que los precios de Altamira explotaron desde el comienzo de la obra. Y otro 21% tuvieron una indemnización en forma de carta de crédito.

Los que fueron reubicados o reasentados están muy lejos de su modo de vida, de su trabajo, de sus lazos afectivos y de solidaridad, de la única vida que conocían. Muchos de ellos son, como Otávio das Chagas, pescadores sin río y sin peces, arrancados de sus islas y tirados en un conjunto de viviendas distante de todo y en el que no se reconocen. La imagen de Otávio das Chagas y la de su familia delante de esa casa, desplazados de todo y también de sí mismos, muestra que su final solo fue menos infeliz. Aquí, somos testigos de la conversión de pescadores y agricultores en pobres. Dice Otávio das Chagas, el trasplantado de raíces mutiladas y sumergidas:

– Yo solo sé vivir en la orilla del río. Mis chicos también solo conocen trabajo de río. Es tan triste.

En una entrevista a la reportera Letícia Leite, del Instituto Socio-Ambiental,la consejera tutelar de Altamira Edizângela Barros explicó que la remoción de su casa le causó la primera separación de dos de sus hijos. Incluso cuando tuvo que pasar una noche en las calles de Altamira, Edizângela consiguió mantener a los hijos con ella. Con la remoción, lejos de todo e sin transporte público, no fue posible. El corte simbólico en lo que tenemos de más visceral, la relación entre una madre y sus hijos pequeños, sintetiza el corte de Belo Monte sobre decenas de miles de vidas humanas.

Es en este punto que la historia está.

6) La guerrera Antonia Melo se despide de su casa con la columna recta

El sábado (4/7), hubo una fiesta de despedida para la casa de Antonia Melo, anunciada como una celebración “de las historias de vida e de identidad amazónica”, así como la “reafirmación de la resistencia a los grandes proyectos del Gobierno, como Belo Monte”. Coordinadora del Movimiento Xingú Vivo, a los 65 años Antonia Melo representa el símbolo de la lucha contra Belo Monte y es una de las líderes más importantes de la historia del Xingú. En su lucha por los pueblos de la floresta, por los agricultores, mujeres y niños, Antonia vio como compañeros fueron abatidos por tiros de pistoleros. Ella también, que ya vive entre los escombros de los vecinos, será obligada a dejar en las próximas semanas su casa de la zona urbana de Altamira, donde vive desde hace 30 años. Pregunté a Antonia Melo si se sentía derrotada. Ella me respondió:

— No. Yo nunca me doblegué. Aún no llegó el fin.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes – o avesso da lenda, A vida que ninguém vê, O olho da rua, A menina quebrada, Meus desacontecimentos y de la novela Uma duas. Sitio web: desacontecimentos.com. Email: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: brumelianebrum

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