Que la voluntad de las tecnológicas no sustituya a la ley

El problema de las noticias falsas ya es tan grave que las empresas tecnológicas estadounidenses, principales difusoras de desinformación, no han tenido más remedio que implicarse. Esta semana Twitter ha hecho pública una nueva herramienta en Estados Unidos para que los usuarios señalen los contenidos que les parezcan engañosos o directamente fraudulentos. A la plataforma esto le permite que los ciudadanos le hagan parte del trabajo. Y por ahí parece que irán los tiros: Facebook, Google y Twitter van a seguir puliendo sus algoritmos, aliándose con verificadores y colaborando con medios para mejorar sus productos. Pero no pondrán freno al problema de fondo. Cerrarán las cuentas que consideren oportunas, como han hecho con la de Donald Trump, sin explicar por qué ahora sí y hace cuatro años no, o por qué mantienen abiertos los perfiles de dirigentes como Nicolás Maduro o Bachar Al Assad. No quieren ser árbitros ni asumir la responsabilidad de un editor, pero expulsan y bloquean sin garantías, mencionando unas condiciones de uso genéricas. ¿Es este tipo de discrecionalidad lo que queremos? Es hora de que lo aceptable y lo inaceptable en Internet esté amparado por un marco legal y limitado por los tribunales, no por actores privados.

Los avances de la tecnología pueden complicar la situación. En los próximos 15 años, quizás antes, habrá asistentes digitales que filtren el contenido falso. Como los Alexa o Siri que hoy se activan con nuestra voz y reproducen la canción que les pedimos, pronto tendremos dispositivos que usen inteligencia artificial para leernos las noticias. Ordenarán los trillones de datos que nos rodean y distinguirán entre las informaciones fraudulentas y las verdaderas, pero lo harán en base a los filtros que sus fabricantes consideren fiables. ¿Qué pasará cuando haya un margen de interpretación? ¿Se aplicarán los criterios sesgados de las mismas empresas, que están enfocados a preservar su rentabilidad?

Las tecnológicas son mucho más que compañías privadas de información: son infraestructuras esenciales. Basan su negocio en una extracción y acumulación masiva de nuestros datos, que venden a terceros. Su responsabilidad social, legal y tributaria debe estar a la altura. Y no pueden ser quienes fijen las reglas. Se necesita una normativa que nazca de los Estados, lo suficientemente amplia para no poner freno a la innovación y lo suficientemente precisa para controlar los excesos. Más allá de las iniciativas que hay, como la Ley de Servicios Digitales, la UE y EE UU deben sentarse a definir un código civil digital que garantice derechos virtuales al menos tan válidos como los del mundo físico. A eso deberíamos estar mirando, y no a las herramientas que van sacando las plataformas para optimizar sus productos o a las decisiones que toman cuando lo estiman oportuno. @anafuentesf