Justicia digna para las mujeres defensoras de derechos humanos en México

El 19 de octubre del 2001, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada en su oficina en Ciudad de México. El atroz crimen conmovió a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional. Digna era una de las lideresas más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos en México, en un contexto particularmente complejo.

A pesar de la alarma global, la respuesta estatal a su muerte fue inverosímil. La investigación careció de imparcialidad y seriedad, y la conclusión de que Digna se había “suicidado” fue una bofetada a la verdad y la justicia para ella, su familia, y cientos de personas defensoras de derechos humanos que desde entonces enfrentaban múltiples formas de violencia y persecución. El asesinato de Digna y la indolencia de las autoridades no fueron aislados, sino parte de un patrón de violencia e impunidad contra las personas defensoras en esa época. Tristemente, es un legado que hoy continúa amenazando gravemente a las personas defensoras y sus organizaciones en México, uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos.

En este contexto, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digna, en la que condena al Estado mexicano por las graves falencias ocurridas en la investigación de su muerte, es un hito importantísimo para la justicia y los derechos humanos, y particularmente para Digna y las mujeres defensoras.

Además de mostrar la manipulación de evidencia, la Corte Interamericana documentó que las investigaciones estuvieron plagadas de estereotipos de género, donde se apelaba a “aspectos íntimos y personales de la defensora” para cuestionar su credibilidad y dañar su imagen y reputación, con el fin de minimizar el impacto de su asesinato.

Esto continúa siendo un acto recurrente en México en los casos de violencia contra mujeres defensoras. La falta de perspectiva de género para atender denuncias de violencia contra mujeres defensoras y periodistas, y los ataques a la legitimidad de su labor, son un común denominador, tanto en las pocas investigaciones que se realizan como en el discurso estatal.

Durante el juicio ante la Corte, en calidad de perita experta, presenté un análisis del contexto de violencia que han enfrentado las personas defensoras de derechos humanos en México, desde la época del asesinato de Digna hasta ahora. En Amnistía Internacional denunciamos las amenazas contra Digna y demandamos reiteradamente su protección a las autoridades, pero tristemente no fue un caso aislado. Durante años hemos documentado diversos casos de ataques y amenazas a mujeres defensoras de derechos humanos en México. Casos emblemáticos, como las amenazas contra Esther Chávez en 2002 y Obtilia Eugenio Manuel, quien ha sufrido múltiples amenazas y hasta secuestro desde 2004; la tortura sexual contra Lydia Cacho en 2005; y los asesinatos de Marisela Escobedo en 2010, Susana Chávez en 2012 y Zenaida Pulido en 2019, son una muestra de que el Estado mexicano no solo ha fracasado en la protección de las mujeres defensoras, sino que alimenta la impunidad que garantiza que la violencia continúe.

En los casos que Amnistía Internacional ha investigado, las amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y otras formas de violencia casi nunca se investigan, y las pocas investigaciones que se adelantan, incluidas por asesinatos de mujeres defensoras, son lentas y no cuentan con protocolos específicos que tomen en cuenta la labor de defensa o una perspectiva de género. En muchos casos, las propias autoridades y fuerzas de seguridad mexicanas son identificadas como responsables de los ataques, amenazas y agresiones, por lo que muchas investigaciones carecen de imparcialidad y credibilidad.

Uno de los mayores obstáculos para las personas defensoras de derechos humanos es que México carece de verdaderas políticas públicas integrales de protección. Si bien cuenta desde 2012 con una ley y mecanismo para protección de personas defensoras y periodistas, este ha resultado claramente insuficiente. Las campañas de difamación y criminalización por parte de servidores públicos, la falta de medidas firmes para atender las causas estructurales de la violencia, y la falta de investigación y sanción a los responsables de esa violencia contribuyen al entorno hostil para la defensa de derechos.

La crisis de violencia contra personas defensoras y periodistas en México es monumental. El propio Gobierno reconoce que, de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, 94 personas defensoras fueron asesinadas, 23 de ellas mujeres. La violencia contra la prensa requiere un análisis propio sobre la gravedad de la situación, pero para ejemplificar, en lo que va del año, ya tres personas periodistas han sido asesinadas.

Ante esta crisis, y con todo el diagnóstico de problemas del mecanismo de protección, resulta contradictorio que en 2020 el Congreso mexicano, con el aval del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, haya eliminado el fideicomiso independiente que financiaba parte de los programas de protección del mecanismo.

La sentencia de la Corte contra México en el caso de Digna Ochoa también reconoce esta crisis y la incapacidad del Estado de proveer protección. Por eso, la resolución condena al Estado a cumplir con medidas de reparación, tanto en lo individual con la reapertura de la investigación por el asesinato y medidas de compensación, como en lo colectivo, ordenando el fortalecimiento del sistema de protección con la adopción de protocolos de investigación y protección, planes de capacitación, campañas de reconocimiento y prevención, y la asignación de recursos financieros adecuados.

México no debe confiar en un mecanismo de protección como la única respuesta estatal para proteger a personas defensoras. El Estado tiene la obligación de incorporar una perspectiva integral sobre la protección de las personas defensoras con un enfoque diferenciado que tenga en cuenta sus necesidades específicas, incluidas las de las mujeres defensoras.

Al menos que los delitos contra personas defensoras y periodistas sean investigados y sancionados de manera adecuada, los ataques continuarán. Por eso, el Estado debe fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a las instancias administrativas de control interno, para asegurar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todos los ataques, que los autores sean llevados ante la justicia, y que las víctimas reciban reparación integral y asistencia adecuada.

Hace tiempo que caducó el plazo de promesas. Urge que el presidente López Obrador actúe y ponga fin a esta violencia que daña profundamente a la sociedad. Un primer paso es dejar su discurso estigmatizador y reconocer públicamente la labor de las personas defensoras en la construcción de un México más justo y digno. Un México donde no lloremos más por las Dignas Ochoa que nos arrebata la violencia.

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