El año en que todo cambió

Hay años que nunca olvidaremos. Está 1994, cuando comenzó el tratado de libre comercio y el ejército zapatista le declaró la guerra al estado mexicano. Año en el que se asesinó al candidato a la presidencia, al secretario general del PRI y a las clases medias –mediante el error de diciembre.

Está el 2000, año en que se consumó la transición democrática. Vicente Fox fue electo, Ernesto Zedillo aceptó la derrota y el PRI salió de Los Pinos.

Y está 2024 en donde todo cambió.

Para ser justos, el cambio que vivimos en 2024 ya venía gestándose años atrás. Hubo destellos de él en las movilizaciones del 2006 y en Ayotzinapa en 2014.

Pero no fue sino hasta 2024 que el cambio se observó en su totalidad. Fue este año que el entramado institucional mexicano dio un vuelco. Dos grupos de instituciones cambiaron.

El primero fue el poder judicial, único vestigio intacto del autoritarismo mexicano. A diferencia de los otros dos poderes federales, el poder judicial no había sido reformado después de la transición democrática.

Un poder que había “quedado durante mucho tiempo en la sombra” como explicó en su momento Edna Jaime, decana del Tecnológico de Monterrey. Y que continuaba operando, si bien más profesionalizado, bajo la lógica de los poderes fácticos de los noventa y el gremio legal que lo había creado, el del priismo tardío y el panismo tradicional.

A nivel local, el poder judicial era aún más cuestionable. Diseñado para ser capturado por los gobernadores en turno, en todos los estados, el poder judicial funcionaba como un cóctel de favores e intimidación.

El segundo grupo de instituciones que dio un vuelco en 2024 fueron los órganos autónomos o el cuarto poder, así llamado porque no clasifica dentro de ninguno de los tres poderes tradicionales, pero al igual que ellos, tiene capacidad regulatoria, sancionatoria e incluso legislativa.

El llamado cuarto poder surgió bajo la lógica ideológica predominante a finales del siglo XX que postulaba que burocracias independientes debían tomar decisiones de Estado por encima de las demandas democráticas expresadas en las urnas. Su diseño, en palabras de Yascha Mounk, profesor de la Universidad Johns Hopkins, respondía a los principios del liberalismo antidemocrático o el gobierno de la tecnocracia ilustrada, paradigmas que, en la actualidad, enfrentan un fuerte cuestionamiento.

Ambos cambios han sido de gran envergadura. En esencia, en 2024 un gobierno con amplio respaldo popular y legitimidad incuestionable reconfiguró el entramado institucional, orientándolo hacia un modelo en el que el ganador de las elecciones tiene mayor capacidad para implementar su agenda. Un modelo en el que las instituciones regulatorias y el poder judicial serán más capaz de adaptarse al cambio en preferencias de la sociedad, en vez de solo seguir los designios de individuos aislados.

Hay quien argumenta que este cambio es un retroceso democrático. Entiendo la lógica, pero no la comparto. Como ha teorizado Andrés Velasco, decano de la Escuela de Política Pública del London School of Economics, los entramados institucionales latinoamericanos han pecado de desempoderar demasiado al partido gobernante. Bajo la idea de que hacerlo es democrático, muchos países cometieron el error de generar un sistema demasiado incapaz de ser consecuente con lo que la población demandó en las urnas, incluso más incapaz de lo que existe en las democracias consolidadas.

México es un ejemplo de ello. Instituciones que muchas democracias consolidadas dependían del ejecutivo, en México se hicieron autónomas. México es el país con más instituciones autónomas de la OCDE.

En 2024, México sufrió una corrección. En un sisma institucional de gran calado, se creó un sistema que ahora permite que el vencedor electoral, quienquiera que sea, implemente su agenda.

Ello no significa que las características fundamentales de la democracia mexicana se hayan perdido. México sigue siendo una democracia representativa, con elecciones en su mayoría libres y secretas, y en la que se mantienen libertades fundamentales como la de expresión y asociación. Si en México surge una oposición atractiva, ésta puede ganar elecciones. El 40% de los electores mexicanos son opositores.

Algunos se preguntan cómo fue posible reformar con tal contundencia al poder judicial y a los órganos autónomos sin generar un agravio social mayor. La respuesta es sencilla: su desaparición o reinvención forzada era casi inevitable.

Para el mexicano promedio, estas instituciones simbolizaban el entramado institucional creado por el PRI y al PAN, partidos con una reputación profundamente deteriorada. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones que podían transformarse en respuesta al deterioro reputacional, el poder judicial y el cuarto poder fueron expresamente concebidos para resistir el cambio. Esa fue su tumba.

Cuando la reputación del PRI y el PAN tocó fondo, especialmente durante el sexenio de Peña Nieto, el poder ejecutivo y el legislativo contaban con herramientas para adaptarse y responder a las demandas de una sociedad mexicana. La llegada de Morena a ambos poderes reflejó esa capacidad de adaptación.

En contraste, el poder judicial y los órganos autónomos estaban estructurados para ser inmutables frente a las demandas públicas. Su incapacidad para ajustarse a las nuevas realidades los llevó a una crisis de legitimidad, condenándolos a la obsolescencia.

Hay una minoría convencida de que en 2024 la democracia murió. Su postura, pero me parece un tanto miope y profundamente sesgada.

La democracia no es el mantenimiento intacto del entramado institucional que se creó en los noventa. La democracia, nos guste o no, implica la posibilidad de reformar los organismos de gobierno, el cuarto poder y la constitución entera si tienen las mayorías. El único sistema en el que las instituciones pueden mantenerse sin cambio es la dictadura.

Creer que sin cuarto poder hay democracia es ignorar que existen múltiples democracias consolidadas que no cuentan con esas instituciones. Es importante aprender a usar las palabras porque si llamamos retroceso democrático a los cambios institucionales que no nos gustan, habremos perdido la capacidad de nombrar al autoritarismo cuando este llame a la puerta.

En 2024 México se convirtió en una democracia nueva, no en una autocracia. El tiempo dirá si los cambios serán para bien.