De los fresales de Huelva a abrir un negocio en Marruecos

El tren de alta velocidad que une Tánger con Casablanca rasga la niebla de la mañana a 300 kilómetros por hora en la campiña de Ben Mansur, 90 kilómetros al norte de Rabat, a escasos metros del plantel donde Fatna Hamssa, de 51 años, cultiva plantas ornamentales entre el ferrocarril y la autopista costera. “Siempre soñé con tener flores”, le confesaba el sábado a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que pisaba el barro del Marruecos profundo en su vivero. Esta robusta campesina es parte del proyecto piloto Wafira (acrónimo en inglés para Mujeres Rurales Financieramente Independientes, y que se traduce al árabe por abundancia), que ha formado en los tres últimos años a 209 migrantes temporeras en los campos de Huelva para que puedan abrir pequeños negocios en sus lugares de origen, gracias a un programa financiado por la Unión Europea con 2.500 euros por persona (una suma cercana al salario mínimo agrícola de todo un año en Marruecos), con el fin de ofrecerles estabilidad económica.

Para la ministra española, que dio por ejecutado el viernes este programa pionero junto con las autoridades de Rabat, se trata de “un ejemplo vivo de gestión migratoria ordenada, inclusiva y duradera”, que “completa el ciclo de retorno de la migración circular” mediante la transformación social. “Las temporeras se convierten en actores de cambio, no solo económico, sino también humano”, enfatizó Saiz durante la visita.

Más de 15.000 trabajadoras estacionales marroquíes acudieron a los fresales de Huelva en 2024 para sostener a sus familias. Otras 4.300 se han inscrito para sumarse a la campaña de este año, en una fórmula laboral en la que todas las partes parecen salir ganando. Se cubren las carencias de mano de obra en los cultivos andaluces de frutos rojos, la contratación colectiva en origen asegura condiciones dignas de trabajo y, sobre todo, se eluden los dramas de la migración irregular.

La formación ofrecida a centenares de temporeras bajo el proyecto Wafira es fuente de inspiración para otros países. Saiz anunció en Rabat el lanzamiento de una segunda fase del programa en la que se quiere contar con nuevos socios europeos, como Francia y Portugal, y africanos, como Mauritania y Cabo Verde.

Como cada año desde 2007, excepto en los periodos en los que la pandemia cerró la frontera, Fatna partirá a trabajar durante unos cinco meses al otro lado del Estrecho por un salario que ronda los 1.500 euros mensuales, alojamiento incluido. “Mi marido se ocupará del negocio y de nuestros seis hijos”, explica. Ella tiene que garantizar el pago de los 80 euros de alquiler mensuales por el terreno, mientras su familia sigue facturando cuatro dirhams (0,38 euros) por cada planta de geranios despachada hacia el mercado mayorista de Casablanca.

“He cambiado mucho desde que puse en marcha el vivero de plantas”, reconocía Fatna con confianza, al tiempo que ofrecía a sus visitantes un desayuno campestre con té a la menta, rgaif (crepes rectangulares del Magreb), huevos y frutos secos. Ahora dispone de cuenta bancaria y cotiza a la Seguridad Social, tanto en España como en Marruecos, e implica a sus familiares en el pequeño negocio durante su ausencia.

Jeanne Schmitt, la responsable del proyecto Wafira en la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el organismo de Naciones Unidas para las relaciones laborales, destaca “el valor y la fortaleza de carácter” de las mujeres con las que ha trabajado en Marruecos, “para lograr superar sus vulnerabilidades mediante la formación”.

Desde 2024, las temporeras marroquíes como Fatna cuentan con tarjetas de identidad de extranjeros renovables, equivalentes a un permiso de residencia en España para cuatro años, en calidad de trabajadoras con contrato fijo discontinuo. La estabilidad disuade a la mayoría de arriesgarse a buscar otro trabajo en España sin permiso, aunque un 10% de ellas se ven tentadas de seguir la vía de la migración irregular, según fuentes oficiales españolas en Marruecos.

En el proyecto Wafira, la Unión Europea ha invertido cerca de 3,3 millones de euros, precisa la embajadora de los Veintisiete en Rabat, la valenciana Patricia Llombart, que acompañó a Saiz en la gira por los embarrados campos de Ben Mansur. El objetivo central del programa es “la reintegración socioeconómica sostenible de las trabajadoras de la migración circular”, esto es, que las temporeras retornen a sus lugares de origen con medios para ganarse la vida.

Entre la agricultura y el comercio

El proyecto lo coordina en España la secretaría de Estado de Migraciones, en conexión con las cooperativas agroalimentarias de Andalucía, y lo ejecuta en Marruecos la OIT junto con las autoridades locales, en particular la Anapec o agencia pública de empleo. La formación para el emprendimiento se ofreció a finales de 2021 a más de 600 mujeres, de las que la mitad fueron seleccionadas. Una tercera parte ha logrado poner en marcha un pequeño negocio en la agricultura o el comercio. Una granja apícola, una tienda de comestibles o un almacén de productos textiles para el hogar han sido, entre otras, algunas de las propuestas financiadas.

Dos terceras partes de las temporeras bajo el paraguas de Wafira proceden de la región de Rabat y el resto de la de Tánger, tienen una edad media de 45 años, están casadas en su mayoría y, de promedio, cuentan con tres hijos. El 90% de sus hogares ingresa rentas inferiores a los 250 euros mensuales (el equivalente al salario mínimo agrícola). La mitad de sus maridos carece de empleo.

“He venido a escuchar historias de vida”, confesaba la ministra española de Migraciones mientras su comitiva seguía recorriendo el interior rural del oeste de Marruecos a través de un paisaje humilde, aunque no muy pobre, donde los paneles solares conviven con carretas tiradas por burros en las pedanías de Ben Mansur.

Aziza Zbirat, de 56 años, casada y con tres hijos, sin apenas estudios, es dueña de un platanar. Lo adquirió en gran parte gracias sus ingresos en siete campañas de la fresa en Huelva, y desde el pasado verano lo ha modernizado con placas solares, bombas de agua y un sistema de riego por goteo que ha financiado en el marco del proyecto Wafira.

“Aprendí de mi padre el cultivo del plátano, pero ahora trabajo con mi propia familia”, explica esta campesina bajo el invernadero de la plantación. “Intermediarios y mayoristas vienen directamente aquí, tenemos una gran demanda en el mercado marroquí”, da cuenta de la prosperidad de su negocio. Como en los últimos años, Aziza pasará el mes de Ramadán, que en 2025 cae en marzo, lejos de los suyos, trabajando en la campaña de recogida de frambuesas y arándanos en Huelva. Sus ahorros, algo más del 80% de su salario, se reinvertirán en el platanar de Marruecos. “No quiero quedarme a vivir en España”, sostiene, “mi tierra y mi familia están aquí, pero mientras pueda seguiré trabajando cada temporada en Huelva”.

20 años de modelo de migración circular

Negociado por España y Marruecos en 2001 y puesto en marcha en 2005, el programa de contratación colectiva de campesinas marroquíes en origen se redujo considerablemente entre 2009 y 2015, a causa de la crisis económica que llevó a muchos trabajadores españoles a solicitar puestos agrícolas a los que antes no optaban. En 2019 llegaron más de 14.500 temporeras a Huelva, y una cifra similar se registró en 2023 tras la pandemia. La crisis de la covid dejó atrapadas a más de 7.000 temporeras en España en 2020. Al año siguiente, la tensión diplomática tras la irrupción de miles de marroquíes en Ceuta dejó en el aire el retorno de otras 12.600. Hace dos años, el peor accidente laboral desde el inicio del modelo de migración circular causó la muerte de una trabajadora estacional y dejó heridas a otras 39 al volcar en una carretera de Huelva el autobús que las transportaba hacia los fresales entre la niebla matinal.