Periodistas asesinados y agresores en la calle: qué falla en el sistema de protección a reporteros en México

A principios de abril del año pasado, un periodista grabó la agresión policial que acabó con la vida de la salvadoreña Victoria Salazar en Tulum (Yucatán). Días después, Francisco Canul encontró su casa destrozada y denunció el robo de material digital que usaba en su trabajo como reportero. “Tengo miedo”, decía. Y pidió protección. Nueve meses después, cuenta que le dieron un botón de pánico y que hace ahora una semana le llamaron para preguntarle más detalles, dónde trabaja su esposa, dónde va su hijo al colegio, cómo y dónde se desplaza él en su trabajo. Poco más. En los últimos días, dos periodistas han sido asesinados en Baja California. Habían solicitado medidas de protección, pero Margarito Martínez no la había logrado aún y Lourdes Maldonado contaba con rondines policiales para su seguridad.

La figura de la protección a los periodistas está rebasada por la escalada de violencia que sufren. No hay recursos suficientes y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros no tienen la capacitación adecuada por lo que muchos profesionales se ven obligados a refugiarse lejos de sus residencias y a silenciar su trabajo, es decir, los agresores logran lo que buscan. Además, las demoras para que la protección se haga efectiva son de tres o cuatro meses, según la organización Artículo 19. Ese es el diagnóstico que hacen los expertos en esta materia sobre lo que está ocurriendo en México con los periodistas amenazados. “En todo ese tiempo, si hubieran querido matarme ya lo habrían hecho”, dice Francisco Canul por teléfono desde Yucatán.

En México hay en la actualidad unos 700 periodistas bajo la figura de protección, que pueden obtener de las autoridades estatales o de las federales. Sólo en la Baja California se han contabilizado unas 33 agresiones de promedio al año. En 2012 comenzó a operar el mecanismo de protección federal, que tiene una junta de Gobierno en la que participan la Secretaría de Exteriores, la de Gobernación, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre periodistas y defensores de derechos humanos, dan protección a unas 1.300 personas. Se desconocen las cifras exactas de las personas que están bajo la tutela de los Estados. “No solo se necesita dinero, o refugios, chalecos antibalas o carros blindados. Lo que se precisa es que se investigue y se detenga a los agresores, porque de lo contrario lo único que se consigue es que se desplace a los periodistas y se silencie su trabajo, que es lo que persiguen los criminales”, dice la coordinadora de Prevención de Artículo 19, Itzia Miravete.

El problema es quién le pone el cascabel al gato. Porque los agresores son en su mayoría funcionarios públicos: el poder contra el poder. En 2020, siempre según los datos recabados por Artículo 19, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías de cualquier nivel y 11 militares de los distintos cuerpos. Esa es la razón de que esta organización de defensa de los periodistas haya peleado para que las leyes estatales que se han ido implementando en los últimos años -14 Estados tienen medidas de protección a reporteros- permitan al agredido elegir qué instancia debe protegerles: si es una agresión de funcionarios estatales pueden optar por la protección federal y a la inversa. “Esto no puede ser una ventanilla burocrática en la que si algo va mal recurres a otra ventanilla”, dice Miravete.

Como ocurre con la protección a mujeres víctima de sus parejas o exparejas en medio mundo, muchos de los reporteros no se atreven a denunciar su caso porque entienden que les pone aún más en el disparadero, que les revictimiza, que solo encuentran más riesgo aún. “Las autoridades les preguntan una y otra vez por lo que ocurrió, por ejemplo y, como en una investigación policial, si su segundo o tercer relato de los hechos se aparta mínimamente de los anteriores anotan un “no se pudo probar, pero de buena fe les otorgamos protección”, dice Miravete. Casi tienen que demostrar su inocencia. Además, en muchas ocasiones, la autoridad tiende a quitar hierro al asunto diciendo que han sido agredidos o han perdido la vida “por razones laborales”, exculpando así al crimen organizado de cualquier clase y aliviando las responsabilidades estatales. Ocurrió con el fotoperiodista Margarito Martínez recientemente. Cuando le mataron a balazos en la puerta de su casa se dijo que tenía problemas con un vecino. “En el caso de Lourdes Maldonado, esta misma mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que era un asunto laboral”, critica Miravete. “Y es triste, pero en ocasiones se les señala como colaboradores del narco o relacionados con los poderes públicos”, como justificando sus muertes en función de esas amistades. Son muchos los que deciden no denunciar por culpa de estas trabas o revictimizaciones, denuncia Miravete.

Finalmente, muchos reporteros en México, un país mortífero para la prensa, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia por unos meses o a salir al extranjero. Desde 2009, se cuentan 67 desplazados y “una tercera parte abandona el país. Suelen encontrar el apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo en la UE, en Canadá, o en Barcelona, ahí tenemos mucho contacto con ellos y refugian a periodistas, a veces mediante las embajadas”, señala la activista de Artículo 19. Luego regresan y el peligro sigue ahí. “Porque no basta con que cambie el gobierno en los municipios o en los Estados, los agresores siguen libres y con poder”, añade.

Una nueva violencia se cierne cada día con más presencia sobre el trabajo de los informadores, su desprestigio en las redes sociales, la violencia digital. “Eso también termina silenciándoles, porque el periodista ve menoscabada la legitimidad de sus informaciones, se les silencia por esas vías, eso también es violencia”, acusa Miravete. Por tanto, poco o nada se conseguirá si la medida principal no es buscar y detener a los agresores, en lugar de refugiar a los agredidos y silenciarlos. “Hay que investigar y hacer justicia mientras los reporteros están refugiados, si no, el desplazamiento, tristemente, se hace permanente. Se les da refugio para mantenerlos vivos, pero se les aparta de su trabajo”.

Hace unos meses, el Gobierno federal suprimió los fideicomisos, una figura económica que proporcionaba recursos para varias materias, entre ellas la protección de los periodistas en riesgo. “No hemos notado grandes cambios en el presupuesto, incluso este año ha habido un ligero incremento. Pero tampoco ha cambiado la operatividad. El problema es ese, la operatividad, que no se tomen medidas para acabar con estas amenazas o meter en la cárcel a los agresores. No basta con el dinero”, dice Miravete. “Cada vez hay más violencia”.

Francisco Canul tiene su botón de pánico, que no sirve de mucho, pero dice estar tranquilo porque ha cambiado el gobierno municipal. Él siempre dijo que todas las sospechas del allanamiento de su casa conducían a los policías, principales acusados por la muerte de la salvadoreña Victoria Salazar. “Había huellas de botas policiales”, dijo en su día. “No creo que ahora necesite más protección”, dice Canul.

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