México reconoce su responsabilidad en el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa en 2001

El Estado mexicano ha reconocido este martes su responsabilidad parcial en el caso de la muerte violenta de Digna Ochoa y Plácido, una defensora de derechos humanos cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su oficina de Ciudad de México en 2001. Durante la segunda audiencia del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería mexicana ha admitido haber violado el derecho a la honra y la dignidad de la activista y ha anunciado que propondrá a la familia reabrir la investigación dos décadas después para saber si se trató de un homicidio. La muerte de Digna Ochoa causó a principios de siglo gran conmoción y su caso puso el ojo en la forma en que actuaba el Ejército, que en aquel entonces comenzaba a acumular denuncias de violaciones a los derechos humanos.

“Es muy importante lo que pasó hoy porque el Gobierno mexicano ha admitido falencias en la investigación, ha reconocido que no se investigó la muerte violenta de Digna”, explica la abogada Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que defendió a la familia Ochoa y Plácido. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, encabezada por el asesor Alejandro Celorio Alcántara, ha reconocido además que hubo violaciones al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. “También reconocieron que la manera en que llevaron adelante la investigación fue violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad de ella”, agrega la letrada.

Ochoa fue hallada muerta cuando tenía 37 años en un despacho de la colonia Roma, el 19 de octubre de 2001. La primera línea de investigación, explican los abogados de la familia, apuntaba a un asesinato. El primer móvil era un crimen de Estado por el tipo de trabajo que realizaba”, dice Karla Michel Salas, abogada defensora y miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. “Sin embargo, en 2002 hubo un giro en el que la autoridad cambió la hipótesis a un suicidio. Y para llegar a esta conclusión, la procuraduría de Ciudad de México manipuló peritajes. Lo ridículo de esta idea es que, no solo se suicidó, sino que previo al suicidio fabricó una escena para aparentar un homicidio. Carece de todo tipo de seriedad”, agrega.

En el momento de la muerte de la defensora de derechos humanos, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ocupaba el cargo de jefe de Gobierno de la capital mexicana. Una década después del fallecimiento, la investigación fue cerrada cuando Miguel Ángel Mancera, en aquel entonces del mismo partido, gobernaba la ciudad. “No hubo un interés de las autoridades de investigar la participación de miembros del Ejército mexicano en el asesinato de Digna. Tiene que ver con no tocar a determinados grupos de poder, como lo son los militares”, dice Salas. Por aquellos años, las Fuerzas Armadas comenzaron a acumular denuncias por violaciones de los derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país.

Ochoa era una educadora nacida en Veracruz que estudió abogacía y se dedicó a defender los derechos humanos después de sufrir un trauma familiar: su padre fue secuestrado en 1982 por la policía ministerial del Estado y torturado durante tres días seguidos. “Nosotros éramos 13 hermanos, mi padre era campesino y no había recursos suficientes para pagar abogados. Eso fue lo que hizo que Digna cambiara su idea y quisiera ser abogada”, recuerda Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la mujer. Los 20 años que lleva buscando una respuesta ”han sido bastante complicados”, dice. “La sed de justicia fue la que nos mantuvo activos. Hoy estamos ante el momento histórico de que la Corte nos escuche y dicte una sentencia a favor para reabrir el caso y conocer los responsables de su muerte”.

El caso de Digna Ochoa retrata con dureza las deficiencias de la justicia mexicana. Los Gobiernos de diferentes colores que pasaron a lo largo de 20 años —Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2021)— no supieron dar ninguna respuesta sobre lo sucedido ni reparar el daño a la familia. Tampoco supieron resguardar la vida e integridad de dos campesinos testigos del caso de Digna Ochoa. Uno de ellos, amenazado por el Ejército tras señalar a un cacique local, fue asesinado en 2011 cuando gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La otra testigo, una mujer que grabó el último video de Ochoa en que se ve a militares increpándola por su actividad en la sierra de Guerrero, fue secuestrada tiempo después de declarar ante la Fiscalía y permanece desaparecida desde entonces. “La audiencia de este martes es un acto de justicia y es un acto simbólico. Representa para la familia de Digna la posibilidad de acceder después de una agonía de 20 años a la justicia. Pero también es un momento simbólico para los defensores de derechos humanos que crecimos leyendo sobre el trabajo de ella”, dice la abogada Salas.

Bajo la idea de reparar a los hermanos y padres de la activista, la Cancillería ha prometido que presentará en el próximo mes —de acuerdo al plazo establecido por la Corte— una propuesta que incluirá la reapertura del caso judicial en México 20 años después. La audiencia estuvo cargada de momentos emotivos. La mayoría de los defensores de la familia habían sido compañeros de trabajo de Digna Ochoa. “Su vida y su muerte marcó una generación entera de defensores de derechos humanos en México”, señaló Krsticevic durante la audiencia, “desafortunadamente su inquebrantable labor le valió la animadversión de quienes veían sus intereses en riesgo y le costó su vida”.

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