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Solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados

La Secretaría de Defensa ha abierto en los últimos 11 años 387 expedientes, de los cuales se han concluido 53

Ejército Mexicano
Un vehículo de las Fuerzas Armadas mexicanas durante un recorrido por la isla de Cozumel. EFE

Los delitos cometidos por los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos han quedado prácticamente sin castigo. Entre abril de 2007 y febrero de este año unos 387 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han sido investigados a partir de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, solo el 13% (53) ha sido sentenciado. Los casos contenidos en los expedientes han sido por los delitos de homicidio, lesiones, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, abuso de autoridad y detención arbitraria, según se desprende de la información elaborada por la Sedena basándose en datos de la CNDH.

La actuación del Ejército mexicano en tareas de seguridad ha sido seriamente cuestionada desde el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando los militares fueron sacados a las calles para combatir al narcotráfico. Los organismos internacionales han denunciado como práctica ordinaria las torturas y los abusos. El papel que ha jugado el Ejército ha sido criticado por casos como el de Tlatlaya o el vídeo difundido por redes sociales en abril del año pasado, donde se ve cómo dos militares y un policía torturan a una mujer colocándole una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla. Días después, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificó el hecho como “repugnante, lamentable y deplorable” y tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública. 

A finales del año pasado se presentó en el legislativo mexicano una propuesta para regular la actuación de los soldados. La ley de seguridad interior busca reglamentar las tareas de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la ley al considerar que podría dar paso a la fuerza desmedida por parte de los soldados y se desataría un aumento en las violaciones a los derechos humanos incrementando las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, los casos de tortura y de desaparición forzada.

En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa las inconformidades ciudadanas en contra de la Sedena se incrementaron al registrar 7.441 quejas, según información de la propia secretaría. En lo que va de la actual administración se han presentado 2.585 quejas. En los últimos dos sexenios, tanto de Calderón Hinojosa como de Peña Nieto, la Comisión de Derechos Humanos ha dirigido a los altos mandos castrenses 125 recomendaciones que han desvelado las conductas ilícitas de 387 militares. De ese total, 180 están en calidad de indiciados, 128 han sido procesados, 8 absueltos y 18 se han dado a la fuga. Apenas 53 han recibido algún tipo de sentencia.

Un análisis del centro Prodh a los expedientes emitidos por la CNDH a la Sedena arroja que en las recomendaciones ha habido 454 víctimas. En el 90% de los casos se documentaron graves violaciones a los derechos humanos. La entidad con mayor incidencia es Chihuahua (norte de México), que en el sexenio anterior fue una de las más golpeadas por la violencia. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, una asociación que defiende los derechos humanos, afirma que en los últimos diez años ha habido un incremento en los casos de violaciones por parte de los militares. Si antes de 2006 la CNDH emitía dos recomendaciones al año en contra de las fuerzas armadas, ahora emite entre 12 y 14.

La impunidad ha prevalecido en los casos que involucran al Ejército mexicano, afirma el activista. Uno de los motivos que explican por qué solo el 13% de los soldados ha alcanzado una sentencia se debe a que antes del 2014 los militares acusados por civiles eran investigados por la propia justicia castrense. "Esto detonaba una falta de independencia de las autoridades a cargo de las investigaciones y terminaban en la impunidad", explica.

Aunque se creyó que la impunidad acabaría tras la reforma al Código de Justicia militar que obliga a que los miembros de las fuerzas armadas señalados por algún delito sean investigados en tribunales civiles, no fue así. La impunidad sigue prevaleciendo, explica Aguirre, porque el Ejército sigue realizando las primeras diligencias en las indagatorias y tiende a encubrir los hechos. "Ha habido un incremento en las violaciones a derechos humanos, tenemos muchas averiguaciones previas por delitos, pero las sentencias siguen siendo sumamente exiguas frente al caudal de denuncias y quejas. Esto nos habla que en muchos de los casos no hay sanción para los responsables", expone.

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