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Se busca casa | España, un país crispado por la vivienda

El Estado debería construir al menos 1,5 millones de pisos protegidos en los próximos 10 años para alcanzar el promedio de las economías avanzadas

Un hombre pasea con su perro frente a una construcción de vivienda de protección pública, el pasado 9 de julio en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid.
Un hombre pasea con su perro frente a una construcción de vivienda de protección pública, el pasado 9 de julio en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid.Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS

España busca casa en medio de una grave crisis de vivienda. El precio de los alquileres y de las hipotecas se ha disparado. Los españoles consideran que el acceso a un hogar es el principal factor de desigualdad, según el Barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Cientos de miles de familias —en especial las más jóvenes— se ven obligadas a sacrificar el ideal de la casa propia para conformarse con la ilusión de un alquiler a un precio más o menos asequible. A esto se suma la escasez de viviendas, la tensión del turismo, la falta de planes sociales y la especulación inmobiliaria. Ante las recurrentes e incumplidas promesas de los políticos de ampliar el escuálido parque de casas en renta alcanzable, los ciudadanos viven una eterna decepción.

Un año después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, los problemas asociados al derecho constitucional “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” no solo no se reducen, sino que se agravan. Ni el sector público ni el privado parecen capaces de mitigar la incertidumbre. Para Raquel Sánchez (PSC), ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta noviembre de 2023 y una de las responsables del texto, la ley establece un modelo para superar la crisis, pero “un año es poco tiempo para valorar si funciona o no”. Desde 2014 los precios de compraventa y alquiler no paran de crecer por el incremento de la demanda y la “relativa rigidez” de la oferta, como advierte el Banco de España.

De acuerdo con el informe, es más difícil acceder a una vivienda en el centro de las grandes ciudades y en la costa mediterránea. Madrid ha visto crecer el precio de la renta en más del 32% en los últimos 15 años, según el portal inmobiliario Idealista. El sociólogo especializado en vivienda Andrés Walliser Martínez explica que la capital pasó de un modelo habitacional de pensiones, a principios del XIX, a la actual disociación entre los precios y el poder adquisitivo de los ciudadanos. El cine también da cuenta de ello. Películas como Surcos (1951, José Antonio Nieves Conde) o El verdugo (1963, Luis García Berlanga), narran los problemas para encontrar piso que los madrileños ya sufrían. Josep María Raya, doctor en Economía por la Universidad de Barcelona e investigador en las áreas de vivienda y turismo, afirma que la solución debe pasar por el incremento de la oferta.

Escasez de pisos

El panorama es de escasez. El año pasado solo se expidieron licencias para la construcción de 110.000 viviendas nuevas, mientras que en la primera década del siglo XXI, el promedio anual fue cinco veces mayor. La falta de pisos ha forzado a cientos de personas a mudarse del centro a la periferia de la capital.

Clara García (Alicante, 30 años) estuvo tres años ahorrando para comprar un piso en Madrid. Acabó en Mejorada del Campo, a 25 kilómetros de la ciudad, donde logró adquirir uno tras quedarse sin opciones en la capital, porque todos los pisos eran “zulos muy pequeños y carísimos”, se queja. Amanda López (Madrid, 33 años) vive en El Cañaveral, barrio situado a 12 kilómetros al este de Madrid en el que casi 19.000 personas enfrentan a diario la ausencia de colegios, transporte público o centros de salud. En este lugar se construyen 13 de las 20 promociones de viviendas de protección oficial (VPO) de Madrid. De las 1.200 que se están levantando en El Cañaveral, 1.000 se destinarán a jóvenes menores de 35 años que quieren alquilar.

Las construcciones protegidas son clave para aumentar la oferta y desacelerar los precios de compra y alquiler. Son casas hechas sobre suelo de titularidad pública o bajo condiciones fiscales que permiten aplicar precios limitados durante un cierto período. Sin embargo, una vez concluido ese tiempo, suelen pasar al mercado libre, lo que ha dificultado la consolidación de un parque de vivienda pública. Como concluye la Fundación Alternativas, si todos los domicilios protegidos que se vendieron en el mercado privado hubieran sido destinados al alquiler social, España tendría uno de los porcentajes más grandes de Europa: un 40% del total, lo que equivale a 10.600.000 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Estos proyectos de obra pública son fundamentales en otro escenario que refleja el problema habitacional: los desahucios. De acuerdo con la ley de vivienda, un juez puede detener un desalojo si los inquilinos acreditan una situación de vulnerabilidad. No siempre sucede así. Es el caso de Zohra Haidra (Marruecos, 59 años), desahuciada el pasado 24 de julio y que ahora reside en un centro de acogida por tener acreditada una situación de vulnerabilidad. Desde 2018 está en la lista de espera para un alquiler social.

El fenómeno de los desalojos es cada vez más frecuente en la zona de Lavapiés (Madrid), donde los vecinos de Zurita, 22, Buena Vista, 25 y Tribulete, 7 también luchan por no tener que abandonar sus hogares. Cristina, vecina del último edificio, cuenta que solo quieren echarles y vaciar el inmueble para convertirlo en viviendas turísticas.

Aparte de la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos, los que deciden quedarse en el centro de ciudades como Madrid deben enfrentar otros retos. La idea de vivir por menos de 1.000 euros es difícil, por lo que el mercado ha provisto a los inquilinos –en especial a los jóvenes– de alternativas como la de cuidar a una persona mayor a cambio de un alquiler simbólico de 90 euros o la de compartir un piso –espacios comunes como el baño incluidos– con otras personas.

Otras alternativas son más cuestionables. Hay quienes se ve obligados a vivir en un constante juego de tetris en pisos de menos de 15 metros cuadrados. En España hay más de 1,2 millones de hogares así. Un ejemplo son los que surgen de convertir antiguos locales comerciales en pequeñas viviendas, que en muchos casos no cuentan con ventanas al exterior.

La última opción para vivir bajo techo en el centro de las grandes ciudades son los albergues. Yesid Hernández, colombiano de 25 años que vive hace tres meses en el hostal Thirty One, en el distrito de Chamartín, habita en un espacio que no está pensado para residir de forma permanente. Muchos de los que allí viven no pueden alquilar al no tener regularizada su situación migratoria.

Los otros grandes afectados por la falta de oferta son los jóvenes. En las plataformas de búsqueda se utilizan términos engañosos para promocionar pisos, como aquellos que se venden como espacios “con encanto”, “ideales para jóvenes” o “acogedores” que en realidad ocultan lugares reducidos o en mal estado.

En estas plataformas no solo se anuncian pisos en los que es imposible vivir, sino a los que es imposible acceder por las exigencias de muchos caseros e inmobiliarias. En las grandes ciudades, alquilar un piso parece más un reality show en la que solo pasan el corte unos pocos afortunados. Javier Sierra, presidente de Remax España, asegura que los propietarios “hacen un casting para ver quién es el que mejor pinta tiene y el que más ofrece”.

Empuje del turismo

La endiablada situación de la vivienda se ve agravada por el empuje del turismo. España recibe más de 80 millones de visitantes al año. Miles de propietarios han decidido ofertar sus casas como alquileres temporales o turísticos (VUT), una fórmula más rentable y que les ayuda a eludir la nueva legislación. En comunidades como Asturias y Andalucía es un fenómeno que está transformando las ciudades.

En Málaga, los 550 metros de la calle Carretería tienen al menos 300 pisos turísticos registrados. El barrio se ha convertido en un parque temático. Allí vive Francisco Aguirre, quien regenta la Armería Aguirre, un negocio familiar centenario. “No puedes abandonar a los tuyos. Ya no hay ferreterías en el centro, hay que ir como 10 kilómetros fuera para encontrar una”, asegura. Un modelo a que se está acercando Asturias, tras la explosión de pisos turísticos en la región de los últimos años.

Si bien las grandes ciudades o las zonas de la costa mediterránea están tensionadas y al borde del colapso, los pueblos también sufren la falta de oferta de alquiler. En ellos, la crisis se acentúa por la mala condición de las viviendas, que necesitan reformas integrales para ser habitadas. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde residen uno de cada cinco ciudadanos, registran el 45% de la vivienda vacía, según el último Censo de Población y Vivienda.

La angustia del sueño de la vivienda ha calado hondo en el ánimo de los españoles. La inquietud se convierte en pesadilla cuando quienes viven en España, especialmente los jóvenes y los migrantes, se dan cuenta que ni el sector público, ni el privado, ofrecen soluciones prácticas para salir del túnel. Lo que observan, por el contrario, es la lluvia de promesas que acompañan a cada campaña electoral en búsqueda de un desencantado. La vivienda es ya la clave de la crispación que sintetiza esta época.

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