Cuando el drama de los desahucios lleva a caseros e inquilinos a un limbo en el que todos pierden

Los desahucios son un drama con muchas caras. La de Zohra Haidra, de 59 años, recién desalojada de su casa con su hijo; la de Carmelo Sevilla o Itziar Agea, que habían puesto sus ahorros en un piso para tener un ingreso seguro en su jubilación y ahora son víctimas de okupación. Es también el trabajo de Juan Carlos Arellano, empleado del Samur Social, para quien el desahucio es una falta de derechos, o de Jesús García, trabajador social, de cuyo informe sobre si una persona es vulnerable o no depende de que un juez ordene o paralice un desalojo. En España se ejecutan 82 desahucios al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el primer trimestre de 2024 fueron 7.424. De estos, siete de cada diez (5.443) eran por impago del alquiler. Estas son las historias de las cuatro esquinas de un desahucio, donde a menudo caseros inquilinos quedan en un limbo en el que todos pierden:

Zohra Haidra, desahuciada: “No voy a encontrar piso en solo un mes”

Zohra Haidra (Marruecos, 59 años) envolvía la colcha que cubría su cama cuando el Samur Social la llamó para informarle de que la orden de desahucio se iba a ejecutar a las 9.30 horas del 24 de julio. El apartamento, de 32 metros cuadrados, de la calle de Zurita, número 31, en el barrio de Lavapiés de Madrid, ya está vacío. Ella lo ha asimilado. Era el tercer intento de desalojo del piso que alquiló en 2014 con su esposo y su hijo de ocho años. Ya no vive allí.

Va y viene entre los andamios que sostienen el techo del salón, que se cayó parcialmente en enero. Limpia para no pensar en lo que le espera abajo: tres furgones policiales que han bloqueado la calle para asegurar el desahucio. Haidra no le tiene un cariño especial al piso: sin ventilación, la única ventana da a un patio interior, con humedades y sin agua caliente. Intentó hablar con el casero para que le arreglara los desperfectos. No obtuvo respuesta. La representante legal del dueño del edificio no ha atendido los requerimientos de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS para escuchar su versión.

Haidra contactó con un trabajador social para que acreditase su vulnerabilidad (está incapacitada para trabajar porque tiene las dos rodillas operadas) y poder optar a una vivienda social. Le aconsejaron irse a vivir fuera de Madrid. “Me dijeron que con lo que ganaba podía permitírmelo”, cuenta Haidra, que percibe 957 euros al mes (600 de pensión y 357 del ingreso mínimo vital).

Ante el silencio de su casero, en abril de 2020 Haidra dejó de pagar los 320 euros de alquiler. Como respuesta, el dueño solicitó el desahucio y le exigió que pagara la deuda de 16.000 euros. Ella, desesperada, contactó con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. A comienzos de 2024 llegó el burofax al piso de Haidra con la orden de desahucio, a pesar de tener acreditada la vulnerabilidad. Pero el juez se negó a paralizar la expulsión.

El sindicato intentó suspender la ejecución, sin éxito. Entre cánticos y aplausos de los manifestantes, Haidra subió a la furgoneta del Samur Social para que la llevaran al centro de acogida Las Caracolas, en Vallecas. “Llevo cuatro años buscando un piso. No lo voy a encontrar en un mes. Es un problema de toda España”, se lamenta.

Carmelo Sevilla, casero con okupas: “Yo no firmé que iba a ser el escudo social de nadie”

El 3ºA de la calle de la Carretera de Canillas, 74 (Madrid) iba a ser el “plan de pensiones” de su propietario, Carmelo Sevilla (Guadalajara, 71 años). Ahora mira el edificio desde la calle con pesar porque sus inquilinas dejaron de pagar en 2020 el alquiler de 1.250 euros mensuales. Están de okupas. No hay fecha de desahucio, ellas no tienen alternativa habitacional y él mantiene a una familia que no es la suya. “Yo no firmé que iba a ser el escudo social de nadie”, se resigna.

Con una deuda que asciende a 60.160 euros, Carmelo Sevilla está desesperado. Lo ha intentado todo para recuperar su vivienda: dialogar con sus inquilinas para solucionar los pagos, interponer una demanda ―los servicios sociales le informaron de la vulnerabilidad de una de las arrendatarias―, hablar con la prensa, solicitar a la Comunidad de Madrid la compensación económica por la pérdida del alquiler del piso.... “Me dicen que tengo razón. Yo lo que quiero es una solución”, denuncia. Las inquilinas no han atendido las llamadas y visitas de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.

Sevilla no quiere que las ocupantes del piso se queden en la calle, pero necesita el dinero del alquiler. Y el apartamento tiene unos gastos de 350 euros mensuales. Esperó hasta finales de 2023 para volver solicitar el desahucio, porque la ley antidesahucios o de escudo social tenía vigencia hasta el 31 de diciembre. Se prorrogó hasta 2024. “Esto me suponía un año más de espera y ya dije: se acabó”, afirma. Volvió a solicitar la orden de desahucio y a sus inquilinas les revalorizaron la declaración de vulnerabilidad. Sigue a la espera de una respuesta. Cuando recupere su vivienda, él pretende volver a alquilarla. No quiere venderla, ha sido el hogar de sus padres y quiere que, cuando él fallezca, sea el plan de pensiones de una de sus hijas.

Itziar Agea, propietaria sin piso: “Los arrendatarios estamos desprotegidos”

Itziar Agea (Bilbao, 48 años) vive con sus tres hijos en casa de sus padres en Madrid porque no puede pagar un alquiler y la casa de la que es propietaria en Alcobendas (Madrid) lleva ocupada dos años. Cuando le dejaron de pagar sus inquilinos, ella no pudo abonar más la renta de su propio hogar: empaquetó en 100 cajas sus pertenencias, las metió en un trastero y, con tres maletas, se mudó al piso de sus padres.

Con el primer sueldo que recibió Agea hace 25 años, compró un piso en la calle de Gloria Fuertes (Alcobendas, Madrid). Ahí vivió durante seis años y tuvo a su primer hijo. En 2010 lo puso en alquiler para vivir con su pareja en una zona más céntrica. Con el dinero completaba el pago de su nuevo alquiler de 1.000 euros, porque su salario como empleada municipal de limpieza “da para lo justo”.

Pero en 2021, cuando se separó de su entonces pareja, ella anunció a sus dos inquilinos que necesitaba el piso para vivir. “Me comunicaron que no se iban. Que agotarían su contrato con la ley actual que dice que pueden prolongarlo hasta cinco años”, agrega. Y dejó de recibir los 875 euros mensuales. La Ley de Arrendamientos Urbanos prevé que si el arrendador necesita el piso como su vivienda habitual, la prórroga no es obligatoria, por lo que Agea tuvo que recurrir a una demanda civil para intentar recuperar su casa. Los inquilinos no han atendido las llamadas y visitas de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. ”Estuve aguantando hasta el final de mi contrato”, recuerda Agea. “Le dije a la propietaria del piso donde estaba que me tenía que ir porque ya no podía pagarle”. Tuvo que alquilar un trastero por 190 euros al mes para guardar las pertenencias que no podía llevar a casa de sus padres.

Agea creía que no viviría allí más de seis meses. Su hijo más pequeño, de siete años, y ella comparten una cama. El mediano, de 15 años, duerme en otro cuarto con su abuela. El mayor, de 18 años, va de la cama de Agea al sofá o al cuarto de su abuelo. “Tengo que estar mediando entre mis padres y mis hijos constantemente”, admite frustrada.

En abril de 2023 la justicia falló a su favor. Los inquilinos iban a ser desalojados a finales de año, pero les otorgaron la vulnerabilidad social por tener dos hijos. A Agea le pareció bien la ley al principio por proteger a quienes lo necesitaban. Tras lo sucedido, le parece injusta porque, asegura, a los arrendatarios los deja “totalmente desprotegidos”.

Ella está pendiente de que los servicios sociales la declaren también a ella persona vulnerable. “Yo nunca he hecho negocio, ni he tenido un beneficio tremendo por el piso”, explica. Lo que más desea es recuperarlo, sacar sus muebles y las 100 cajas del trastero y acomodarlas. Espera que eso ocurra antes de que termine este año.

Juan Carlos Arellano, Samur Social: “Garantizamos la sanidad y la educación, ¿por qué no la vivienda?”

El día que una familia recibe un burofax con la orden de desahucio, también lo recibe el Samur Social. El contenido es distinto. La fecha del desalojo, la dirección y toda la información sobre la familia llegan a la sede central de Samur Social. Un equipo especializado en atención social comienza a preparar el caso. El más reciente que recuerda Juan Carlos Arellano, empleado de este servicio público, es el de una familia con cinco menores a su cargo que fueron desalojados por impago del alquiler. No hablaron con los afectados, ni acudieron al domicilio hasta el día del desahucio.

En el escenario del conflicto, el Samur actúa de intermediario entre la familia y la comisión judicial (encargada de ejecutar el desalojo). A la familia de los cinco menores, tras una entrevista, les ofrecieron una solución provisional: vivir en uno de sus recursos, el centro de emergencia temporal Las Caracolas, en el distrito de Villa de Vallecas. “En el 80% de los casos no han necesitado los recursos del Samur”, cuenta Arellano.

El tiempo medio de alojamiento en estos recursos del Samur Social es de 15 días. La familia de los cinco niños estuvo dos meses alojada en Las Caracolas. Mientras, los profesionales de los centros y un equipo de coordinación les hicieron seguimiento y les ayudaron a buscar un alojamiento. La familia finalmente encontró un nuevo piso, después de que el padre volviese a trabajar.

Arellano cree que la raíz del problema de los 60 desahucios mensuales en Madrid no es la falta de recursos, sino que la vivienda no se entienda como un derecho. “Garantizamos el derecho a la sanidad pública y a la educación, ¿por qué no a la vivienda?”, pregunta.

Jesús García, trabajador social: “Que alguien pierda su hogar es un fracaso”

Jesús García (Madrid, 60 años) atiende a 15 familias con problemas de vivienda a la semana. La mayoría son vulnerables y ya no pueden pagar un alquiler. No olvida el caso de una mujer que, a punto de ser desahuciada con sus hijos, intentó quitarse la vida. Él verifica la situación de vulnerabilidad, pero no siempre puede aplazar un desalojo. A veces, ayuda al desahuciado a bajar ropa y muebles a la calle.

La labor de los trabajadores sociales es compleja, explica, por la falta de personal frente al elevado número de casos. “No se puede tener una entrevista cada tres meses”, afirma. “Nos hace falta tiempo y agendas en las que no tengamos a 200 familias para el seguimiento”. Ni siquiera tiene capacidad, según admite, para dar alternativas a 20 personas.

En los últimos cinco años, García ha notado un cambio. Cuenta que antes los desahucios eran por impago de hipoteca, sobre todo tras la crisis de 2008. Desde la pandemia, el 95% de los casos son por no poder cubrir un alquiler. Principalmente, se trata de madres solteras con hijos.

Cuando un juez declara la vulnerabilidad de una familia y se para el desahucio, los problemas no terminan, porque no hay un lugar al que llevarla y el peso recae en los pequeños propietarios. “Las comunidades deben establecer mecanismos rápidos y urgentes para que el propietario cobre al menos una compensación para mantener a esa familia en la vivienda”, detalla. Para él, la solución está en la vivienda social. “Es un fracaso que alguien pierda un hogar”, subraya. No quiere ser “idealista”, pero desearía dar herramientas a esas familias para salir de la vulnerabilidad y admite que en su profesión “deben hacer más de lo que ya hacen”.