El Congreso aprueba la suspensión de desahucios hipotecarios de familias vulnerables hasta 2028

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, por unanimidad, la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028. El visto bueno se ha producido tras un debate en el que se ha planteado la posibilidad de hacer permanente una medida que lleva encadenando prórrogas durante más de una década. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha justificado la necesidad de mantener esta protección “para evitar situaciones de exclusión social de esas personas que pueden perder su vivienda si no pueden pagar la letra de la hipoteca”, y ha añadido que “el futuro sigue siendo incierto” en lo relativo a los tipos de interés que afectan a los préstamos variables.

El decreto ley del Gobierno, convalidado con 347 votos a favor y la abstención de un diputado de Vox, se tramitará ahora como proyecto de ley, lo que supone que podrán introducirse enmiendas al texto. La suspensión de los desahucios hipotecarios tiene su origen en la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Gobierno del PP en 2013. Entonces España vivía un contexto muy diferente y miles de familias habían perdido sus casas, frecuentemente con base en cláusulas abusivas, como consecuencia de los efectos de la crisis económica de 2008.

La ley paralizó durante dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social. Entre estas se incluían familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo, familias con menores o con dependientes o discapacitados a cargo, víctimas de violencia de género, parados y mayores de 60 años. Desde entonces la moratoria se ha prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas a iniciativa de Unidas Podemos, en mayo de 2020, en plena pandemia de covid, con un decreto que no solo la extendía durante cuatro años, sino que también amplió las posibilidades para acogerse a un mayor número de familias.

Esta medida, y el hecho de que muchas familias en situación de insolvencia perdieran sus casas, a la vez que se endurecían las condiciones de acceso al crédito para nuevos compradores de vivienda, ha provocado una drástica caída de los desahucios hipotecarios en España con respecto a los primeros años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. De hecho, hace mucho tiempo que la mayoría de desalojos que se producen no derivan de impagos de la hipoteca, sino que se trata de familias que viven de alquiler. Aunque en el segmento de los que son expulsados de su casa por problemas relacionados con el préstamo, más de la mitad siguen siendo casos de compras realizadas entre 2005 y 2008, en los años álgidos de la fiebre inmobiliaria que vivió España a principios de siglo.

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