Lola, ante su inminente desahucio en Valencia: “Nos haremos una casa de arena en la playa”

Lola, Carmen y Vanesa, tres mujeres en la treintena y con menores a su cargo, ocuparon las casas en las que viven hoy ante la dificultad de conseguir un alquiler social o pagar una renta de mercado. Las tres se enfrentan más pronto que tarde a un procedimiento de desahucio: “No somos delincuentes”, claman. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) las ha reunido este miércoles en Valencia para pedir una solución habitacional para las personas en situación de vulnerabilidad. Lola, con dos hijas pequeñas, se enfrenta el próximo 25 de junio al tercer intento de desalojo: “Nos haremos una casa de arena en la playa”, comenta con amargura.

Carmen, de 35 años, tiene tres hijos y una nieta de meses. Vivía con su exsuegra pero la casa no era muy grande y cuando su hija mayor se quedó embarazada acabó de okupa en una casa vacía de Torrent, propiedad de un banco. Explica que intentó un contrato con la entidad bancaria pero ésta le respondió que las viviendas eran solo para su venta. Un juzgado le dice ahora que tiene que irse de la casa y, sin empleo, está a punto de perder una ayuda de 480 euros. He ido a Servicios Sociales y al Ayuntamiento pero me dicen que no hay vivienda, no me dan ninguna alternativa”.

Lola, de 30 años, vivía también con su suegra con un alquiler social pero no pudo quedarse con él. Tiene dos niñas menores, de 3 y 7 años, una ayuda mensual de 800 euros y está harta de que en el Ayuntamiento de Valencia le digan que, tras su solicitud de vivienda, “están baremando”. A finales de junio espera el tercer intento de desahucio después de que la PAH haya conseguido aplazar los dos anteriores.

En la misma situación se encuentra Vanesa, quien vive en Valencia junto a sus dos hijos menores y su marido en un piso que se vio “obligada” a okupar hace tres años, una vivienda que pertenece a un fondo buitre extranjero y del que pretenden desahuciarla el próximo 13 de julio. Tampoco ha recibido respuesta de las administraciones, ya que ha explicado que envió una solicitud de alquiler al Ayuntamiento y le contestaron que “están baremando su situación y que eso va a su ritmo”. “Llamas por teléfono y te dan largas, solo dicen que no hay pisos”, ha señalado.

Esta joven, que cobra 900 euros al mes de una ayuda, ha recordado la rapidez con la que se concedieron viviendas para los afectados por el incendio de Campanar del pasado febrero: “De la noche a la mañana salieron pisos”.

El portavoz de la PAH en Valencia, José Luis González, ha lamentado que en la Comunidad Valenciana se han registrado 1.037 desahucios en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que supone un aumento del 2,67% respecto al mismo periodo de 2023, aunque la subida esté por debajo de la estatal, del 12,8%.

“No son números, son personas”, ha recordado, y ha cargado contra los bancos y los fondos buitres por su “ataque bestial a la gente que no puede pagar un alquiler”, contra el Gobierno y los partidos políticos por no adoptar medidas contra la especulación y contra los jueces que ordenan desahucios sin alternativa habitacional.

El portavoz de la PAH también ha rechazado que se “disfrace el relato” trasladando que la okupación es el principal problema de la vivienda en España, ya que “muchas familias okupan su vivienda porque no hay” o porque las expulsan al finalizar su contrato de alquiler para convertirlas en pisos turísticos.

Por todo ello, ha asegurado que la PAH seguirá movilizando a la ciudadanía para evitar desahucios y “quemará todos los cartuchos” para forzar al Gobierno a poner el derecho a la vivienda por encima de todo, incluso “de los salarios si fuera preciso”. “Que digan si de verdad tienen ganas de poner firmes a los especuladores”, ha retado.