Tensión en un desahucio en Montserrat: “No tenemos donde meternos”

Faltaba media hora para que la comisión judicial llegase a las 9,30 horas de este miércoles a desahuciar 13 viviendas ocupadas en Montserrat, un municipio de Valencia de 9.300 habitantes, y la calle estaba acordonada y con el dispositivo de la Guardia Civil desplegado. Algunos vecinos del pueblo se arremolinaban expectantes a unos metros mientras los ocupantes de los pisos se asomaban a patios, balcones y azoteas a verlas venir. “Yo quiero que se vayan. Este es un pueblo supertranquilo y se han adueñado del parque”, comentaba una de las observadoras. Otro se encaraba con activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se han manifestado para evitar los desahucios: “No tengo problema en que se ocupen viviendas si están vacías pero si es gente con la que se pueda convivir”, explicaba tras recordar que algunos de los ocupas les habían intimidado a él y a su hijo de cinco años para que abandonaran el parque del barrio. Desde la terraza de un edificio, los ocupas le increpaban: “Eres un goledor [fisgón, chivato]”. No se han producido escenas de fuerza pero sí algún momento de tensión en el exterior entre ocupas y algún vecino. No olvidan el susto en agosto de 2022 en que se escucharon tiros durante una refriega en la que se vio envuelta una de las familias que ocupan estos pisos.

La historia de estos cinco bloques, situados entre las calles de la Pau y Metge Llombart de Montserrat —que han pasado a propiedad de la la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tras un proceso de ejecución hipotecaria— es accidentado. El estallido de la burbuja inmobiliaria pilló a la promotora con los pisos recién acabados. Sin poderlos vender, la promotora alquiló algunos de ellos pero poco a poco una mayoría fueron ocupándose. Así hasta que la firma no pudo pagar la hipoteca, esta se ejecutó y las viviendas han acabado en manos de Sareb. El conocido como banco malo tiene 54 pisos en estos bloques y 13 de ellos iban a ser desahuciados este miércoles porque, según fuentes de la gestora, se había constatado la presencia de personas “no vulnerables”, con conducta “conflictiva” y antecedentes policiales.

Según fuentes de la Sareb, la mayoría de las 13 viviendas ocupadas se vaciaron la pasada noche [algunos inquilinos han recogido sus cosas esta mañana y se han marchado después de que los guardias les hayan dejado acceder a la vivienda], pero entre seis o siete han sido ocupadas de nuevo en las últimas horas y el juzgado ha dado 10 días de plazo a los nuevos residentes para que acrediten si hay situaciones de vulnerabilidad. “La intención de la Sareb es que la conflictividad termine y que las personas puedan seguir viviendo en las casas de forma adecuada”, señalan fuentes de la entidad, que enfatizan la “coordinación absoluta” en todo el proceso tanto con las fuerzas de seguridad como con los servicios sociales del Ayuntamiento.

“No ha habido desahucios, lo cual es un éxito”, ha considerado el portavoz de la PAH, José Luis González, tras su intento frustrado de hablar con la comisión judicial. “Se ha abierto una vía también para que las 24 familias que tenían algún tipo de contrato, también los fraudulentos, estén en contacto con la Sareb para encontrar algún tipo de salida en las próximas semanas. Eso estaba ya medio resuelto y hoy se consolida y lo más importante es que algunos de los que se iban a desahuciar, según los datos que tenemos, tienen unos días para acreditar su situación de vulnerabilidad”, ha añadido. “Vamos a continuar presionando a la Sareb para que aquellas familias que no tengan alternativa puedan optar a una casa. Y aprovechamos para pedir a todas las Administraciones públicas, desde el Ayuntamiento hasta la Generalitat o el Gobierno, que se impliquen en estos casos”, ha añadido el portavoz de la PAH. Junto a los activistas han acudido a los bloques un grupo de voluntarios de Psicólogos sin fronteras para acompañar a algunos de las personas que iban a ser desahuciadas.

Nieves, una de las personas cuyo desalojo ha sido paralizado, comenta que ahora puede “respirar” unos días más. Ya había solicitado un alquiler social y se encontraba a la espera de respuesta. Ha relatado que ha ocupado la vivienda porque se vio abocada a “dormir en un coche”. Pese a tener un trabajo en un centro hospitalario —cobra 470 euros de fines de semana y festivos, ha precisado— ahora está de baja a causa de una afección pulmonar.

Otro joven, Alín, de 26 años, lleva a su hijo de un año en brazos y asegura que lleva seis meses alquilado en el número 11 de la calle de la Pau y que ahora el juzgado les ha dado 10 días para “mover papeles” y poder optar a un alquiler social. “Tenemos dos hijos pequeños, de uno y dos años. No tenemos donde meternos. No nos negamos a pagar y estamos aquí por necesidad. Nos da mucha vergüenza pero...”, apunta tras confesar que ocupan la casa después de pagar 1.000 euros a alguien que les abrió la puerta.

La comisión judicial se marcha en un taxi tres horas después mientras unos operarios descargan de una furgoneta puertas blindadas con las que la Sareb tratará de proteger de nuevas ocupaciones los pisos vacíos que tiene en propiedad en los cinco bloques. Según la gestora de activos, han recuperado un total de 22 viviendas “en las que ya estamos trabajando para implementar un dispositivo de seguridad”. Los residentes que dispongan de un contrato, aunque esté extinguido o haya resultado fraudulento, dispondrán de un tiempo para valorar si compran la vivienda o si tienen derecho a un alquiler social con acompañamiento, informa la sociedad.