El nuevo Trump vuelve con ansia de revancha

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este martes en el Despacho Oval, apenas un día después de su investidura: “Creo que vamos a hacer cosas que van a chocar a la gente”. No mentía. Le ha bastado una semana en la Casa Blanca, siete días de esa nueva “era dorada” que prometió en su discurso de toma de posesión, para poner a prueba los fundamentos del sistema político estadounidense y el orden mundial basado en el multilateralismo.

El ritmo del debut presidencial es intenso: él y su equipo han tenido cuatro años de minuciosa planificación. El resultado es un desembarco que intenta dejar la impronta del nuevo presidente en todos los ámbitos, de manera imborrable, y a toda prisa. Sin dejar tiempo de reacción a quienes se le oponen. A sabiendas de que cuenta con un tiempo limitado: de un lado, para crear entre los votantes la impresión de que es un hombre de acción que resuelve en cinco minutos lo que su predecesor Joe Biden no consiguió en cuatro años. De otro, para poner en marcha sus medidas antes de que el Congreso vuelva a entrar en modo electoral para los comicios de medio mandato de 2026.

Algunas de sus órdenes representan iniciativas de calado; otras parecen mera palabrería destinada a complacer a sus votantes. Otras están destinadas a la venganza contra sus supuestos enemigos. La legalidad de unas cuantas ya se dirime en los tribunales. Una de ellas, la retirada de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes, ya ha quedado bloqueada en un juzgado por inconstitucional.

Este fin de semana, en su primer viaje oficial fuera de Washington para supervisar el efecto de los incendios en Los Ángeles y el huracán Helene en Carolina del Norte, propuso eliminar una de las instituciones federales que más ve el estadounidense de a pie, FEMA, la agencia encargada de responder a los desastres naturales y de la reconstrucción tras ellos. Según su planteamiento, serían los Estados quienes se hagan cargo de las catástrofes en sus territorios. Este sábado, en Las Vegas, anunció la desgravación de las propinas, que había sido una de sus grandes promesas de campaña. El lunes se dará un gran baño de masas en Florida, en una reunión anual del Partido Republicano en la que es probable que con lo que diga o haga provoque nuevos sobresaltos.

Mientras él viajaba, el Departamento de Estado asestó otro golpe al statu quo. Su nuevo responsable, el exsenador de origen cubano Marco Rubio, suspendió toda la ayuda exterior —miles de millones de dólares— con efecto inmediato, incluida la que Washington proporcionaba a Ucrania, en cumplimiento de una orden ejecutiva de Trump. Las únicas excepciones que se mantienen de momento, mientras el Departamento completa una revisión de 85 días sobre los programas paralizados, son la entrega de ayuda alimentaria de urgencia y las asistencias militares a Israel y a Egipto. Crece, también, la presión interna para que Ucrania quede fuera. Rubio puede añadir otras excepciones si lo considera necesario, pero la instrucción de Trump es tajante: “La industria y la burocracia de la ayuda exterior no se alinean con los intereses estadounidenses y en muchos casos son opuestos a los valores estadounidenses”, aparece en la orden.

El viernes, Rubio habló con su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, para tratar entre otras cosas sobre “la profundización de la cooperación bilateral y regional en seguridad y defensa”. En el comunicado estadounidense no se mencionaba Groenlandia, la isla ártica bajo control de Copenhague que Trump quiere comprar y que considera imprescindible para los intereses de seguridad nacional de su país. Pero el presidente ya había dejado claro, en una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en vísperas de su investidura, su interés por el estratégico territorio, pese a las aserciones de Dinamarca de que no está en venta.

Una lluvia de órdenes ejecutivas

Desde apenas horas después de su jura del cargo, el flamante líder ha recurrido a un diluvio de órdenes ejecutivas, memorandos federales y declaraciones grandilocuentes —pero que van muy en serio— para tratar de ampliar los límites de su poder, reducir los de la Administración federal e imponer una serie de medidas que han puesto patas arriba la Administración federal y el sistema migratorio. Muchas de ellas, como la desaparición de FEMA, son iniciativas que aparecen propuestas en el manifiesto ultraconservador Proyecto 2025, que durante la campaña el republicano dijo desconocer pese a que no pocos de sus colaboradores habían colaborado en él. Trump ha desatado la alarma entre las comunidades de migrantes, puesto en libertad a 1.500 asaltantes del Capitolio y sembrado la consternación en las capitales de países aliados.

A lo largo de esta semana ha anunciado la retirada del Acuerdo de París contra el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Davos exigió a los aliados de la OTAN aumentar su gasto militar al 5% de su PIB —frente al objetivo actual del 2%—. También se quejó del supuesto maltrato de los socios europeos a las empresas estadounidenses. Amenaza a sus vecinos de México y Canadá con gravar sus productos con un 25%. En su discurso de investidura volvió a plantear su interés en recuperar el control del canal de Panamá.

En su segundo mandato, Trump es el líder con más poder en décadas en Estados Unidos. Más que un presidente clásico, empieza a parecer un emperador no sometido a control alguno, y con aspiraciones de expansión territorial en Panamá o Groenlandia incluidas. Tiene bajo su mando a los tres poderes: además del ejecutivo de la Casa Blanca, su Partido Republicano cuenta con una mayoría —muy reducida, pero mayoría— en las dos cámaras del Congreso legislativo: el Senado y la Cámara de Representantes. El poder judicial, el Tribunal Supremo, es de mayoría conservadora: Trump nombró a tres de sus nueves magistrados, que se sumaron a otros tres conservadores. Pero además, este tribunal ya dictaminó el verano pasado que el presidente cuenta con inmunidad para los actos cometidos en el ejercicio de su cargo: ha desaparecido el temor a ser juzgado por pasos que puedan constituir un abuso de su poder.

Rodeado de un equipo seleccionado, antes que nada, por su lealtad, y arropado por unas bases enardecidas por una victoria electoral más contundente de lo esperado —y por medidas como el indulto a quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar mantenerle en el poder tras perder las elecciones de 2020—, del otro lado encuentra una oposición demócrata que, tras su derrota electoral en noviembre, dividida y desmoralizada, no consigue ponerse de acuerdo sobre la estrategia a seguir.

El grueso de sus medidas se han dirigido hacia una de sus grandes fobias, la inmigración irregular. No descarta desplegar tropas en México para la lucha contra los cárteles de la droga. Ha enviado más soldados a la frontera sur y planea desplegar aún más para “sellar” la línea divisoria. También ha suspendido el derecho de asilo, ha cancelado vuelos de refugiados y ha lanzado deportaciones en vuelos militares. Incluso plantea la cancelación de los permisos para los acogidos a un programa de inmigración legal de la Administración Biden, que ha beneficiado a cerca de un millón de personas.

Su primer aluvión de órdenes ejecutivas esta semana iba dirigido a someter al cuerpo de funcionarios federales, que Trump considera que obstaculizó sistemáticamente su programa de medidas en su primer mandato. Como sugería el Proyecto 2025, planea clasificar a miles de trabajadores públicos como “nombramientos políticos”, algo que puede retirar las protecciones laborales de las que disfrutan. Coquetea con la idea de desmantelar agencias enteras, como el organismo responsable de responder a los desastres naturales, FEMA. En nombre de la “meritocracia” ha eliminado los programas que incentivan la diversidad entre los funcionarios, que habían existido desde la era de la lucha por los derechos civiles. Y se ha exigido a estos empleados federales que delaten a los compañeros que intenten continuar esas prácticas de modo subrepticio.

A golpe de firma con rotulador, Trump ha puesto en marcha también una serie de medidas de venganza contra otros supuestos enemigos. Ha retirado la escolta a sus excolaboradores John Bolton y Mike Pompeo, amenazados por Irán, y a su antiguo responsable de la lucha contra la covid, Anthony Fauci. Por instrucción suya, el Pentágono ha retirado el retrato de su antiguo jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley, que como Bolton acusó a Trump de inclinaciones “fascistas” durante la campaña electoral.

Sus nuevas responsables de Justicia e Inteligencia, Pam Bondi y Tutsi Gabbard, si resultan confirmadas, tendrán que pasar revista a la gestión de los departamentos federales durante la era Biden, algo que abre la perspectiva a posibles vendettas. En una entrevista para la cadena Fox el miércoles Trump llegó a insinuar su deseo de someter a su predecesor, Joe Biden, y otros de su círculo al mismo calvario judicial politizado que él sostiene haber vivido durante los últimos cuatro años.

Mientras tanto, ha relajado el escrutinio hacia los suyos. Con el argumento de que el sistema actual para investigar a candidatos a puestos oficiales y concederles autorizaciones de acceso a información clasificada es “burocrático”, ha permitido que toda una lista de su círculo pueda acceder a la Casa Blanca y sus sistemas informáticos sin someterse a ese tipo de comprobaciones. Este fin de semana cesaba a una docena de inspectores generales, responsables de supervisar a los departamentos de Gobierno.

Sin embargo, los oligarcas tecnológicos que, con Elon Musk a la cabeza, se le han ido acercando este año y en particular después de noviembre, y que han aportado pingües cantidades a la ceremonia de investidura, se han visto recompensados, como los indultados del Capitolio: desde una prórroga de 75 días para TikTok, la plataforma de vídeos cortos obligada por ley a separarse de su propietaria china o quedar prohibida, a un programa de medio billón de dólares en inversiones en inteligencia artificial, pasando por una orden ejecutiva sobre criptomonedas.

Otros grandes beneficiados entre sus partidarios: los condenados por el asalto al Capitolio, que han recibido un indulto generalizado, incluso aquellos detenidos por violencia contra la policía aquella jornada. Trump ha indicado que los ha amnistiado a todos porque examinar cada caso era “engorroso”, y ha restado importancia a los casos de violencia contra la policía: “incidentes menores”, declaraba a la Fox. Un día después, uno de los cabecillas de aquella asonada, Stewart Rhodes, líder de la milicia Oath Keepers, que había recibido una condena de 18 años, se sentaba tranquilamente en una de las cafeterías del Congreso. “El Estado de derecho en este país ha muerto”, declaraba uno de los policías atacados aquel día, Michael Fanone, en la cadena CNN.

La nueva Casa Blanca, por contra, presenta su primera semana al cargo como un enorme éxito. “El segundo mandato del presidente Trump ha comenzado de manera histórica”, asegura en un comunicado. “El presidente está aprovechando todos los momentos para cumplir las promesas que hizo al pueblo estadounidense”, sostiene.