Trump, a golpe de decreto: usar la ley para socavar la democracia

Cuando George Washington fue investido primer presidente de Estados Unidos no atribuyó su nuevo papel al poderío militar, ni a la providencia de un poder superior, ni hubo corona. Aunque no se colocó ningún cetro en sus manos, la investidura del presidente Donald Trump fue lo más parecido a una coronación de lo que EE UU haya visto jamás su historia. Regresa a la Casa Blanca mientras muchas élites se apresuran a mostrar su apoyo. Le colman de elogios y tributos con la esperanza de evitar las represalias que ha prometido para los enemigos que osen oponérsele, algunas de ellas a golpe de pluma. Quiso demostrar su liderazgo firmando decretos, memorandos y proclamaciones (la distinción entre estos instrumentos es más una cuestión de forma que de fondo) en una ceremonia diseñada para entusiasmar a la multitud.

Algunas de estas acciones ejecutivas tendrán un impacto inmediato, como la revocación de los decretos de Biden, los cambios en el Ejecutivo —la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental—, y la declaración de emergencia en la frontera. Otras serán el punto de partida para futuros planes, como la revisión de las políticas comerciales, que solo podrá ocurrir con un cambio de políticas más amplio. Las hay que son meras declaraciones de intenciones, como la de restablecer la libertad de expresión; y las que golpean la imagen exterior de EE UU, como la salida de los acuerdos internacionales sobre el clima y de la OMS. Otras serán un cebo para demandas. Redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento o salvar a TikTok no parece que sean congruentes con la ley. Curioso es el memorándum sobre la “promoción de una bella arquitectura cívica federal”, que para algunos disfraza una agenda nacionalista. Y la dirigida a que las banderas no ondearan a media asta el día de su posesión, en memoria de Jimmy Carter, muestran su desprecio por la tradición.

Las acciones ejecutivas son medidas presidenciales que se han utilizado históricamente ante la necesidad de actuar rápidamente o cuando el proceso legislativo no producía el resultado deseado. En general, los presidentes no han recurrido a ellas, dando preferencia a la acción legislativa. Franklin D. Roosevelt las utilizó intensamente, pero su uso disminuyó considerablemente hasta los últimos presidentes. Desde la segunda Administración de Obama, y en paralelo al aumento de la polarización política y al obstruccionismo en el Senado, crecieron los incentivos para emitir decretos. Además, se convirtieron en un ejercicio de limpieza para deshacerse de los decretos de sus predecesores eludiendo al Congreso. Así lo hizo Trump en 2017 y Biden en 2021. Lo que antes era un último recurso ahora se convertía en la primera flecha que lanzaba el presidente y también la última. El presidente Biden llegó a su fin con una frenética avalancha de regulaciones, demandas y decretos sobre temas que han ido desde la inmigración a la perforación en alta mar, destinadas a convertirle en un héroe para los demócratas y obstruir la agenda de su sucesor.

Gobernar a golpe de decreto puede proporcionar victorias rápidas para un público desencantado con el sistema, pero este enfoque centrado en el presidente distorsiona los límites constitucionales del cargo, fomenta la inestabilidad política y socava el espíritu colaborativo de un sistema democrático. Alimentando el ansia de una acción inmediata, Trump ha garantizado desde el primer día la continuidad de esta tendencia hacia la acción unilateral. Le domina la sensación de urgencia con solo un mandato por delante. ¿Por qué esforzarse en llegar a un compromiso en el Congreso cuando una sola firma ofrece una gratificación inmediata? Sin embargo, es un enfoque frágil. Las acciones ejecutivas pueden ser anuladas por un tribunal, por la oposición legislativa o simplemente por el siguiente presidente, lo que demuestra que la tinta de la pluma presidencial no es permanente. Y su revocación suele provocar perturbaciones tanto al sector privado como las relaciones internacionales, con los aliados cuestionando la fiabilidad de EE UU. También conllevan costes humanos. Los conocidos como dreamers han estado viviendo hace más de una década con el temor de que con una firma de un presidente podrían pasar de protegidos a objetivos de deportación.

Cuánto legislará Trump a través de decretos dependerá en gran medida de que el Congreso cumpla su función constitucional de control del Ejecutivo. Y el Congreso —especialmente los miembros del partido del presidente— deberán resistir el impulso de dejar que el presidente haga desde su despacho lo que ellos deben hacer desde el suyo, sobre todo cuando las acciones presidenciales entren en conflicto con las normas constitucionales o los principios conservadores.

Quizá el país capee el temporal de otros cuatro años con Trump al timón. Para ello, sin embargo, será necesario mantenerse firme y en contra de la idea de que es invencible e imparable. No hay fuerzas sobrenaturales que le respalden, ni castigo divino que pueda invocar. Es un hombre poderoso e impulsivo a la vez, lo que le hace peligroso, pero un hombre, al fin y al cabo, y con una poderosa pluma en la mano.